Más transparencia por menos corrupción

Una de las obligaciones de todo gobierno es contar lo que hace y cómo lo hace. Se trata, simplemente, de exhibir con transparencia cómo se ha utilizado el dinero, en este caso de los contribuyentes. Es una práctica que va de suyo cuando alguien administra lo que es de otro y es indispensable en una Argentina donde la crisis económica es la moneda corriente y la presión fiscal asfixia a ciudadanos, empresas y organizaciones, que en la mayoría de los casos se desangran o al menos retienen su crecimiento a la hora de entregar cada peso que el Estado exige.

La acumulación de causas de corrupción en las redes de la Justicia profunda que no resuelve es un precedente cercano que alimenta la sospecha sobre lo que hacen los funcionarios públicos en sus cargos. La sensación es que sus decisiones no están orientadas exclusivamente a generar políticas públicas para mejorar la calidad de la vida de la gente sino que a veces se busca apropiarse de algún vuelto de las cajas estatales. En ocasiones para financiar la política, las campañas electorales y beneficiar a los amigos, o bien para enriquecer su patrimonio personal.
La corrupción en los gobiernos argentinos afectó sustancial y sociológicamente la calidad institucional: en la sustancia, nada funciona como es debido, y en la mente de los ciudadanos, todo está teñido de un manto de sospecha de que detrás de cada acción “hay tongo”, si no monetario al menos de rédito político por encima del beneficio de la población. Es decir, incluso cuando algo podría estar funcionando bien, nos cuesta creer que así sea.

A pesar de los organismos, costosos por cierto, para monitorear y auditar al Estado, la corrupción se filtró a gran escala por abajo y por arriba de la mesa en forma obscena y con un alto grado de impunidad. Mientras tanto, la Justicia ha mostrado una reacción nula, escasa o tardía aunque bien vale destacar a un grupo de fiscales y jueces que avanzaron pese a los obstáculos. Quizás a una velocidad menor que la esperada, pero lo hicieron. También hubo magistrados que optaron por hacer la vista gorda, no investigar y cerrar causas en forma prematura como aquel árbitro que en un partido de fútbol elige no cobrar un penal evidente y apela al “siga siga” dejando sin respuestas al equipo perjudicado. 
El Gobierno nacional lanzó a principios de noviembre el Mapa del Acción Estatal, una plataforma digital que, según se afirma, permitirá monitorear todas las acciones de los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo y al que podrá acceder tanto el presidente Alberto Fernández como cualquier ciudadano, para seguir “en tiempo real” las actividades que se desarrollan. Ambicioso objetivo por cierto, pero cuando hay voluntad política, absolutamente realizable. Será cuestión de volcar toda la información disponible con una actualización en tiempo real para evitar que la propuesta pierda confiabilidad por una gestión deficiente. 
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó la importancia de contar con una plataforma digital “que se traducirá en una optimización de recursos, fortaleciendo las capacidades del Estado, potenciando la gestión pública y transformándose en un insumo necesario en la planificación y la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas”.
En una entrevista con la agencia estatal Télam, la secretaria de Gestión y Empleo de la jefatura de Gabinete, Ana Castellani, expresó que es un sistema de información que permite ver de forma sencilla qué hace el Estado, dónde lo hace, con qué objetivos y cómo lo viene desplegando, sean bienes, servicios, transferencias dinerarias u obras públicas. La funcionaria detalló que la plataforma empezó a diseñarse el 10 de diciembre pasado, es decir ni bien asumió Fernández, y ahora “está viendo la luz” a medida que se termina el “proceso de carga integrado” que toma datos de los ministerios, de las bases de financiamiento presupuestario y del sistema de compras y contrataciones. En definitiva, posibilitará visualizar qué resultados producen estas intervenciones y cómo impactan en la realidad, constituyéndose en un instrumento de planificación, seguimiento y evaluación para cada jurisdicción.
La ciudadanía interesada en acceder a la información -que incluye un catálogo de servicios esenciales- podrá ingresar a la página Web www.argentina.gob.ar, Desde LA OPINION hemos intentado el acceso pero aún no está funcionando.

Castellani insistió en que el Mapa es una herramienta clave y fundamental porque mejora la calidad de la función pública, porque les da a todos los funcionarios una herramienta para poder ver en tiempo real lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, pero también le sirve a la ciudadanía para control en términos de acceso la información de lo que se hace.

Cuando funcione, tal vez su mayor utilidad no sea la que todos imaginamos: que la ciudadanía pueda ver movimientos, nombramientos, erogaciones, presupuestos, obras, etcétera, sino que el presidente de turno, en este caso Alberto Fernández, podrá hacer un riguroso seguimiento del accionar de sus funcionarios. Luego no podrá decir, como lo hizo Cristina, que se exculpó diciendo no saber lo que sucedía en la cartera de Julio De Vido, o éste argumentando que no sabía lo que hacía José López. Y mientras tanto, obras pagadas quedaban inconclusas o ni siquiera la llegaban a iniciarse.

Ojalá que los resultados sean los esperados y mejore la labor de los funcionarios, que a su vez repercutirá positivamente en la vida de los argentinos. Que no sea una nueva y costosa herramienta que engrose el gasto, con empleados públicos incluidos, para nada.

Otro anhelo es que pudiéramos contar con una herramienta similar en Pergamino, donde visualizar tanto los gastos corrientes (es decir cuánto nos cuesta a cada ciudadano sostener el aparato municipal) como las inversiones y la procedencia de los recursos. Tal vez de esa manera se logre también sacar de la apatía al pergaminense y que se involucre proactivamente en la cosa pública.