Más que un cambio de figuras, un cambio de medidas

Las dinámicas políticas y económicas interactúan de diversas maneras y en coyunturas críticas es muy difícil establecer una causalidad. Sin embargo, para la situación actual de la Argentina no es trivial diferenciar si estamos frente a una crisis política con consecuencias económicas o si, por el contrario, estamos frente a una crisis económica con consecuencias políticas.

Básicamente porque las respuestas no son necesariamente las mismas. Es posible que el político o el politólogo se inclinen a pensar que la crisis es política y que las soluciones deben provenir de la política, y que resolviendo la política se re encamina la economía.

Pero para la mirada de los economistas la crisis es económica y la política debe enfocarse en aportar soluciones económicas. Cualquier construcción de gobernabilidad, a través de acuerdos o de cambios de nombres que le den oxígeno y volumen político a un Ejecutivo desprestigiado e inmóvil, está condenada al fracaso si no es diseñada para servir de plataforma para hacer lo que hay que hacer en materia económica.

Después de varias presidencias que no hicieron más que administrar la velocidad del derrumbe económico de la Argentina, y que cuanto mucho lograron aguantar y comprar tiempo para evitar ser recordados como el gobierno de una nueva gran crisis, va quedando en claro que no hay viabilidad política sin viabilidad económica.

Se pueden armar estructuras políticas exitosas para ganar elecciones y se puede incluso armar equipos de gobierno que permiten gobernar durante algún tiempo, pero ni unas ni otros son duraderos si no hay mejoras económicas. Y para que esas mejoras existan, hay que tomar decisiones que son cuanto menos antipáticas, que tienen en el cortísimo plazo un alto costo político y eleccionario, que son técnicamente complejas y que demandan de una gran pericia, un requisito que, por cierto, viene luciendo por su ausencia.

La pregunta es entonces si hay alguna chance de que el gobierno de Alberto Fernández avance ahora con medidas que no tomó ni antes ni después de la pandemia.

Podríamos especular que ahora sí están dispuestos a abandonar los dogmas del "vamos viendo" y de "más Estado" porque finalmente se dieron cuenta (el presidente y su entorno) de que no queda otra, y que las alternativas de no hacer nada o de solo aguantar conllevan riesgos (políticos, sociales, económicos e institucionales) que no conviene correr (tanto en términos del pueblo y su bienestar como de la política y de devoción por el poder que dan las urnas). ¿Pero ese darse cuenta es necesariamente sinónimo de un cambio de rumbo copernicano? ¿O solo nos queda esperar un poco más de lo mismo?

Todos queremos creer que, para evitar que la crisis entre en su fase de aceleración final, habrá algo más que un reordenamiento de la gestión económica. Que no se trata de sumar caras que doten de más peso político al gabinete, o de armar otro programita para seguir comprando tiempo.

Pero luce difícil que el Gobierno pueda comprometerse con una hoja de ruta más ambiciosa. La crisis de corto plazo es el dual de una crisis de larga duración cuyos emergentes son la inflación, la falta de crecimiento y la pobreza; y cuyo origen se encuentra en la irresponsabilidad fiscal y monetaria y en el intervencionismo creciente del Estado que intenta compensar con regulaciones, subsidios e impuestos (cada vez más distorsivos) las consecuencias de sus desaguisados en materia macroeconómica.

Lamentablemente, ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández, ni Sergio Massa, ni ninguna de las figuras clave de la coalición gobernante o del gabinete son conocidos defensores de la ortodoxia fiscal y monetaria. Mientras que el cambio que la Argentina necesita requiere de actores convencidos de su necesidad y que estén dispuestos a soportar las consecuencias de corto plazo de las correcciones macroeconómicas que indefectiblemente deben realizarse. Por lo tanto, cabe preguntare si los mismos actores (y quienes ellos convoquen) serán capaces de mantener en el tiempo y comunicar con claridad, convicción y firmeza políticas antipáticas, contrarias a su credo estatista y que ellos mismos convirtieron en mala palabra para su tribuna de seguidores más convencidos.

Una devaluación que solo venga acompañada por un aumento de las tasas de interés y/o algún otro exabrupto de creatividad en materia cambiaria, estaría condenada a fracasar. Sin ortodoxia fiscal y monetaria efectiva (y no solo declamativa), muy difícilmente permita aguantar hasta 2023. Y hasta podría empeorar las cosas.

Un presidente debilitado como Alberto Fernández es una invitación a que una devaluación sin plan agregue combustible a las dinámicas de crisis, acelere la nominalidad y devalúe aun más la figura presidencial. Por lo tanto, volvemos a caer en la misma necesidad de siempre: Argentina necesita un plan y no más medidas oxidadas que, para colmo de males, se toman de forma aislada.

Pero ese plan involucra una corrección cambiaria que vaya acompañada de un aumento tarifario en serio, de un ajuste real del gasto público, de cambios significativos en materia monetaria, de señales concretas y contundentes de que el objetivo de corto plazo de la política económica no consiste exclusivamente en patear la pelota para después de las elecciones de 2023 y de una política de desregulación, modernización y apertura económica que puede lucir como innecesaria para el corto plazo pero que es el complemento indispensable para que la economía retome su potencial de crecimiento a través de la inversión genuina, esa que genera empleos.

El error consiste en creer que con menos se puede encarar un aguante exitoso que frene la aceleración inflacionaria y evite que las dinámicas de crisis sigan su curso.