Si el informe no es veraz, que aparezcan los números que lo desmientan

En muchos órdenes se da esta situación en que ciertos “baches” que deja el Estado, son cubiertos por la actividad privada; a veces en forma complementaria, como sucede en educación y en salud, y otras asumiendo directamente un rol que, en principio, no le corresponde.

Tal es el caso que nos ocupa: a falta de índices oficiales, surgen datos relevados por organizaciones y empresas. Esta vez es en referencia a la pobreza y la indigencia. Aunque también se da respecto de la inflación porque si bien existe información al respecto emanada desde el Indec, esta no goza de credibilidad.

Se le ha pedido al Gobierno en reiteradas oportunidades que diga cuál es la cifra de pobreza en la Argentina. La respuesta siempre fue elusiva: han dado excusas que van de que se están modificando los parámetros de medición (en tiempos de Capitanich jefe de Gabinete) hasta que medir y hablar de cuantos pobres es discriminar y estigmatizar, según Axel Kicillof. 

Tal como otras variables, la pobreza e indigencia deben estar cuantificadas por el Estado. De hecho, seguramente lo están, solo que se prefiere no divulgar las cifras.

Y como el dato es de interés, al tiempo que una herramienta para muchas áreas de trabajo y análisis, ante la falta de una fuente de consulta oficial,  entes privados hacen sus propios estudios en función de sus necesidades y organizaciones sociales también, aunque con fines de divulgación. 

Las universidades suelen ser una usina de este tipo de informes, que surgen de sondeos de campo. 

En el día de ayer causó gran revuelo el estudio de Universidad Católica Argentina (UCA), a través de su Observatorio de Deuda Social; según su propia medición, la pobreza creció en 2014 y afecta al 28,7 por ciento de la población. De acuerdo con esos números, más de un cuarto de los argentinos sería pobre. En cifras absolutas, eso significaría que alrededor de 11 millones de personas, sobre la base del censo 2010, están en la pobreza. Sobre la indigencia dice que también se incrementó y arribó al 6,4 por ciento el año pasado, es decir que afectaría a dos millones de argentinos.

Obviamente que desde el Gobierno salieron a desmentir estos datos, aunque no con números para contrastar en la mano sino con diatribas en la boca.  Insistimos: lo que el Estado no hace, lo cubre un privado. Si el Gobierno no da sus números, aparecen otras mediciones. Y si aún entonces siguen sin aparecer para ejercer una desmentida, cobra mayor credibilidad la versión inicial. Algo similar ha sucedido históricamente con la inflación: habiendo perdido credibilidad la medición del Indec, surgieron otras voces aportando índices que fueron tomados como válidos por la sociedad, habida cuenta su verosimilitud con el termómetro que es el bolsillo de cada ciudadano. 

Ahora con la pobreza pasa lo mismo: podemos creer o no el porcentual de pobres e indigentes de la UCA, pero es el único que hay. Y su veracidad se refuerza al aportar el mismo informe que una familia tipo pasó de necesitar 1.982 pesos a precisar  2.735 pesos para no ser indigente. En tanto, ese grupo familiar requirió  4.142 en 2013 y  5.717 pesos un año después para evitar la pobreza.  Estas cifras son totalmente asequibles al ciudadano de a pie, que todos los días compra para comer. Si estas cifras resultan factibles, ¿por qué no habríamos de creer el índice de pobreza e indigencia elaborado por el mismo equipo a partir de ellas?

Si el Gobierno no quiere que la sociedad le crea a la UCA, tendrá que presentar cuál es entonces el índice.

Desde fines de 2013, cuando informó un 4,7 por ciento de pobreza, el Indec no difunde los datos oficiales. Las justificaciones fueron muchas, como dijimos: Jorge Capitanich afirmó que existían “problemas de empalme” entre series; el actual jefe de Gabinete y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, dijo que “el Estado no está para contar pobres”; el ministro de Economía, Axel Kicillof, como dijimos, estimó que no publica el número para “no estigmatizar” a los que sufren la pobreza, y el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, sostuvo que “no es fácil medir la pobreza” y señaló que existen 6.000 formas diferentes de calcularla, pero el organismo que preside ya no publica ninguno. Será cuestión de elegir un método, aplicarlo y luego explicarlo. Justamente por esta abundancia de formas de medir es que fue una jugarreta para con la sociedad que Aníbal Fernández dijera que Alemania tiene un 20 por ciento de pobreza estructural y Argentina un 5.  Con el objetivo de dar una declaración rimbombante para los medios, el jefe de Gabinete demostró ser ignorante en el tema o bien trató de ignorante a la sociedad, al no poner en consideración que en nuestro país se mide la pobreza absoluta y en Europa de manera relativa, dos  metodologías totalmente diferentes. Las cifras de una y otra nación jamás podrían compararse.  

Ahora que se publicaron las cifras obtenidas por la UCA el mismo jefe de Gabinete salió públicamente a decir que eran falsas, que no se explica cómo se llegó a estas cifras. Y al fin las negó rotundamente, volviendo sobre ese 5 por ciento por el cual la presidenta recibió un reconocimiento de la FAO. Lo cierto es que tampoco sabemos cómo obtuvo esa cifra la presidenta porque al no dar a conocer la técnica con que se mide la pobreza y no se dan a conocer las cifras que obtienen.

Es justo decir que Agustina Salvia, coordinadora de la Deuda Social de la UCA afirmó que “en la última década se dieron mejoras sustantivas en los indicadores sociales. Pero esa mejora es parcial. Todavía hay un 50 por ciento de los hogares en situación de vulnerabilidad de derechos, y entre 2012 y 2014 se registró un empeoramiento de la medición de pobreza medida por ingresos por la alta inflación y la falta de empleo”.

También reclamaron desde la UCA tener datos oficiales fiables y transparentes y que se diga con qué metodología se realizan. Esto no es casual porque si bien el Gobierno no muestra mediciones, critica las que se basan en los ingresos, porque afirma que hoy hay métodos más modernos para hacerlo. Por eso, la UCA publicó tres tipos de indicadores de pobreza: una medición directa (por necesidades básicas insatisfechas e inseguridad alimentaria), por canastas e ingresos y uno multidimensional.

Y la realidad es que el Gobierno no da a conocer ningún índice por lo cual queda sujeto a todo tipo de especulaciones y a que sectores privados hagan la labor y el rebote periodístico y social es peor aún, que es lo que el oficialismo pretende evitar ocultando sus sondeos.