Por dónde empezar a combatir la inseguridad

La inseguridad es tema recurrente en las tapas de los diarios y charlas en los programas políticos de la TV y la radio. Y es lógico que así sea porque es la principal preocupación de la ciudadanía. Si hay una diferencia gruesa que mostrar respecto del kirchnerismo, es que las autoridades nacionales y provinciales optaron por no negar el problema; no lo minimizan ni culpan a la prensa por enfatizar el asunto.

En lo operativo, no mucho ha cambiado. Por el momento solo se percibe un sinceramiento, del mismo modo que hicieron con la pobreza y la inflación, de modo de no cargar en la mochila de la gestión presente problemáticas que vienen de larga data, y   piden colaboración a los actores involucrados para ponerle freno al delito. 

Obviamente que eso no alcanza, porque al fin es un gesto que marca diferencias pero no nos resuelve un problema que escala en cantidad de hechos y en violencia.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, admitió que “la provincia de Buenos Aires tiene un grave problema en la inseguridad”,  y consideró que en parte el problema se agudiza por la rapidez con que se libera a los delincuentes detenidos por las fuerzas de seguridad. El ministro pone así un dedo en una llaga que ha sido tema multicausal de análisis muchas veces en nuestros editoriales: la discrecionalidad de los jueces y la falta de espacio para alojamiento carcelario que, a su vez, hace a que se recurra a esta discrecionalidad para un perverso círculo vicioso. 

“La puerta giratoria funciona de esta forma: muchas veces, mientras el vecino hace la denuncia, la fiscalía ya le da la libertad al delincuente. Ese es un problema para el funcionamiento de la Policía y para la seguridad de los vecinos”, abundó el funcionario. Y puso como ejemplo un caso reciente, el de la mujer asesinada al salir de su casa en El Palomar. Relató que desde que está al frente de la cartera de Seguridad, hace menos de 10 meses, la Policía detuvo dos veces al presunto homicida: una vez se fugó y luego fue un magistrado el que lo dejó en libertad. “¿Cuántas veces tiene la Policía que apresar a un mismo delincuente?”, se quejó el funcionario, poniendo en valor la labor de los efectivos y soslayando una crítica al Poder Judicial y al Servicio Penitenciario.

En ese contexto, Ritondo pidió “trabajar para que los ladrones estén donde deben estar: presos” y pidió a los jueces que verbalicen lo que hace falta para que esto suceda. “Si hay que hacer nuevas leyes, que las pidan”, dijo ofuscado.

Tenemos sobrados ejemplos de lo que se da en llamar “puerta giratoria”, es decir un delincuente que entra y sale de la comisaría sin solución de continuidad, con el aval de jueces permisivos. La cuestión es saber por qué y revertir la dinámica: si es falta de espacio carcelario, construirlos; si es el Código Procesal Penal, que se vuelva a reformar; si es la connivencia entre delincuentes y autoridades judiciales y de seguridad, que se avance con los jury y las exoneraciones.  

Todo lo que se pueda solucionar con dinero, resulta barato. Por eso lo más fácil de resolver es la cuestión del alojamiento, por el bienestar de los actuales encausados, los futuros y para que deje de ser una excusa de los jueces para dejar delincuentes en las calles. Claro que hay que dejar de lado ese discurso demagógico, más redituable desde lo político, de que hay que construir escuelas y no cárceles. ¡Claro que hay que construir escuelas! Pero también cárceles, resulte simpática o no la propuesta. Hay que hacer las dos cosas, porque mientras se construyen las escuelas, perderemos más de una generación a manos de una delincuencia que escala en violencia y en drogas. Si consideramos que por año ingresan 1.600 delincuentes al Sistema Penitenciario (sin contar los que debieran pero los mandan a sus casas), es matemático que hay que generar las plazas para que no se tenga que hacinar gente ni hacer una selección aleatoria de cuál es el menos malo para dejarlo libre. Y en simultáneo, desde la cartera correspondiente, que se sigan levantando escuelas e incluyendo niños. Pero la foto del momento demanda con urgencia la protección de la actual generación en tanto las futuras estén siendo contenidas por el sistema. 

El Gobierno provincial comenzó por lo que, en definitiva, se puede solucionar con más facilidad: la compra de equipamiento. Según Ritondo, al hacerse cargo de la cartera los efectivos de la Bonaerense le manifestaron que contaban con un chaleco antibalas cada tres policías, que salían a combatir la delincuencia con armas descargadas por falta de municiones y que algunas de las armas que portaban eran una simulación ya que no funcionan desde hace 15 años. 

Es en estos temas en los cuales se comenzó trabajando, pero el camino es largo y lleno de emboscadas, ya que también están tratando de ir eliminando bolsones de corrupción que hay en la fuerza y eso ya no se trata de dinero sino de algo más complejo: las conductas, el recupero de los valores de la función que cumple la Policía. Una encuesta realizada esta semana demuestra que en la provincia de Buenos Aires el 79 por ciento de los consultados no confía en la Bonaerense. Y en vistas al descontrol con que se ha manejado esta fuerza en los últimos años, y los destapes de los negocios que se ha producido, no es para menos.

Destinar dinero (y controlar que llegue) para pertrechar a los policías, municiones para que se entrenen como es debido es lo más sencillo. Levantar cárceles o reacondicionar edificios públicos en desuso, como por ejemplo las dependencias militares, demorará un poco más. Pero el problema judicial, en cambio, es mucho más complejo. Sencillamente, porque tiene mucho de política. Y es allí donde nuestra dirigencia hace agua entre las pretensiones electorales, las alianzas y el lobby. Por aquello de cada dos años vamos a las urnas y todas las acciones se hacen más pensando en ese momento que en las necesidades de la gente. 

Hay magistrados que afirman que están cumpliendo con la ley. Y si analizamos nuestras leyes penales no podemos menos que afirmar que son duras. ¿Cómo entonces no las vemos aplicadas? La problemática está centrada en el Código Procesal Penal que permite –al día de hoy- una serie de liberalidades que terminan por morigerar, cuando no anular, los efectos de la ley. Al mismo tiempo los magistrados dicen que nuestras cárceles están sobrepobladas y no tienen dónde alojar los delincuentes.

Parece broma que siendo la mayoría de los legisladores provinciales abogados, no se pueda sacar del Parlamento bonaerense propuestas serias y consensuadas con la Justicia. La reforma que dejó la anterior gestión, que fuera aprobada, no fue puesta en vigencia y en cambio se le introdujeron modificaciones, puntualmente reduciendo los casos en que es avalada una eximición de prisión. ¿Tanto tiempo, idas y vueltas, puede demandar a nuestros legisladores introducir las actualizaciones necesarias para que los procedimientos se ajusten a la realidad que vivimos?  Vemos a veces proyectos tan alejados de la agenda de la gente y tantas declaraciones por la inseguridad golpeándose el pecho y señalando al Poder Ejecutivo, que no llegamos a entender bien de qué lado están algunos diputados y senadores.