No a la impunidad como garante de la paz social

Como respuesta agónica a la causa Vialidad y la acusación a Cristina Kirchner, el oficialismo puso en práctica un peligroso operativo clamor para alinear a la tropa. "Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar", fue el slogan que acompañó una especie de 17 de octubre kirchnerista que se extendió por días, hasta que ocurrió el repudiable y evitable atentado, y que hoy continúa con otras aristas, con el penoso objetivo de exhibir a la impunidad como garante de la paz social.

Esa frase que repitieron en la última semana militantes, políticos, actores y hasta periodistas refleja también la visión que tiene el kirchnerismo de la división de poderes. Al Gobierno no le importan los procesos judiciales. Tampoco le importa que el encendido, contradictorio y poco claro discurso que Cristina dio por streaming no tenga validez legal. Al kirchnerismo le importa la calle para condicionar al Poder Judicial que, dicho sea de paso, fue en su mayoría nombrado y armado con jueces y fiscales nombrados por el propio kirchnerismo. 

Con este escenario de fondo, en la noche del jueves Cristina Kirchner fue víctima de un intento criminal repudiable (al que sobrevino un feriado inexplicable).

Los interrogantes son superiores a las certezas, pero más allá de especulaciones, cabildeos e incertidumbres, lo que corresponde es condenar sin atenuantes y sin vacilaciones lo sucedido en la esquina de Juncal y Uruguay de Buenos Aires. Fue grave, desde todo punto de vista.

Repudiar e investigar es lo que corresponde. Los repudios ya se han hecho conocer; corresponde ahora saber qué hay detrás o delante de este episodio criminal. ¿Un loquito suelto? ¿Un loquito manipulado? ¿Las consecuencias sociales de un clima político confrontativo?

Por lo pronto, y sobre la base de una información incompleta, debemos relevar lo que sucedió en la esquina de la casa de Cristina. Lamentablemente no hay cámaras, porque el kirchnerismo, como consecuencia de los conflictos devenidos alrededor de su vigilia de apoyo y cuidado a la líder, exigió que se retiren las cámaras. No concluyen allí las torpezas: la seguridad de la vicepresidenta estuvo a cargo de sus custodios oficiales y la Policía Federal dirigida por Aníbal Fernández. Pero cerca de ella, solo estuvieron los dos "anillos" de protección compuestos por militantes de La Cámpora, quienes siempre se han atribuido el rol de custodios afectivos de la compañera o la jefa, pero que de capacitación y efectividad carecen, a todas luces, al menos en cuanto a lo que protección de un mandatario se refiere. Cabe señalar en este punto que la manera de realizar esta tarea está protocolizada a nivel mundial y que cada país incorpora sus particularidades hasta plasmar un procedimiento que debe aplicarse a pie juntillas, tanto en las actividades rutinarias como en los eventos de excepción como el del jueves. Pues que la vicepresidenta, desde siempre, rechazó tales pautas normadas y se movilizó bajo sus propios criterios de seguridad. Así fue que ni los custodios de Presidencia ni la Policía Federal se enteraron de nada. También pertenece a lo real que la Policía Metropolitana estuvo ausente, no por voluntad propia sino porque así lo exigieron los kirchneristas.

Los antecedentes de Fernando Andrés Sabag Montiel alientan la hipótesis de que se trata de "un loquito suelto", uno de esos marginales que merodean entre las cloacas de la extrema derecha religiosa, esotérica, mesiánica. En la Argentina, y en general en el mundo, estos enajenados existen. No son muchos, pero son. ¿Alguien pudo haberlo alentado para asesinar a la vicepresidenta? No lo sabemos, pero estos personajes en más de un caso no necesitan que los alienten demasiado para satisfacer sus pulsiones y delirios. Lo sucedido es serio, los repudios han sido absolutos y todo pareciera indicar que no estamos ante una organización política con objetivos terroristas. No hay indicios tampoco de que estemos ante una operación de los servicios de inteligencia o algo parecido. Los hechos se encargarán de confirmar o no esta hipótesis. 

Tan importante como condenar lo sucedido es no sobreactuarlo. Felizmente no hubo muertos que llorar ni magnicidios que lamentar. Pasó lo que pasó, o lo que no pasó, y punto. Esperemos que los responsables de investigar sean más eficaces que los que fueron a la hora de proteger a Cristina. 

La importancia, trascendencia y gravedad de un hecho como el del jueves no necesitan ni merecen una sobreactuación. Justamente lo que el peronismo está haciendo desde que ocurrieron los hechos. Empezando por el presidente y su declaración de un feriado. Acto seguido las diatribas contra periodistas y políticos opositores. 

"El clima de odio", así, en términos generales y mirando hacia un único punto cardinal como generador. ¿A qué se refieren? ¿Al dictamen del fiscal Luciani? ¿A las declaraciones de los dirigentes opositores respecto de sus críticas a las pretensiones de impunidad sobre los episodios de corrupción? ¿Al impiadoso ajuste económico? Pues en una democracia los reclamos por justicia no tienen nada que ver con el odio.  

También se escucharon sobreactuaciones con argumentos de conspiración. Si hubiera un oculto y poderoso centro de poder que ordenó matar a Cristina los resultados habrían sido más trágicos. 

Conviene recordar que no es la primera vez que un desequilibrado intenta matar a un expresidente. El 23 de febrero de 1991, acá nomás, en San Nicolás, un señor de apellido Abdala, que alguna vez fue gendarme, intentó disparar contra Raúl Alfonsín. Esto ocurrió en un acto público de la UCR, en el marco de una campaña electoral con motivo de los comicios legislativos de ese año. Lo sucedido entonces fue grave y también merece calificarse de intento de magnicidio. Políticos opositores y oficialistas expresaron la solidaridad a Alfonsín, pero allí concluyó todo. Ni victimizaciones, ni feriados nacionales y mucho menos imputaciones a los adversarios de la UCR. Fiel a su estilo, Alfonsín lo tomó con calma. "Estoy acostumbrado a las amenazas y las tomo como tales". Toda una lección. No pretendió manipular lo sucedido a su favor; no intentó obtener beneficios políticos o institucionales. Exactamente lo opuesto a lo que está haciendo el peronismo en estas horas. 

Volviendo al atentado a Cristina Fernández, ningún dirigente político opositor celebró lo sucedido y ningún periodista aprobó la criminal intentona. Pero es dable señalar que tampoco Luciani va a retirar su dictamen; que los periodistas que investigaron la gestión kirchnerista no se desdecirán de sus palabras y debemos creer que los jueces que deben juzgar a la actual vicepresidenta no sopesarán lo ocurrido el jueves a la hora de emitir su fallo. Víctima de un atentado, sí. Indultada por ello y en pos de una pretendida paz social, no.