Sigue el mal clima
Generar un buen clima para la concreción de negocios implica recrear las condiciones necesarias para que las empresas de cualquier escala puedan invertir, innovar, competir y alcanzar el éxito, lo cual favorece el crecimiento económico y social de una región, una provincia o un país y la competitividad de las economías. Un entorno favorable para la inversión derivará en la creación de empleo, que es la mejor política social para reducir la desocupación y fundamentalmente la pobreza. A pesar de que nadie pone en discusión esta perspectiva que considera al clima de negocios como un factor clave que incide en las decisiones de inversión, hay países que no actúan en consecuencia.
Generalmente, la Argentina ocupa lugares retrasados en los rankings globales que miden los sistemas de regulaciones corporativas, legislación y normativas. A veces por la enorme burocracia existente, por ejemplo, para la apertura de una empresa. En lugar de simplificar el procedimiento, se lo complejiza. Y otras veces por la falta de seguridad jurídica puesto que existe un permanente cambio en las reglas de juego, moneda corriente en nuestro país. Según Doing Business 2020, el informe anual del Banco Mundial que estudia las regulaciones que mejoran o restringen la actividad empresarial, Argentina cayó siete lugares en el ranking global y ocupó el puesto 126 en facilidad para hacer negocios, comparado con el puesto 119 de 2019.
En la actualidad, la amenaza permanente del Gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias enrarece el clima de negocios y pone a la defensiva a los agentes económicos. Las tensiones con el campo se han convertido, en este escenario, en una constante que va en la dirección contraria a promover un ambiente sano para las actividades empresarias. Y si bien lanzarse a una empresa (hablamos de las productivas pero aplica a cualquier tipo de proyecto) lleva implícito correr un riesgo, cuanto más llena se perciba la pileta, más chapuzones habrá. Por el contrario, cuando el panorama es adverso, las decisiones viran hacia otro destino. Por ejemplo, renta inmobiliaria o renta financiera, dos opciones que no tienen como consecuencia natural la generación de nuevos puestos de trabajo, con todo lo que ello importa al crecimiento del PBI y la mejora de todos los parámetros de la macro y microeconomía.
Bajo el argumento del Estado presente, algunas cosas se hacen bien pero otras muy mal. Porque ese Estado rara vez es inteligente sino que se parece a un padre maltratador. La radiografía del país refleja que ese Estado presente ha fracaso en mejorar la calidad de vida de los argentinos,; todo lo contrario, se transforma en un lastre y un obstáculo.
En el Congreso argentino se discute un proyecto de ley que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para sociedades empresariales. Según entidades representativas de los sectores de la producción, esta iniciativa también atenta contra un buen entorno para los negocios. En la Cámara de Diputados, la propuesta quedó lista para ser tratada en la próxima sesión del recinto, donde el oficialismo confía en lograr el apoyo de bloques aliados para aprobarlo, en tanto que el principal espacio opositor rechaza las modificaciones al marco normativo vigente.
El texto de la iniciativa -la segunda versión que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en lo que va del año- prevé una rebaja en la carga tributaria para nueve de cada 10 empresas. La iniciativa del Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
La Unión Industrial Argentina elaboró un informe técnico donde se exponen las razones por las cuales el proyecto de ley en tratamiento es perjudicial ya que aumentará la presión tributaria en gran parte del sector productivo formal, generador de valor y empleo en la Argentina. En el reporte elaborado por UIA se plantea que, de aprobarse el proyecto, sería la cuarta modificación de este impuesto en los últimos 10 años e implicaría un incremento de 10 puntos porcentuales de la alícuota (de 25 a 35 por ciento). Ambos factores hacen imposible la planificación para toda empresa y la previsibilidad de la economía. A su vez, se indica que el presente proyecto genera una presión tributaria adicional de 320.821 millones de pesos, de los cuales 96.246 millones provienen de la industria.
Además, las empresas que verán incrementada la alícuota al 35 por ciento, en el sector industrial representan aproximadamente unas 7.000 industrias responsables del 76 por ciento del empleo formal y del 87 por ciento de la masa salarial. Explicarán, en conjunto, el 80 por ciento de la recaudación de este impuesto. Si bien desde la UIA hace años que se plantea la necesidad de reducir la alícuota de ganancias a todas las Pymes, esto debe ocurrir sin incrementar la presión del resto de las empresas, especialmente en un contexto donde la crisis es transversal y atraviesa a todo el aparato productivo, agrega el documento.
Como se afirmó en el inicio de la columna, tanto cambio en las reglas de juego es nocivo para el clima de negocios. Y eso nos deja en el lugar de siempre, lejos del progreso y de un país mejor para todos.