Sin buena comunicación, cambio de medidas y protestas

Con el conflicto docente en pleno desarrollo reclamando por el cierre de los bachilleratos de adultos,  los rumores sobre un cambio en las decisiones de las autoridades educativas al respecto generó más dudas que certezas. En principio porque recorriendo las oficinas bonaerenses en búsqueda de respuestas, nos informan que en ningún momento se planteó el cierre de la modalidad de bachillerato para adultos. Concretamente, cuando LA OPINION consultó en La Plata si alguien de Educación podía confirmar la versión que se escuchaba diciendo que Vidal daba marcha atrás con respecto al cierre de los bachilleratos, la respuesta fue no era posible revertir una medida que nunca se había planteado. Acto seguido, desde la misma oficina provincial desafiaron al periodista a buscar una declaración de la gobernadora María Eugenia Vidal o de las autoridades del Ministerio de Educación donde se afirme que se cerrarían los bachilleratos para mayores de 18 años. 

La realidad es que hace más de un mes que en Pergamino y en el resto de las ciudades de la provincia han habido marchas, protestas y actos por esta cuestión que, según las autoridades, en realidad no existe.

Para poner blanco sobre negro: o estamos frente a un modo disimulado de dar marcha atrás con una medida sin que sea tan notorio, por el rechazo que recibió la decisión, o se trató de una suerte de globo de ensayo a ver cómo caía en los distintos ámbitos sociales el achicamiento de la estructura de la educación de adultos. Una tercera posibilidad es que el anuncio de cierre no haya salido del oficialismo sino de la oposición, intencionalmente o por una interpretación errónea o parcial del anuncio hecho sobre las modificaciones a la modalidad, que efectivamente se anunciaron, pero que no hablan de cierres de las opciones existentes sino de un cambio de ámbito de aplicación.

Pero hay un dato que no es menor: a la fecha todavía no han comenzado las clases de la modalidad de adultos, de manera que hay una reestructuración innegable en marcha que, para los docentes implica el cierre de la modalidad y para la Provincia no.

Todo lo que supone un problema porque lo que no se termina de entender es cómo se produce este fallo en la comunicación, toda vez que el conflicto lleva más de un mes en desarrollo mientras las autoridades educativas no salieron públicamente a aclarar la cuestión si es que, como dicen, las protestas no tenían razón de ser. Y es allí donde es dable suponer que no se trató de una desinteligencia sino más bien de un cambio que se pensó más a fondo y se terminó por no aplicar.

Las marchas masivas que se vieron a lo largo de toda la provincia, sobre todo en La Plata, aludían a la decisión de cerrar los 441 bachilleratos para adultos que funcionaban en la provincia de Buenos Aires y la reubicación de 6 mil estudiantes mayores de 18 años, porque en la nueva modalidad estos adultos debían terminar sus estudios en los servicios reestructurados. Pero la Dirección General de Educación y Cultura resolvió la reanudación de las clases en sus respectivos establecimientos.

La nueva disposición debería contemplar el traspaso de los alumnos a la órbita de la Dirección de Adultos. Mientras tanto, la Provincia autorizó la inscripción en el primer año del bachillerato y esto permitirá que, al fin, empiecen las clases en la modalidad.

El problema comenzó tres meses atrás, en coincidencia con la finalización del ciclo lectivo 2017, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal había dispuesto que los adultos que quisieran iniciar o finalizar sus estudios, primarios o secundarios debían hacerlo “bajo las diferentes ofertas educativas dependientes de la Dirección de Educación de Adultos”, dejando afuera, dicen los docentes, los bachilleratos de adultos. Desde 2015, por lo dispuesto por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 118/10, todos los mayores de 18 años deben iniciar o reingresar al nivel secundario a través de los programas que gestiona la modalidad de Jóvenes y Adultos que se encuentra, dentro de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, bajo la responsabilidad de la Dirección de Educación de Adultos.

A partir de lo establecido en la citada Resolución del Consejo Federal de Educación, se elaboraron las Resoluciones N° 1657/17 y 327/17 que establecen que los estudiantes mayores de 18 años, que ingresen por primera vez o reingresen al nivel secundario, deben cursar sus estudios secundarios en la oferta educativa perteneciente a la Dirección de Educación de Adultos, cuya oferta incluye: Escuelas de Educación Primaria de Adultos, Centros Educativos de Nivel Secundario, Sedes de Fines Trayecto Secundario, Escuelas Medias donde se dictan tutorías de Fines Deudores de Materias, entre otros servicios.

La diferencia de estos servicios con los bachilleratos de adultos es que pertenecen a la Dirección de Educación Secundaria, no a la de Educación de Adultos. Y el cambio que plantea la medida de Vidal, que su gestión no considera un cierre, es que a ellos concurran solo los menores de 18 años, que no terminaron el nivel o bien que quieran “acelerar” su término mediante “aulas de aceleración”.  

Con respecto a la situación de los docentes involucrados en la medida, dice la normativa dice que el cambio de dependencia de un nivel a la modalidad de Jóvenes y Adultos respetará las condiciones laborales previstas en el Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires.

La problemática relativa a la educación es muy compleja y cualquier reestructuración genera enorme sensibilidad, más allá de que un cierre masivo de un servicio es claro que será rechazado por los docentes y la comunidad educativa. Lo mismo sucedió con la reestructuración de las escuelas del Delta, con el cierre de las de menos matrícula, porque ante el rechazo que la medida generó la gobernadora decidió dar marcha atrás con la decisión.

Son medidas que si se consideran tan necesarias o eficientes, debieran explicarse claramente a la sociedad, porque naturalmente que hablar de cierre de escuelas o de servicios genera una reacción claramente negativa e inmediata, no solo en los docentes que en definitiva están luchando por sus empleos, sino de la comunidad en general. Durante años hemos aplaudido a quienes inauguraban escuelas, lo que siempre fue considerado un valor en sí mismo, por contraposición cuando se habla de cerrar escuelas nos suena a medida traumática. Por eso es tan importante que los funcionarios den la cara cuando van a generar cambios en el área educativa, que sean claros y nos lleven tranquilidad respecto que se toman decisiones adecuadas y para mejorar. Además deben hacerlo por la propia salubridad de su gobierno y sus carreras políticas, porque la falta de comunicación clara puede transformar en dos minutos algo bueno y con rédito político en algo negativo en esos mismos términos. 

En los casos que estamos analizando ha sido así: medidas anunciadas sin sus fundamentos, no anunciadas y luego inferidas por los interlocutores, y finalmente el mismo corolario: nadie explica nada y vienen las contramarchas. Y que cada uno se imagine lo que quería hacer el Gobierno.