Sigue la distorsión del impuesto a las Ganancias

La situación económica engorrosa que atraviesa el país, con la inflación que no cede y menoscaba el poder adquisitivo de los ciudadanos, ha llevado al Gobierno a tomar la decisión de no actualizar este año el esquema del impuesto a las Ganancias, como ya ocurrió en 2014. El problema de forma es que mientras no se modifique el piso se producirá una grave distorsión. La cuestión de fondo es si corresponde que los asalariados tributen este gravamen.

El tema es que justamente por la inflación, las inminentes negociaciones paritarias barajarán aumentos salariales en torno al 30 por ciento. De este modo, manteniéndose el piso de 15.000 pesos y aplicados los incrementos de sueldo, muchos empleados quedarán alcanzados por el impuesto. ¿Puede decirse que efectivamente estarán “ganando” más dinero?  

Si se considera el índice inflacionario (oficial o privado), no, y es allí donde se produce la distorsión ya que no sólo no ganará más sin que tras las paritarias muchos trabajadores alcanzados por este gravamen podrían perder hasta el equivalente a un salario mensual.

Por eso, aún cuando el Gobierno no incremente el impuesto a las Ganancias, seguirán sintiendo muchos trabajadores -cuyos salarios no son excepcionales como para tener que pagar este tributo- que disminuye su poder de compra.

Por otra parte, cada vez se pierde más la noción que separa el salario de las ganancias. Un sueldo es retribución por el trabajo realizado. Las ganancias surgen de actividades comerciales, industriales o de servicios. El primero no depende directa y exclusivamente del sujeto, ya que aunque trabaje de manera más eficaz que otro, ganará lo mismo (en la generalidad de los casos; en cambio el segundo, puede mejorar sus ingresos en virtud de su decisión, esfuerzo e inversión). Esto es tan claro que no habría necesidad de explicarlo, pero como el Gobierno se hace el distraído, hay que recordárselo.

Además el piso de Ganancias por ser tan bajo llega a muchos trabajadores, que no debieran pagarlo porque no son quienes más ganan y este es un reclamo que hacen todos los gremios, oficialistas u opositores, con la razón de su parte.

De producirse la recomposición salarial que reclaman los gremios para compensar la inflación, el Estado se llevaría una parte tal que, en términos reales, el ingreso anual terminaría disminuyendo hasta 8 por ciento o, medido en otros términos, implicaría un sueldo completo. 

En este año, y como viene sucediendo desde el pasado, se calcula que habría un incremento promedio de los precios de 30 por ciento y los aumentos salariales que se pactarán por convenio serán más o menos de igual magnitud.

Hay un detalle no menor en este asunto del impuesto a las Ganancias: muchas veces un ascenso laboral es un castigo, ya que quizá antes no llegaba a pagar el gravamen y ahora deberá hacerlo, cuando sus subalternos no, y terminan ganando, en mano, más que el propio jefe.

Otro efecto colateral es que el asalariado termina solicitando a su empleador cobrar lo que supere el piso en “negro”, aun a sabiendas que no registrar esos ingresos le significan un perjuicio a la hora del cálculo de su futuro haber jubilatorio. 

Esta es una distorsión muy clara, de la que el Gobierno no se ocupa, evidentemente. Empezando por quien confeccionó el Decreto Nº 1.242 que Cristina Kirchner firmó, que no tuvo en cuenta o relativizó estos perjuicios que, indirectamente, también afectan al propio Estado.

La cifra de referencia, la que marca el punto de inflexión, es 15.000 pesos y no se actualiza desde septiembre de 2013. Es decir que desde entonces, merced a los aumentos de salario impulsados por el ritmo inflacionario, miles de trabajadores tuvieron que comenzar a tributar Ganancias, pero insistimos, ¿realmente pasaron a ganar más? ¿O compensaron la pérdida del poder adquisitivo?   

Situaciones de mayor inequidad fiscal se dan cuando quienes quedaron exentos percibieron subas superiores a las de empleados gravados, ya sea por la diferencia entre convenios, un cambio de trabajo o un ascenso.

Lo cierto es que no se actualizó la cifra de referencia, de 15.000 pesos y desde el decreto, hubo una inflación superior al 50 por ciento. Porque el alza de la presión fue particularmente fuerte en 2014, cuando se conjugó la tasa más elevada de inflación de los últimos años con la falta de reajustes en Ganancias.

Con esta situación, si se quisiera preservar el poder adquisitivo luego del descuento del impuesto a las Ganancias, los sindicatos de sectores con alta incidencia de trabajadores que pagan el impuesto deberían reclamar ajustes de 40 por ciento y no del 30. De este modo se licuaría el efecto de la quita por el gravamen. Pero por otro lado, aplicar tales incrementos salariales tendrían como primer efecto restarle competitividad a la producción argentina, en un momento en que sería atarle a la economía un yunque.

La realidad es que el Estado recauda más pero lo hace a costa de los bolsillos de los trabajadores, mientras que otros rubros podrían llevar mejor la carga impositiva, como la actividad financiera.

También el estado debería ser más austero y acostumbrarse a no dilapidar tanto los fondos, superponiendo programas y creando puestos y dependencias burocráticas de cuestionable necesidad. No criticamos las inversiones porque esas mueven la economía y dejan un saldo positivo de infraestructura. Pero hay áreas por donde el dinero se desliza mucho para poco beneficio. 

Con un fuerte cambio de mentalidad, podrían aliviar el bolsillo de los trabajadores eliminando el impuesto a las Ganancias, que es una contradicción conceptual, o al menos elevando el piso para no castigar a quienes cobran 15 mil pesos, como si fuesen grandes contribuyentes, porque no lo son.