Malvinas: piden que se declare inconstitucional un acuerdo firmado con el Reino Unido

La cláusula tercera dice que ambos gobiernos se comprometieron a no efectuar reclamaciones contra el otro, ni contra los ciudadanos del otro, en relación con las pérdidas o daños ocasionados por las hostilidades en las Islas, inclusive las adyacentes.

Buenos Aires, (NA) - La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur realizó una presentación ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la Declaración Conjunta suscrita entre la Argentina y Gran Bretaña en octubre de 1989 que impide efectuar reclamos por crímenes de guerra.

Esa declaración del gobierno de Carlos Menem (más conocida como Acuerdo de Madrid I) restableció las relaciones diplomáticas entre ambos países luego de más de siete años de interrupción como consecuencia del conflicto armado por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios adyacentes.

La cláusula tercera de la declaración conjunta dice textualmente que “ambos gobiernos se comprometieron a no efectuar reclamaciones contra el otro, ni contra los ciudadanos del otro, en relación con las pérdidas o daños ocasionados por las hostilidades y por cualquier otra acción en y alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con anterioridad a 1989”.

Para los denunciantes esa cláusula funcionó como un argumento para impedir que familiares de caídos y excombatientes de Malvinas pudieran reclamar en el ámbito internacional por los crímenes cometidos por los británicos en la guerra de 1982.

La presentación judicial consiste en una acción declarativa de certeza y recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, se informó.

César Trejo, excombatiente del Ejército durante la guerra de Malvinas y apoderado de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, señaló que la cláusula es “inconstitucional” ya que mucho antes de 1989, “ambas partes habían firmado las Convenciones de Ginebra de 1949”, y a su vez la reforma de la Constitución de 1994 le dio “rango constitucional” a los tratados internacionales.

La presentación ante tribunales judiciales del grupo de familiares de las víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano y otros crímenes de guerra se produce luego de que no hayan podido prosperar las gestiones con el Ejecutivo Nacional, explicaron los familiares.

“Ya no tenemos ninguna expectativa de este gobierno, que si bien se dice defensor de los Derechos Humanos, no parece que los marinos del Belgrano o los soldados argentinos que fueron dejados por las tropas británicas tengan los mismos Derechos Humanos que han tenido otros argentinos que han sido representados por el Estado”, lamentó Trejo.

El Gobierno declaró “ilegal” y “clandestina” a una petrolera estadounidense

Gobierno declaró ayer “clandestina” a una empresa petrolera estadounidense por operar en la plataforma continental de las Islas Malvinas sin autorización argentina, por lo que calificó a esas actividades extractivas como “ilegales”.

A través de la resolución 872, la Secretaría de Energía declaró “clandestina” a la compañía Edison International y justificó su decisión al señalar que la firma celebró un acuerdo con su par Falkland Oil and Gas Limited, la cual había sido inhabilitada por 20 años para trabajar en la Argentina por haber realizado tareas en jurisdicción nacional sin el visto bueno de las autoridades locales.

Asimismo, el organismo estatal resaltó que la empresa había sido notificada del reclamo “para que realice el descargo correspondiente pero, vencido el plazo establecido, no hubo respuesta de la compañía”.

En una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía comunicó la medida a la Cancillería, la Procuración del Tesoro y al Ministerio Público Fiscal para que realicen las “acciones legales que correspondan”, en el marco de la estrategia que el Gobierno argentino viene desarrollando contra las empresas que operan ilegalmente en la zona cercana a las Islas Malvinas.

La medida gubernamental se basa en la Ley 26.659, que establece “condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina”.