Muchos responsables y un solo tipo de víctimas

La inseguridad es, como la inflación, un flagelo que no cede, por el contrario se acrecienta. Las modalidades suelen rotar y así, las mismas bandas que ayer eran robacoches, hoy son secuestradores exprés.

El problema no es el delito en sí mismo porque es impensable que no exista la delincuencia en cualquier país del mundo que pongamos bajo la lupa, el asunto es la respuesta del Estado frente al incremento de la inseguridad. En este sentido, la ineficaz prevención y la laxitud de una Justicia que se nutre de leyes que han quedado obsoletas son dos frentes de batalla derrotados en esta guerra sin cuarteles.

Ayer desayunamos con un dato duro de esta realidad, tan preocupante como espeluznante: a nivel nacional hay 25 mil condenados que se encuentran prófugos de la Justicia, porque se escaparon de los penales, o se escondieron antes de recibir la pena (durante el juicio) y los más que se aprovecharon de la libertad transitoria y no volvieron a la cárcel a cumplir el resto de la condena. Hay un ejemplo de estos días que se ajusta a esta información revelada, que muestra las implicancias sociales más allá de la situación de tener a personas que evadieron su castigo: Jonathan Luna tuvo salidas transitorias el año pasado y jamás volvió a la cárcel a terminar su condena. Estando a solo 100 kilómetros del Penal, nadie lo buscó jamás, ni la Policía ni la Justicia. Mientras tanto, asesinó a Macarena, una niña de 12 años, al tiempo que tenía en vista a varias más, desde una página de Facebook donde fingía ser otra persona.

La cifra de prófugos es oficial, la reveló la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y para ser concretos y no llamarnos a engaño: a los prófugos en la Argentina nadie los busca. Viven tranquilamente con otras identidades o los menos han pasados las fronteras que, como se sabe, son muy extensas en nuestro país y nadie las cuida. Y la Policía no los busca porque nadie controla que lo hagan, ni se lo exigen, de modo que es una tarea que directamente no se cumple.

Estamos frente a muchos casos de violadores, narcotraficantes, asesinos con penas de hasta 30 años de prisión, que terminan en penales de mínima seguridad y aprovechan la primer salida transitoria y no vuelven más. Así de simple, de sencillo. Ya que ante una fuga los jueces mandan oficios y los policías se limitan a clavarlos en un pizarrón. Obviamente que hablamos de casos comunes, que involucran a hombres y mujeres de a pie, porque cuando un delito se hace mediático, tanto jueces como policías no escatiman esfuerzos ni recursos, porque saben que la sociedad lo está mirado. Por ejemplo, por la causa de la Ruta de la Efedrina: los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci, fueron buscados hasta bajo la tierra y recapturados.

Fue precisamente esta fuga espectacular y rodeada de tantas sospechas lo que puso sobre la mesa el problema de los prófugos y de allí que se tomó la resolución de crear el Comando Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre), organismo que una vez en funcionamiento pleno quedará bajo el mando de la subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, dependiente de Eugenio Burzaco.

La problemática de los prófugos tiene dos etapas: primero los tribunales. Jueces garantistas que favorecen a quienes pueden financiar los argumentos necesarios para eludir a la Justicia. Igual beneficio se advierte en el reparto indiscriminado de salidas transitorias de las cárceles. Los pocos condenados que regresan a dormir a sus celdas lo hacen después de haber salido a robar, a asesinar o a violar. Garantías deben existir, claro que sí, para los encausados pero sobre todo para las víctimas reales y las potenciales. Fijémonos lo que sucede con la violencia intrafamiliar: todas las garantías de proceso para el acusado terminan siendo el preludio de una nueva mujer asesinada. Porque el susodicho no se rehabilita por pasar unas horas en comisaría y al recuperar su libertad en tanto se sustancia su causa, el objeto de su ira sigue allí, indefensa y sin garantías. En este punto las estadísticas nos avalan: las salidas transitorias sirven para que huyan o cometan delitos y vuelvan a la cárcel como si nada. 

