Por estrategia o papelón de Bullrich, está en riesgo el inicio de clases
Una historia que se repite cada año para esta época: la puja entre el Gobierno y los gremios docentes por los aumentos salariales, amenaza con que no se inicien, en tiempo y forma, las clases. Pese a que el nuevo escenario político auguraba otro devenir de las cosas, aquí estamos, a una semana de que los chicos vuelvan a la escuela, con la zozobra de siempre.
Los cinco sindicatos que participan de la paritaria nacional advirtieron que el comienzo del ciclo lectivo, previsto para el lunes 29, está en riesgo y se declararon en estado de alerta por la demora del Ministerio de Educación de la Nación en oficializar la oferta salarial que hizo el lunes pasado. Y que parece que no es tal, ya que se habló de un 40 por ciento para los iniciados, lo que los ubicaría en un básico de 8.500 pesos y luego hubo una marcha atrás del funcionario Esteban Bullrich que no tuvo aún una clara explicación. En los hechos, todo da a entender una desinteligencia entre Bullrich y Macri, quien a la par de los festejos de los maestros nacionales por el 40 por ciento salió a decir públicamente que ninguna negociación en los distritos provinciales podía superar el 25 por ciento de incremento.
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Como quiera que haya sido, si falta de comunicación o poca cintura para negociar, es un papelón lo que está sucediendo en esta paritaria. Es poco serio e irresponsable acordar, lanzar públicamente y redactar con acta para su suscripción una cifra y condiciones y, a pocas horas de perfeccionarse el acto, retrotraerse en la decisión y condicionarla a eventualidades ajenas a la mesa de negociación en cuestión.
Históricamente, la paritaria nacional es la que fija el salario inicial mínimo para los docentes de todo el país y a partir de allí se comienzan a cerrar los acuerdos salariales en cada provincia. Con el dato curioso de que a pesar de procederse consuetudinariamente de este modo el erario nacional no paga el sueldo de ningún docente.
A principios de la semana que dejamos, el ministro de Educación, Esteban Bullrich mejoró sustancialmente la oferta oficial y propuso llevar ese piso de los 6.060 pesos actuales a 8.500 a partir del 1° de julio. Los dirigentes docentes estaban exultantes, no obstante trasladaron la consulta a las bases de los cinco sindicatos nacionales que rápidamente dieron el visto bueno. Y, como un efecto automático, los gremios de los maestros provinciales, especialmente de Buenos Aires, se entusiasmaron con que el porcentaje se replicaría en sus distritos. Habiendo estado negociando en el orden del 24 por ciento en la provincia y 22 en Capital sin visos de arreglo, para ellos se perfilaba un cierre exitoso de la paritaria y el normal inicio de las clases.
Pero un balde de agua fría sobrevino de repente. La importancia del aumento anunciado desató quejas de los gobernadores de todas las provincias, que deben afrontar el incremento a los docentes en un año de números muy finos. Esto obligó a Macri y a Bullrich a salir a la palestra para aclarar que las provincias pagarán sólo hasta el 25 por ciento de las subas y que la Casa Rosada se hará presente únicamente a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. De esa manera desactivó la expectativa de algunos distritos, especialmente el bonaerense, que venía especulando con que Nación prestaría asistencia a Provincia para tener un inicio de clases sin sobresaltos. Dicho en otros términos, que Macri no dejaría a la deriva a Vidal.
A contramano de la lógica que guió la negociación con los maestros en los últimos años, el Gobierno decidió que esperará a que avancen las negociaciones en buena parte de las provincias antes de ponerle la firma a la oferta nacional. El argumento central del Gobierno es que esa es la única manera de evitar que los gremios provinciales se valgan de la suba nacional para manipular las negociaciones. En realidad, no se trata de manipulación sino de tomar una cifra testigo: si el Gobierno nacional ofrece un porcentual alto, los sindicatos provinciales pedirán montos similares. Si para unos docentes es válido el pedido del 40 por ciento, debiera serlo también para el resto. Esta es la lógica, se firme antes o después lo acordado en la mesa de negociaciones.
Mauricio Macri, al fin y viendo que el asunto se le iba de las manos al ministro, se metió de lleno en el conflicto. Queremos llegar a un acuerdo y ayudar desde el Gobierno nacional, pero no interferir como pasó en los últimos 10 años, que se fijaba una paritaria y no importaba lo que pasaba en las provincias, justificó. Pero el daño estaba hecho y los sindicatos que nuclean a los docentes ahora se aferran a las promesas de Bullrich y afirman que dar marcha atrás, ahora, es un manoseo que pone en peligro el inicio de clases.
Válido es el argumento de Macri de preservar la viabilidad financiera de las arcas provinciales pero habla de torpeza, desconocimiento del paño o desinteligencia no haber previsto el efecto que tendría el acuerdo docente federal negociado por Bullrich. Allí radica la crítica, en el manoseo de una cuestión tan sensible para los docentes y toda la sociedad. Dicho esto sin poner en cuestión la justeza y la oportunidad de las pretensiones de los maestros.
Bullrich se justificó, especialmente ante los docentes de las provincias, diciendo que en realidad la propuesta de un aumento del 40 por ciento se trató de una cifra manipulada, ya que sólo impactará en el 5 por ciento de los docentes del país, que son quienes perciben el haber mínimo de 6.060 pesos en la actualidad. E insistió con ajustar las negociaciones a la realidad de cada distrito, como argumentó Macri. Por la parte que le incumbe directamente, que es la suscripción de lo acordado, justificó su decisión de suspenderla diciendo que oficializar la oferta nacional entorpecería la negociación en las provincias. Tarde, porque la negociación nacional fue pública. Y de algún modo habrán de hacerse cargo, ya sea acompañando desde Nación a que las provincias puedan mejorar sus ofertas acercándose al menos el porcentaje nacional, o bien asumiendo el costo político de su impericia para negociar con un posible no inicio de clases, algo que impactaría muy negativamente en la imagen de concordia y diferencias que se persiste en marcar respecto del kirchnerismo. Al fin, estamos en la misma situación de cada año para esta fecha.
Al igual que Macri, Bullrich insistió en despegarse del modo kirchnerista al sostener que no se está imponiendo un techo desde la Casa Rosada sino que el tope lo estipula la viabilidad: La realidad fiscal de cada provincia es el único límite afirmó, sumándose a lo dicho por el presidente respecto de que su preocupación es justamente no obligar implícitamente a los gobernadores a asumir el pago de un aumento que no pueden por el sólo hecho de que en Nación se acordó (aun no en los papeles) una cifra elevada. Según ellos, con esta actitud que han tomado, ningún gremio docente podría pedir el 40 por ciento como en Nación porque no se firmó el acta en el Ministerio de Trabajo. Es iluso el argumento. Lo dicho, dicho está.
Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, estas idas y venidas han paralizado las negociaciones, como en casi todas las provincias y es probable que lo sucedido con Bullrich, en vez de bajar el techo a los pedidos de aumentos salariales termine generando más conflictos entre gremios y las administraciones regionales.
Si lo sucedido es una estrategia del ministro Bullrich, como acusan los dirigentes docentes, no parece haber sido exitosa, porque no hizo más que azuzar los ánimos. Y si fue una impericia, falta de comunicación entre funcionarios o un error el anunciar una cifra alta para la paritaria nacional (recordemos que la Nación no tiene escuelas a cargo), serán los gobernadores los que esta semana pagarán las consecuencias, cuando se hagan las reuniones con los sindicatos del sector.
¿Empiezan las clases la semana que viene? Como viene sucediendo hace años, aún no lo podemos afirmar.















