Protesta, delitos, represión y usuarios rehenes

No tendríamos que tener en un país democrático imágenes como las del martes, en que representantes de trabajadores eran llevados presos tras realizar una protesta. Pero tampoco debieran existir sujetos que ostentan dicha representatividad y la esgrimen para avasallar todas las leyes y derechos civiles posibles. 

La historia de lo sucedido con los “metrodelegados” del subte esta semana hay que verla completa y entender que la barbarie no puede ser la medida de las cosas.

Estamos frente a dirigentes que no reconocen un fallo en su contra de la Corte Suprema, que no los reconoce como gremio y los obliga a mantener el encuadramiento en la UTA. Ese es el quid de la cuestión, una lucha por poder y prerrogativas, aunque en el discurso se meta de por medio la paritaria que, dicho sea de paso, la UTA sello incluyendo la cláusula gatillo por inflación. 
En todos los ámbitos de la vida, quien no tiene la razón, suele recurrir a la fuerza. Y los  “metrodelegados” han llegado a un extremo en que se han tornado tan salvajes en sus reclamos que ya no cuentan si estos son válidos o no. El punto es que nada justifica el delito ni merecería (aunque en Argentina es moneda corriente) que el resto de la sociedad vea avasallados sus derechos. Y no es falta de solidaridad sino que hablamos en este caso de usuarios de subte, es decir trabajadores, no turistas y paseantes de domingo, que van a cumplir con sus obligaciones y que quedan expuestos a perder su fuente laboral o tener un lucro cesante sobre ingresos a veces mínimos.

Además de ser ya una costumbre la de tomar a los usuarios como rehenes, de cortar el servicio, dejando a miles de trabajadores sin transporte, la violencia ejercida –propia de los sinrazón- solo deja la opción al Estado de reaccionar y tomar medidas, como llevar a la Policía. ¿Cuál sería si no el plan B? ¿Un dejar hacer? No intervenir y que se sigan claudicando derechos de otros trabajadores (incluso del mismo ramo), que se dañen los bienes públicos, que se incumpla la premisa constitucional de la libre circulación del transporte. Pruebe usted lector hacer todas estas cosas y luego nos cuenta cómo le va, seguramente desde una comisaría. La diferencia en este caso estaría dada por el derecho a la protesta, solo que los “metrodelegados” no tienen la potestad de realizar, desde el mes de marzo, una huelga.

¿Qué debe hacer el Gobierno cuando en el marco de una protesta se cometen delitos? Actuar, sin dudas, no por la protesta, sino por los delitos. Y lo debe hacer incluso cuando se trata de una huelga bien habida, no como en este caso que responde a intereses personalísimos de unos pocos. Y debió el Estado hacerlo antes, hace muchos años, desde la primera vez que algún sector osó cortar una calle, una ruta. Sencillamente porque no se puede ejercer un derecho a costa de mancillar otro. Con la Ley todo, sin la Ley nada. Y nuestra Constitución consagra, en primera medida, el derecho a la libre circulación.

Incluso podría entablarse alguna discusión semántica y doctrinaria si lo que se hubiese reprimido hubiese sido la protesta, que también constituye un derecho, el de reclamar y peticionar a las autoridades. Lamentablemente no es el caso, en esta protesta se liberaron varios días los molinetes, incluso ayer lo volvieron a hacer como parte de un plan de lucha, dijeron, generando pérdidas importantes a la empresa. Es la manera: lograr la atención de quien esperan respuesta pero sin dañar al resto.

Los “metrodelegados”, por su parte, suponen que aquello que legalmente no les corresponde, que es su encuadramiento gremial, porque así lo estableció la Justicia en su última instancia (es decir que antes les fue denegado por todos los tribunales inferiores) pueden lograrlo con violencia y dejando al ciudadano de a pie sin viajar. Cuando la Justicia, garante del orden social, (en este caso al unísono y definitivamente) dice “no”, es no. En una democracia podemos manejarnos con libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, pero todo el accionar debe estar siempre dentro de los límites de la Ley.  Esta cuestión vale para estos dirigentes, representantes sindicales, como para cualquier otro ciudadano, caso contrario, es la barbarie.

Que el subte es un servicio público lo sabemos todos, que cuando hacen un paro están lisa y llanamente tomando como rehenes a los usuarios, mayoritariamente trabajadores y estudiantes. Si a esto le sumamos que se cometieron actos ilegales como atravesarse en las vías del subte para que ninguna autoridad de la empresa pudiese mover los trenes subterráneos, es una barbaridad que no se debe tolerar, precisamente porque estamos en democracia y tenemos reglas que cumplir.

Como telón de fondo hay una tensión que va escalando entre delegados de base de varios sindicatos y el Gobierno, por las paritarias a la baja. El tema no es menor porque es muy complicado gobernar en medio de luchas gremiales constantes. Y decimos delegados de base y no dirigentes sindicales porque en líneas generales y salvo excepciones, la mayoría de los gremios terminó por acordar con el oficialismo el 15 por ciento de incremento salarial. Por eso en cada sindicato sectores intestinos salen a la pelea abierta, en algunos casos con violencia, desconformes con sus propios dirigentes y con el Gobierno. Pero en este juego a dos bandas, lo que no se puede permitir es el estado de anarquía, la ilegalidad como norma y las decisiones de lucha donde los que terminan siendo abusados son los ciudadanos de a pie.

Y para clarificar más los daños, en el caso que nos ocupa la agrupación de “metrodelegados” tomó como rehenes a unos 700.000 pasajeros. El incremento de la frecuencia de por lo menos 36 líneas de colectivos para suplir la ausencia de un medio de transporte que moviliza a 1.300.000 personas por día apenas fue un paliativo. El caos fue el distintivo de la jornada.

Los hechos se iniciaron en la estación Las Heras de la línea H, cuando efectivos policiales intentaron liberar las vías para el avance de los trenes. Un grupo de trabajadores se opuso y, tras un enfrentamiento, se produjo la detención de los “metrodelegados”, que fueron trasladados a la comisaría 30ª de Barracas. La reacción de la asociación sindical fue ampliar el paro, afectando las líneas E, H y el Premetro, a toda la red. Ayer liberaron molinetes, con lo que podemos acreditar que la pelea sigue y no sabemos dónde terminará.

Estamos atravesando momentos de dificultades económicas, pero el peor camino que se puede tomar en estos casos es la violencia y la comisión de delitos, porque el resultado es siempre dañar la democracia donde, insistimos, es la ley y su respeto lo que debe primar. Es más, el propio trabajador representado lo que menos quiere es lo que se vio ayer y en las más de las veces no comparte los criterios de su delegado, que termina nutriéndose de un grupo circunspecto que lo acompaña pero que está lejos de representar a la mayoría. De la “democracia” sindical y sus dirigentes eternamente reelegidos cual monarquías ya hemos hablado en otras oportunidades…