Decimos garantistas y no sería quizá la palabra justa, porque la garantía de defensa en juicio todo argentino la tiene, sin embargo hay aspectos discrecionales donde se distorsiona el sentido de la ley, otorgando al reo beneficios que se han establecido para casos puntuales a todos los procesados o condenados. Y es en esta laxitud, en este desapego al cumplimiento estricto de las normas en que se inscriben los fugados, los reincidentes eternos (que no sabemos, al fin, por qué estaban libres) y el aumento de la inseguridad.

La otra “pata” en la cuestión de los prófugos depende de los policías que, salvo honrosas excepciones, no salen a buscar a nadie. En la Argentina los prófugos se mantienen porque no hay quien los persiga. Si vuelven a caer es por casualidad, o porque reinciden en el delito y tuvieron la mala suerte de que fueran pescados. Los patrulleros bonaerenses, por caso, ni siquiera tienen terminales electrónicas para chequear las huellas digitales de las personas a las que pretenden identificar, por lo cual si algún prófugo les presenta un DNI falso y ese documento no registra impedimentos, los dejan libres sin saber que en realidad es un delincuente con un documento apócrifo.

No estamos diciendo nada que la Justicia y la Policía no sepan, pero la realidad es que “saber” no es lo mismo que “actuar” y acá no necesitamos más diagnósticos sino un cambio de conducta clara en los responsables de hallar una solución a esta problemática.

Hace unos días por ejemplo, el intendente Javier Martínez afirmó que en Pergamino el 80 por ciento de los delitos son perpetrados por una veintena y que se sabe quiénes son. Ante un hecho, es común también escuchar a algún efectivo decir que reconoce de inmediato al autor por la modalidad empleada o la zona en que ocurrió. El problema es el desaliento que implica para la fuerza ver que a poco de ser capturados, ganan la calle nuevamente.  Es por eso que ni la Policía parece ya querer perseguirlos porque son eternos reincidentes y la Justicia, evidentemente, les permite esa entrada y salida permanente. Es así como la ciudad está plagada de motochorros, muchos de ellos fácilmente detectables, ladrones de entraderas y salideras, y vendedores de drogas. En realidad, según dice nuestra máxima autoridad, no son tantos sino los mismos, siempre.

También se inscribe en esta problemática la cuestión de la minoridad que, desde hace ya muchos años, se utiliza para concretar delitos, con adultos que los utilizan por detrás, al solo efecto de que no cumplan condena por su condición de poca edad. La protección que la ley le da a la minoridad es usada, lisa y llanamente, como una etapa de aprendizaje del delito.

De este modo hay vecinos que no guardan ninguna expectativa como para presentar una denuncia porque afirman que, de un modo u otro, o porque la Policía no les responde concretamente o porque si los apresa la Justicia los deja libres rápidamente, sienten que nunca se logra el objetivo. Cuando se trata de menores los que cometieron el ilícito, directamente saben que entran y salen sin penalidad alguna.

Entre prófugos, los que se encuentran con magistrados benévolos, los que se abusan de policías venales, daría la impresión que las cárceles están llenas de delincuentes que tuvieron mala suerte.

Alguna vez los argentinos en general y los pergaminenses en particular queremos ver cambios de conducta en nuestras autoridades en todos los poderes del Estado, en la Justicia, en la política y en las fuerzas de seguridad. Porque las responsabilidades en esta problemática de la inseguridad es compartida por diversos actores. En cambio la víctima es siempre la misma: el hombre de la pie, el pequeño comerciante, la familia de a la vuelta de nuestra casa, la señora que sale a hacer los mandados con la cartera, los chicos que salen en bicicleta o con mochila o con celular. Los ancianos que viven solos, las jovencitas que son pasibles de violencia de género.

Muchos responsables para un solo tipo de víctimas.