Pascuas en casa: la banda que intentó saquear el súper, con prisión domiciliaria

El pasado martes 7 el titular del Juzgado de Garantías Nº 2, Julio Caturla, ordenó la medida para los nueve detenidos del hecho que se registró días pasados en el comercio ubicado en Siria al 1100, del barrio Acevedo. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2, a cargo de Francisco Furnari apeló la medida.

La medida morigeradora dictada por el titular del Juzgado de Garantías Nº 2, Julio Caturla, el pasado martes 7 de este mes dispuso la inmediata detención domiciliaria de los nueve detenidos por el intento de saqueo al supermercado chino ubicado en calle Siria al 1100.

Los detenidos, que se encontraban cumpliendo la restricción a su libertad en los calabozos de la Comisaría Tercera, habían planteado su excarcelación por entender que la calificación legal debía ser otra en razón de que no se encontraba probada la participación de un menor de edad en el hecho. Así también, argumentaron que la mayoría de ellos no poseía antecedentes penales condenatorios y que su libertad en nada perjudicaría la continuidad de la acción penal.

Dicho planteo fue elevado al Juzgado de Garantías Nº 2, que resolvió el rechazo de la excarcelación en una resolución de cinco páginas, pero les concedió la medida de que continúen con el arresto en sus hogares.

Excarcelación no

En los fundamentos de su fallo, Caturla reafirmó la calificación legal planteada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 a cargo de Francisco Furnari (robo agravado por ser en poblado y en banda y por la participación de un menor de edad) cuya pena máxima dispuesta por el Código Penal es de 15 años de prisión.

A su vez, rechazó el planteo de la defensa de excarcelar a todos los imputados entendiendo que el hecho investigado fue cometido de manera violenta por un grupo numeroso de personas, en violación al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020.

Así también, el titular del Juzgado de Garantías Nº 2 entendió que la conducta de los imputados fue desplegada en un local comercial en el que se venden alimentos y otros elementos esenciales de primera necesidad para la población bajo las circunstancias del mencionado confinamiento social obligatorio y que la actitud de los detenidos en el intento de saqueo hace presumir que se encuentra latente el peligro de fuga.

Detención domiciliaria sí

No obstante este razonamiento, Caturla entendió que sí se encontrarían dadas las condiciones para que los imputados gocen de una medida morigeradora de la restricción de la libertad, considerando la detención domiciliaria para cumplir el confinamiento decretado. Es así que los detenidos hoy cumplen el arresto en los domicilios informados en el expediente, con controles periódicos por parte del personal policial de la Comisaría Tercera.

Apelación fiscal

Ante esta medida, la Fiscalía Nº 2 presentó nueve recursos de apelación (uno por cada imputado) en los cuales cuestionó fuertemente la detención domiciliaria de los implicados en el intento de saqueo del supermercado ubicado en barrio Acevedo.

En los planteos, el fiscal sostuvo que los peligros procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación siguen latentes y que nada indica que puedan evitarse por aplicación de una detención domiciliaria de difícil control por parte de las fuerzas policiales, entendiendo que las mismas se encuentran recargadas por los procedimientos de control ciudadano (por la cuarentena) a lo largo de toda la ciudad.

Por otra parte, Furnari manifestó que con la interpretación efectuada por el juez se afectó notoriamente la pretensión futura de la Fiscalía de solicitar pena de prisión de efectivo cumplimiento, pues al encontrarse el imputado gozando de una medida de coerción morigerada, difícilmente se pueda revertir dicho estado en una etapa posterior ante una hipotética sentencia definitiva condenatoria.

A su vez, el fiscal considera que se otorgó un beneficio de excepción a todos los imputados sin que se haya oído previamente al Ministerio Público Fiscal, instancia que impone la Ley. También hace constar en el escrito los domicilios no fueron certificados ni se solicitó de ellos un informe socioambiental para considerar las condiciones de habitabilidad de las moradas, la posibilidad de acceso a sustancias prohibidas, relaciones vecinales, efectiva contención familiar y proclividad delictiva de los imputados.

Es por dichos fundamentos que Furnari advierte sobre el peligro de una decisión jurisdiccional sin estas previsiones e informes periciales, que la tornan de compleja efectivización.

Uno caminando

Horas después de cumplida la medida ordenada por el titular del Juzgado de Garantías Nº 2, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) pudieron constatar que uno de los imputados recientemente enviado a su domicilio para cumplir allí la restricción impuesta se encontraba caminando en las inmediaciones de las calles Agustín Alvarez y Fernández Blanco y procedieron a su inmediata aprehensión.

De esta manera, el imputado en cuestión no solo desobedeció la orden impuesta por Caturla -que dispuso el cumplimiento de su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario-, sino que además con su accionar violó las condiciones y obligaciones impuestas en dicha modalidad de detención.

A este sujeto se le formó una nueva causa por el delito de Evasión y fue indagada por la Fiscalía Nº 1 en turno.

Ante dicha situación resta esperar el temperamento que tomará Caturla respecto de la posibilidad de revocar el beneficio otorgado a este imputado en particular.

Hecho de marras

El lunes 30 de marzo, cerca de las 14:00, un grupo de entre 10 y 20 personas intentaron saquear un supermercado ubicado en Siria al 1100.

Es así como los sujetos de entre 18 y 29 años irrumpieron en el comercio y dentro del inmueble se enfrentaron a dueños y empleados. Como consecuencia huyeron llevándose la caja registradora y una moto que estaba sobre la vereda.

Con un rápido accionar del Ministerio Público Fiscal y un despliegue de más de 200 hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comandados por el propio ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, se efectuaron más de 12 allanamientos en menos de 12 horas de producido el hecho y se aprehendió a un total de nueve personas (siete hombres y dos mujeres) implicadas en el hecho.

Días posteriores a las aprehensiones, la Fiscalía solicitó la conversión de las mismas en detenciones efectivas, cuestión que fue resuelta favorablemente por el juez Caturla.

En los allanamientos, la policía secuestró prendas de vestir y calzados que habrían sido utilizados por los imputados al momento de cometer el ilícito; también, un teléfono celular, una importante suma de dinero en efectivo y una moto.

“Mientras nosotros hacemos un esfuerzo, estos delincuentes intentan generar este tipo de acciones que no solo están caratuladas como un robo, con la agravante de haber sido en banda, sino que también violaron la cuarentena”, afirmó Berni en la conferencia de prensa ofrecida el día después a este lamentable hecho que conmovió y generó temor en toda la población, además de haber tenido gran repercusión mediática nacional y además remarcó que “este hecho no solamente es caratulado como un robo sino que además tiene el agravante de haber sido un robo en banda, de haber utilizado menores para llevarlo adelante y además violando la cuarentena, por lo tanto me parece que tienen para rato”.

Aunque sobran las palabras para definir lo que la medida del juez causará en una parte de la sociedad, también se deberá esperar la respuesta de Berni sobre las últimas noticias sobre que significaría “tienen para rato”.