¿Quién se ocupa del menor en riesgo en la Argentina?

Una historia cruda y dolorosa más; estremecedora, pero una más entre tantas.

Ahora el protagonista de la noticia es “El Polaquito”, un pibe de 12 años entrevistado por el equipo de Periodismo Para Todos. Contó que se droga, que ya tiene un asesinato en los hombros y dejó impactados a los televidentes cuando los enfrentó diciendo: “No le tengo miedo a nada”. Por el contrario, todos le temen. Con su apenas metro y medio, tiene la osadía propia de la edad pero la pericia delictiva que a otros llevaría años adquirir.

Viene de Villa Caraza una zona muy pobre del partido bonaerense de Lanús. El chico de 12 años vive junto a 23 personas en una casa. Su padre está preso condenado por varios crímenes, y él dejó la escuela en cuarto grado.

“Maté a uno pero no me hicieron la denuncia porque era un transa. No me quiso regalar una bolsita de droga”, dijo ante las cámaras el pequeño, que dice que no tiene miedo, menos a la Policía. Tiene una pistola 9 milímetros y, como es fácil de intuir, vive en la violencia.

Es un chico sin protección familiar ni contención del Estado, como tantos otros que pululan por los barrios humildes convirtiéndose en la pesadilla de los vecinos. Y la circunstancia de ser menor, en un país como el nuestro donde no se atina ni a bajar la edad de imputabilidad ni funcionan los institutos para alojar a chicos en esta situación, es un pasaporte a la impunidad. Todos los menores que delinquen saben que no pueden ser detenidos más que por un rato. Es lo primero que aprenden a manos de un mayor que los usa, precisamente por eso, para perpetrar los delitos. Lo que quizá no sepan es que la historia de pobreza, violencia y abandono en la que han nacido les ha terminado marcando el destino que tendrán de adultos.

Hay otras tantas historias que estremecen como la de “El Polaquito”, mientras el abandono familiar no es cubierto por el Estado, porque estos chicos son un peligro para terceros y para sí mismos. Y la tragedia se puede generar en cualquier momento, no sólo porque salen a robar, drogados en muchos casos, pueden matar y también ser asesinados en alguno de estos hechos.

No vamos a usar este espacio para relatar realidades que son por todos conocidas. Tampoco para plantear una solución radical, ni siquiera para sindicar (que es lo más fácil) culpables de esta realidad. Lo vamos a utilizar para plantear, una vez más, que nuestra dirigencia política, toda, de la A a la Z, es un muestrario de deliberada inutilidad.

Todos y cada uno, los de ayer, los de antes de ayer, los de hoy y los de mañana saben por dónde hay que empezar a buscar soluciones. Lo peor no es que no lo hacen; lo peor que es que accionan precisamente en contrario.

Desde los funcionarios que se mantienen con la misma estructura de institutos de minoridad, de donde los chicos salen peor de lo que ingresan, hasta los legisladores que jamás se han sentado a pensar seria e integralmente una ley que contemple a los menores en situación vulnerable, antes de que caigan en el delito y cuando ya cayeron. Una norma de estas características, por empezar, demanda años y años de elaboración. En consecuencia, no cumple con el requisito sine qua non para nuestros políticos: el efecto sobre las próximas elecciones. Son proyectos que, además de no dar réditos inmediatos, dividen opiniones en la sociedad, y ningún legislador actual ni con pretensiones de serlo se quiere embarrar en ese lodo a riesgo de perder simpatías de eventuales votantes.  

Estas características hacen que nuestros legisladores, en su cabeza enferma de poder, política e interés, no quieran encarar estas temáticas de fondo que toman problemas estructurales que necesariamente, en algún momento, debemos resolver.

Lo único que se ha intentado en los últimos años y sin lograr aprobar la ley, es bajar la edad de imputabilidad quizá a 14 años. Esta solución no es de fondo, lejos de serlo; lo único que se lograría es que dos años antes de lo previsto en la norma, podamos encarcelar a los menores, depositarlos hasta que salgan siendo adultos y con más resentimiento y violencia que con la que ingresaron.

El cambio en cuanto a la minoridad, dicho lisa y llanamente, demandará generaciones. El Código Civil demandó ocho años desde que fuera encomendado a Dalmacio Vélez Sarsfield hasta su entrada en vigencia; su autor no llegó a saborear la fama que lo trajo hasta nuestros días, de casualidad alcanzó a verlo promulgado. Es que así son las leyes de fondo, las que le dan estructura a una sociedad, las que hace décadas nos faltan gracias a legisladores más preocupados en tratar leyes efectistas, estrictamente coyunturales, mientras la realidad nos pasa por arriba sin reglas que la alcancen. Recuperar ya no los actuales pero sí los futuros niños sumidos en la criminalidad demandará primero de prohombres de la política que tomen este objetivo aunque sepan que no tendrán rédito en lo personal. Luego, unos cuantos años de elaboración de la norma; más para la adaptación de la estructura a esa nueva norma, y finalmente que una generación de pibes sea tratada, desde su nacimiento, bajo estos parámetros.

Claramente, hasta que algunos de nuestros legisladores no se digne a trabajar sin poder disfrutar de los elogios, a hacerlo por real compromiso social, este circuito no comenzará y seguiremos perdiendo generaciones. 

Tampoco se puede dejar a menores que se drogan y salen a robar y, si pinta, a asesinar, a la espera de que aparezca un “patriota” entre nuestros políticos. Hay que sacarlos de la calle. En este punto juega un papel clave el Ejecutivo con sus ministerios, para que al menos cumpla con las leyes tal y como están y arbitrando las medidas que den contención a estos niños de las calles. Y cumplir bien, no con más abandono y violencia, internándolos en centros para menores invivibles, sino donde se logren objetivos de recuperación ciertos. Habrá muchos que podrán salvarse de un destino seguro de cárcel o de morir asesinados, incluso antes de llegar a adultos. Puede que haya casos irrecuperables, no lo sabremos hasta que no se los contenga, pero el Estado debe hacer algún esfuerzo por estos niños que se han transformado en un peligro social y para ellos mismos.

Lo preocupante es que no vemos que los poderes del Estado tengan este tema en la agenda, mientras el problema crece y se multiplica. Son niños sin familia que cumpla el rol (exista o no) y no siempre es posible, como plantean nuestras vetustas leyes, revincular al menor con su entorno, muchas veces el padre está preso, la madre no se ocupa porque ha sido tomada por la droga o porque se ha ido de la casa dejando a sus hijos a la deriva, en estos casos ¿es necesario dejar a ese chico en ese ámbito? ¿Con quién van a revincular a ese niño? 

Son todos temas que dependen de reformar las leyes y de que el Estado en todos sus poderes tenga una mirada sincera. Bah, en pocas palabras, estamos esperando que se dejen de hacer política para hacer lo que es necesario.