Ninguna igualdad ante la ley

En su momento pasó por la cabeza del menemismo, la presidenta Cristina Kirchner lo anunció en su gestión, ahora se vuelve sobre el asunto, pero jamás se logró la igualdad tributaria en la Argentina. 

Del mismo modo que no hay igualdad penal ante la ley, ya que por ejemplo, los “fueros” que fueron creados para proteger a los legisladores de persecuciones políticas, hoy se utiliza para ayudar a eludir delitos de funcionarios, generando una diferencia importante entre el ciudadano común y los parlamentarios, a la hora de someterse a la Justicia. La misma inequidad se produce en términos impositivos: los miembros del Poder Judicial (no sólo los jueces) no pagan impuesto a las ganancias, como cualquier argentino que gana más de 30 mil pesos debe hacerlo.

Pero la resistencia en anteriores gestiones, como mencionábamos, y en la actual, es absoluta, el Poder Judicial se cierra en su caparazón y nunca se ha podido perforar esa protección.

Ante una nueva embestida del Poder Ejecutivo que, como los anteriores jefes de Estado, se ha pretendido que los judiciales antes que jueces o funcionarios se consideren ciudadanos, comenzó la dura resistencia.

Hace unos días, convocados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, representantes de todos los ámbitos de la Justicia rechazaron la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios del Poder Judicial. El encuentro fue celebrado a puertas cerradas en uno de los salones de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia. “El salario no es ganancia”, decían los volantes de las menores escalas judiciales. 

Lorenzetti abrió el encuentro y explicó el motivo del mismo, dado el debate en el ámbito político sobre el no pago de Ganancias por parte de los jueces. De acuerdo con las fuentes, todos coincidieron en el argumento constitucional que establece la “intangibilidad” de los sueldos de los jueces. Y que eso no es en beneficio propio sino de toda la sociedad en función de la independencia de la Justicia. 

A partir de este encuentro se ha planteado la conformación de una comisión de trabajo que reúna a un representante de todos los sectores involucrados con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Garavano ya se había expresado públicamente a favor de que los jueces paguen Ganancias, como dijo la semana pasada. 

Y no todas son palabras, la acordada 20/96 emitida por la propia Corte al respecto durante el menemismo (1996) y cuestionada por el kirchnerismo sigue en pie. En esa acordada, la Corte declaró la “inaplicabilidad” de la ley 24.631 para jueces y funcionarios judiciales. Esa ley modificó los tributos a las Ganancias, al Valor Agregado (IVA) y a los Bienes Personales.

Se harán comisiones, se debatirá el tema, sobre el que hay una enorme cantidad de bibliografía, se han escrito ríos de tinta, pero veremos si en el plano práctico se logra que la Justicia se sume a pagar Ganancias.

En términos legales, el Parlamento ya ha determinado que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias, pues es el Poder que tiene la facultad de determinar quiénes son los actores de la sociedad que están o no exentos de pagar impuestos, de modo que una acordada es lo que mantiene exentos a los jueces, quienes a su vez se amparan en la Constitución Nacional que establece que el sueldo de los magistrados es intocable. 

Es decir que la retribución de los magistrados no pueda ser disminuida por un acto gubernamental de carácter impositivo. En los Estados Unidos de América, no fue sino hasta el año 1939 en que la Corte Suprema en el caso “O’Malley v. Woodrough”, en un fallo dividido, sostuvo la constitucionalidad de la Ley que gravaba con el impuesto a los réditos el salario de los jueces designados con posterioridad a su sanción. La idea, en este caso es reconocer que los jueces son ciudadanos y que por cumplir funciones en la Justicia no implica inmunidad para compartir las cargas sociales para sostener al Estado.

En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó la cuestión por primera vez en el caso “Fisco Nacional c. Rodolfo Medina” (1936). Integrada por conjueces, por la excusación de la totalidad de los ministros que la integraban, declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias en cuanto gravaban el sueldo de los jueces federales. Desde aquella época a la actualidad se considera ilegal aplicar el Impuesto a los magistrados.

Aquí, como sucede con los fueros, una norma nacida para proteger a los magistrados de las arbitrariedades del Poder Ejecutivo, termina utilizándose de manera impropia. Porque la calidad de ciudadanos es la misma para un juez que para un hombre de a pie, ambos pueden ser juzgados, condenados o absueltos en la cuestión penal, del mismo modo que debieran pagar los mismos impuestos que el resto de la sociedad en función de sus ingresos. 

Es bien cierto que nuestra Constitución establece la “intangibilidad” del salario de los jueces, una suerte que no tienen el resto de los asalariados del país y que es posible que dada la delicada tarea que cumplen, la medida tenga asidero. Más si se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo podría intentar “disciplinar” al Poder Judicial, restándole fondos al presupuesto.

Sin embargo la problemática que tenemos entre manos es muy distinta, no se le está restringiendo los fondos a la Justicia, no se le está rebajando el sueldo a un magistrado, por el contrario han recibido el incremento correspondiente a este año. Lo que se busca es la equidad tributaria, que si hay que hacer un esfuerzo lo hagan todos los ciudadanos que ganen más de treinta mil pesos. Para ponerlo en términos prácticos: si a un trabajador con familia e hijos se le aplica el gravamen perjudicando gravemente su economía doméstica porque a veces gana apenas más de treinta mil pesos, cómo no  pedirle el mismo esfuerzo a un magistrado federal que tiene un muy buen pasar y no aporta nada al Estado.

Otro es el debate que se planteó en la reunión realizada hace unos días en la Corte Suprema: si el salario es ganancia. En este caso también hay bibliografía de un lado  y de otro de la biblioteca. Pero la equidad tiene que ver con que todos paguen ganancias o el impuesto sea considerado ilegal. Como esto no ha sucedido, es de “justicia” que la Justicia pague ganancias.