Preservar la libertad más allá de cualquier grieta

Desde hace ya mucho tiempo la grieta instalada en Argentina divide las opiniones en dos y reduce la riqueza del diálogo social colocando el decir en compartimentos estancos y antagónicos. Lo que al principio sucedía hacia adentro de núcleos familiares o de amigos, ganó la escena pública, se instaló en los medios de comunicación y en la actualidad todo lo que sucede parece quedar a uno o a otro lado del arco ideológico. Como si no hubiera grises. Todo es blanco o negro. Y el cuestionamiento hacia el que piensa diferente y lo expresa, no tarda en llegar. Algo que se parece bastante al autoritarismo y que mantiene las posiciones en los extremos.

Una de las profesiones que sin dudas ha quedado más atrapada por estos antagonismos es el periodismo, por cuanto de inmediato cualquier apreciación que se corra un centímetro de la objetividad de la crónica es leída como una opinión, y por lo tanto, sujeta a un interés que siempre se presume malintencionado.

No es casual que la amenaza a la libertad de expresión sea un tema que ocupa la atención de las entidades que representan al periodismo en el país y que estos ecos hayan llegado a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyos miembros observan con preocupación lo que sucede en Argentina.

En coincidencia con ello, son cada vez más numerosos los espacios desde los cuales esta alarma se expresa. No en defensa al nombre propio de periodistas o comunicadores, sino en un intento por resguardar uno de los pilares de la democracia que es la libertad de expresión. Lo que representa el amedrentamiento a periodistas en el ejercicio de su labor es lo que ocupa y preocupa.

En este contexto, resultan pertinentes las advertencias que ante la SIP ha hecho la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas- de la que este diario es miembro- en relación al "enrarecimiento del clima para el ejercicio del oficio periodístico". 

El documento de Adepa entiende que el avance de las causas de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner incrementó la intensidad del discurso del "lawfare", tesis impulsada por sectores del oficialismo que plantea una connivencia entre la prensa crítica, parte de la Justicia y miembros de la oposición. Y refiere que, a partir del atentado contra la vicepresidenta, ocurrido en septiembre, se intensificó el tono de las imputaciones hacia periodistas y medios de comunicación, a los que incluso se acusó de haber participado de la planificación de este hecho repudiable.

Bajo el argumento de criticar lo que parte del oficialismo nacional llama "el discurso de odio" y que aseguran imponen algunos medios de comunicación, existe una velada amenaza a la libertad de expresión, porque subyace una idea de control del pensamiento y de la libre producción de los contenidos que se vuelcan a través de los medios en cualquiera de sus soportes.

En este sentido, el señalamiento de Adepa respecto de lo peligrosas que resultan ciertas campañas contra medios y periodistas, resulta oportuno y marca una realidad. Porque estas movidas que intentan desprestigiar a comunicadores y acusar a medios de comunicación no se quedan solo en el agravio, sino que se traducen en intentos de proyectos legislativos claramente violatorios de la libertad de expresión.

El postulado de combatir "el discurso de odio" no puede servir como argumento para vulnerar uno de los principios de la vida en democracia. La libertad como valor y como condición se vería seriamente afectada si se avanzara sobre la regulación de contenidos que no harían sino legitimar mecanismos de censura. 

Si bien es cierto que por ahora estos impulsos fueron moderados, no menos verdad es que el ataque al periodismo se ha transformado en moneda corriente, casi desconociendo que en la actualidad las dinámicas de los procesos de comunicación son mucho más complejos y ya no se centran solo en los medios de comunicación. Las influencias no son tan absolutas ni los efectos tan directos sobre la opinión pública. Sin embargo, son los medios y los periodistas los que causan desvelos al poder que se tienta de "ir por ellos" para profundizar la grieta y lesionar ese valor intangible y preciado como el de la libertad.

Lamentablemente no es solo la clase política la que cae en esta tentación de manejar la dinámica de la comunicación pública. Tal como fuera mencionado hace poco en este mismo espacio editorial, la amenaza sufrida por periodistas de la ciudad de Rosario, mostraron claramente como la narcocriminalidad encuentra en el ejercicio periodístico un enemigo que busca combatir.

Lo sucedió en Rosario no es más que el botón de muestra de lo que ocurre en distintos lugares del país y por cuestiones diversas que encuentran un común denominador: el poder ostentando ser absoluto.

En este escenario, y en un clima social que tiene cada día más frentes abiertos desde los cuales expresar los males de la grieta, la amenaza plantea un nuevo desafío a las organizaciones de libertad de prensa y a los medios, ya que las autoridades no tienen protocolos de protección para periodistas ni existen fiscalías especializadas, ni los medios tienen protocolos de seguridad.

En reiteradas ocasiones y ante problemas de una dimensión enorme, se ha destacado la madurez de la democracia conseguida en Argentina. Amedrentar al periodismo en su hacer cotidiano, independientemente del color que tengan esas opiniones y del posicionamiento editorial que asuman, es a todas vistas un retroceso que la sociedad en su conjunto no puede permitir ni permitirse.

En este sentido el pronunciamiento de Adepa ante la SIP, en el que enumera una serie de hechos ocurridos en los últimos tiempos y en distintas partes de la geografía del país, reflejan un clima de la época que parece haberse instalado y que hay que modificar, porque las consecuencias de no hacerlo llevarán al país a tiempos oscuros que la propia sociedad se prometió a sí misma haber dejado atrás.