Pagar con dinero el daño de la fiesta en Olivos no remedia el dolor causado

La aprobación por parte de la Justicia de la oferta de conciliación del presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez para cerrar con el pago de una donación la causa iniciada por el festejo de un cumpleaños en la quinta presidencial de Olivos en plena cuarentena, volvió a poner el tema de esa celebración en el centro de la escena y a tocar una fibra sensible de la sociedad que no olvida lo ocurrido, ni lo disculpa.

Cuando se conoció la noticia de que la Justicia había dado su aprobación a la oferta de reparación del daño formulada por la pareja presidencial -que consiste en el pago de 1,6 millones de pesos por parte de Alberto Fernández y de 1,4 millones por parte de Yañez, lo que totaliza 3 millones de pesos-volvió a abrir una cuestión que había quedado solapada por otras urgencias.

Según se estableció este dinero deberá ser destinado a instituciones hospitalarias dedicadas a la lucha contra el coronavirus y, una vez cumplidos los términos del acuerdo, tanto el mandatario como su pareja serán sobreseídos de la causa que se les inició. La aceptación judicial también abre la posibilidad de que otros participantes del festejo transiten el mismo camino hasta finalmente quedar desvinculados de lo que se transformó en un verdadero escándalo que lesionó la imagen presidencial por lo que significó que su propia familia y él mismo transgrediera los términos de un decreto de necesidad y urgencia que había impuesto bajo el argumento de "proteger a los argentinos de un enemigo silencioso como el Covid-19".

Tal vez por el daño social que causó lo ocurrido, por el fuerte impacto que tuvo en la opinión pública en términos simbólicos y por la idea que se tiene de la Justicia de que siempre termina siendo funcional al poder, es que el carácter ejemplificador que podría tener esta medida- de tener que pagar en términos económicos para remediar un mal causado a otros- no es leído como tal. Y por el contrario, fastidia a la misma sociedad a la que se le mintió en la cara leer que para afrontar ese compromiso la pareja presidencial evalúa solicitar un crédito por cuanto en su patrimonio no cuentan con esa suma de dinero.

El argumento suena inverosímil y es tomado por la sociedad más bien como un golpe de efecto en el intento por mostrar austeridad. Esto sucede porque lo que está dañada es la confianza, ese valor intangible tan necesario para el ejercicio del poder. La fiesta en Olivos fue un hecho que no resultó menor y aunque trató de minimizarse, caló hondo en una sociedad afectada por un profundo dolor social causado por la pandemia. Transcurrido el tiempo, y con las consecuencias de ese momento trágico de la historia reciente expresándose aún en las distintas dimensiones de la vida diaria, leer o escuchar que para saldar el error grosero de haber violado la cuarentena organizando una fiesta de cumpleaños hay que recurrir a un préstamo, vuelve a lesionar una fibra sensible de una sociedad que no admite más dramatizaciones de realidades que no existen. La opulencia del poder es lo suficientemente grande como para esto. Y los fundamentos esgrimidos resultan una cachetada para tantas personas que teniendo que afrontar compromisos económicos de cualquier índole, ni siquiera tienen acceso a la posibilidad de calificar para un crédito.

No alcanza con exhibir declaraciones patrimoniales, ni con mostrarle a la sociedad la trama de un juego judicial en el que se pretende que la causa quede finalmente cerrada y el tema desaparezca de la agenda pública y de la memoria de los argentinos. 

El festejo de aquel cumpleaños, las fotos que trascendieron y las implicancias públicas que tuvo este hecho afectaron a la sociedad en un momento sumamente complejo. Y eso no podrá ser olvidado fácilmente, porque que el presidente, su familia y sus amigos hayan vulnerado el confinamiento cuando el conjunto de la sociedad argentina estaba transitando el momento más duro del confinamiento, es algo que va más allá de cualquier resarcimiento. 

No hay reparación económica que subsane lo ocurrido en Olivos, porque lo que se lesionó fue el lazo que se había tejido para afrontar quizás uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. Y lo que quebró esa alianza fue el modo en que el poder le mostró a la sociedad que era capaz de hacer cualquier cosa, incluso de transgredir con hipocresía las propias normas que dictaba. Hoy que la compensación económica aparece como herramienta para subsanar el error, la estrategia que intenta mostrar al presidente como a cualquier ciudadano de a pie preocupado por el modo en que conseguirá el dinero para saldar esa deuda, no resulta el camino más apropiado, porque una vez más la cuestión no suena a verdad. 

La pandemia causó un dolor social sin precedentes y este tema abre esa herida. Esto es algo que en medio de disposiciones judiciales y acuerdos que deben homologarse, no debería olvidarse. Para actuar con mayor mesura, quizás en el silencio respetuoso, sin las grandilocuencias a las que está acostumbrada la política. Más bien con ese atributo del respeto que tanta falta le hace a la sociedad y que tan ausente está siempre, al momento de pedir disculpas y también al enmendar el daño.

Las víctimas de la Covid-19, la titánica realizada por el personal de salud, el esfuerzo denodado de pequeños comerciantes y grandes empresas, el sufrimiento silencioso y anónimo de tantas familias, exigen de quienes tienen el poder, abandonen por fin cualquier privilegio; y lo hagan genuinamente, porque una mera recompensa económica no repara la confianza, ese valor que se construye con coherencia y ese atributo que últimamente en política, falta.