No más a los subsidios para “todos y todas”

Ante todo, vale la aclaración: no se trata este artículo de una apología antisubsidios ni de un manifiesto propugnando su eliminación, sino todo lo contrario.

Como alguna vez hemos planteado que sucede en este país con algunos términos que gozan (o padecen) de mala fama, el subsidio no es una política negativa per sé. Es más, son necesarios, porque bien implementados pueden servir para reactivar algún sector de la economía, en función de un plan estratégico del país. También es el modo de equiparar el acceso a los servicios y las prestaciones a todos los habitantes y a lo largo de todo el territorio. Es aceptable y deseable que se apoye el transporte público de pasajeros, ya que se trata de un medio de transporte utilizado mayormente por asalariados y estudiantes. Es más discutible, en términos de desarrollo, subsidiar indiscriminadamente los servicios, como se ha venido haciendo, porque con los millones que se destinan a estas ayudas terminan siendo puestos y beneficiados, en un mismo grupo, quienes lo necesitan y quienes no, todo a costa del Estado profundizando un déficit fiscal que no nos permitirá terminar con la inflación ni sincerar la economía. 

El crecimiento del gasto en subsidios supera en mucho la suba de la recaudación impositiva. Por ende, de no mediar un ajuste en las tarifas y precios controlados, el gasto en subsidios será difícil de manejar.

Fíjese el lector que financiar a los colectivos, los trenes y los aviones argentinos representó un cheque diario de 154 millones de pesos. La cuenta final sorprende por lo abultado. En este año la Argentina habrá abonado un costo de su sistema de transportes de alrededor de 56.000 millones de pesos. El importe terminará por ser el doble de lo que tuvo presupuestado para todo el año el Ministerio de Salud, 25 veces el de Cultura, prácticamente lo mismo que el de Educación o 22 veces el de Agricultura. Su magnitud equivale a un 110 por ciento de lo que el país destinó a la cartera de Seguridad y alrededor de 30 más que el total que fue al de Defensa. 

Lo mismo que la política de fijar tarifas y precios inferiores a los valores de mercado genera una mayor demanda dado que las cantidades que desean los consumidores de un bien o servicio se incrementan por el menor precio. En España, por ejemplo, el costo de la electricidad o mejor dicho, su incidencia en la economía familiar es tan alto, que muy escasamente se encontrará en una casa un aparato de aire acondicionado. Ni siquiera en las localidades más calurosas. Y tanto ha calado el uso racional de la energía en función de lo costoso que es, que ni quienes tienen los recursos la utilizan en demasía. Por el contrario en nuestro país, especialmente en el área metropolitana, culturalmente se utiliza más de lo necesario por lo ficticiamente económico que resulta con el agravante de que, por no pagarse su costo real, no se han realizado las inversiones necesarias para que la generación sea suficiente.  

Dicho eso, no hay que dejar de tener en cuenta que si no existieran los subsidios habría sectores impedidos del consumo mínimo. La solución estaría en un punto intermedio en el que los beneficiarios sean los sectores de menores ingresos, los que realmente necesitan la ayuda. Y no un colectivo de “todos y todas” donde se termina subsidiando el gas y la luz a los que más tienen, que al fin más gastan, en detrimento de los que menos tienen.  Desde el punto de vista regional, los subsidios destinados a la energía y transporte benefician más que proporcionalmente a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense en comparación con los del resto del país, donde las necesidades son mayores. En Pergamino, sin ir más lejos, nunca gozamos de los subsidios tan importantes que tuvo el distrito metropolitano en energía y transporte, y lo mismo sucede en el resto de las provincias del interior. 

Lo que preocupa es ver que tras la fachada de una “aceptación” de grandes sectores sociales respecto de que hay que modificar radicalmente el sistema de subsidios, para que lleguen a quienes lo necesitan, los sectores que tienen mejor pasar se resisten a este sinceramiento tarifario. Así nos encontramos con hogares con ingentes gastos por servicios (y aparatos) de telefonía celular, entretenimiento digital, viajes al exterior y demás bienes y servicios considerados suntuosos que despotrican por tener que pagar por los servicios públicos su real valor, sin subsidios. Porque, al fin, en la Argentina nos hemos acostumbrados a recibir, todos, los beneficios que deben ser para los que realmente lo necesitan. Y es así como nadie se despeina por recibir la luz o el gas subsidiado, mientras viaja al exterior una vez al año, al menos. Tal vez por el “ahorro” que les permite no abonar lo que debieran, porque la realidad es que hay sectores que nunca debieron ser beneficiados.

De este jolgorio de subsidios indiscriminados urgen en gran medida los problemas de energía que hoy tenemos y el creciente déficit fiscal.

Claro que como política de Estado “simpática” se aplicó durante todo el kirchnerismo este sistema perverso en el cual en el distrito porteño se pagaba bimestralmente de luz lo que vale un atado de cigarrillos (50 pesos). Al sector de más altos ingresos y al de más bajos también. Y precisamente nos hemos acostumbrado a vivir con servicios casi gratuitos, los que al fin pagamos todos con el enorme déficit fiscal que genera regalar servicios a quienes pueden pagarlos y deben hacerlo.

El haber fogoneado una sociedad que se acostumbró a la gratuidad de los servicios, ha sido quizás la verdadera pesada herencia de la que tanto se habla porque nos culturizó a no pagar lo que se consume, en el absurdo de pensar que los servicios los debe pagar el Estado, ignorando que el Estado somos al fin todos nosotros que pagamos con inflación este sistema perverso de subsidios.

Los beneficios deben existir, eso no está en discusión pero deben estar acotados a los que realmente lo necesitan, familias con carencias que gastan poco más de 100 kilovatios mensuales, por ejemplo, si nos fijamos en la energía. Y deben llegar directamente a esos sectores y no indiscriminadamente a todos. Justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo, reza un presupuesto del derecho y nunca mejor bien aplicado que en este caso.

Los servicios se deben acordar en su valor por zona, por el tipo de industria que se tiene en cada región (si son electrodependientes por ejemplo), por razones de necesidad económica. Este es el estudio serio y concienzudo que debe hacer el Gobierno para que el subsidio sea establecido en función de la necesidad.

En definitiva, el sistema de subsidios en Argentina exhibe graves fallas que tienden a volverlo insostenible desde el punto de vista de las cuentas públicas. Sin dejar de lado que estos beneficios indiscriminados no propician la inversión en esos sectores y es así como nuestro país se desfinanció y hoy debe comprar energía cara al extranjero, habiendo perdido la soberanía energética hace cuatro o cinco años. Esto impone la necesidad de un cambio para establecer sistemas de subsidios y regulación tarifaria para hacer una estrategia sostenible en el tiempo, asegurando tasas de reinversión adecuadas y favoreciendo a los sectores de menores ingresos.

No es imposible, se debiera acordar un sistema de transferencias hacia los usuarios teniendo en cuenta su capacidad de pago y así corregir la distorsión de precios que existe, además de aliviar la restricción presupuestaria del Gobierno que debe desembolsar grandes sumas para subsidiar la energía y el transporte.