Luego de la orden de Casación, Cristóbal López fue detenido

López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo. Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi ahora revirtieron la excarcelación al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad. El empresario fue apresado ayer por Gendarmería minutos antes de las 20:00.

Buenos Aires, (NA)- La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó ayer por la tarde la “inmediata detención” del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián De Sousa, al tiempo que dispuso recaratular la causa en su contra por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.

Acatando la orden de Casación, ayer, minutos antes de las 20:00, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron al empresario Cristóbal López y lo trasladaron al Edificio Centinela en un móvil de esa fuerza.

De esta manera, el expediente pasó nuevamente de “apropiación indebida de tributos” a “defraudación a la administración pública”, tal como había reclamado la Afip y la Fiscalía al apelar el cuestionado fallo de la Cámara Federal.

Entorpecimiento

López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes a raíz de ese fallo fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.

Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi ahora revirtieron la excarcelación al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es posible entorpecimiento de la causa, y restituyeron la carátula a defraudación contra la administración pública.

Casación siguió de esta forma el mismo criterio adoptado en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien los había detenido de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.

Allanamientos

En este sentido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer el allanamiento de las oficinas de la exIndalo, denominada grupo Ceibo, así como las de sus nuevos dueños Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre Balestra, en el marco de la causa por la cual se sospecha que Cristóbal López intentó burlar la inhibición general de bienes y vender su empresa.

Los allanamientos tuvieron lugar en Avenida del Libertador 602 piso 3, donde tienen sus oficinas Rosner y Dellatorre, y en Avenida Alem 855, donde funciona el grupo Ceibo, la nueva denominación de Indalo.

Junto al posible fraude por la venta de la empresa teniendo el impedimento de la Justicia, el fiscal González evaluó también que sus nuevos dueños, Rosner y Dellatorre, llevaron a cabo “movimientos de neto corte patrimonial”, esto es un vaciamiento de la empresa, lo que también fue informado por los veedores nombrados por los jueces.

Entre otras medidas, la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Rosner y Dellatorre y que se cite a un grupo de coadministradores designados por el Juzgado Comercial donde tramita la quiebra de la empresa.

Los argumentos

En su voto, Hornos concluyó que se trató de una “compleja maniobra delictiva”, en la que se excedieron “los límites del específico delito tributario, toda vez que se investiga el desarrollo ejecutivo de una clara, compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del fisco, que constituye el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En cuanto al embargo preventivo dispuesto, Hornos consideró que “el Estado argentino se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas para garantizar el recupero de los activos provenientes de los delitos de corrupción y la indemnización a los perjudicados”, por lo que debía confirmarse el monto de embargo dispuesto por Ercolini (17.042.509.692 pesos) y revocarse la decisión dictada por la Cámara Federal que lo había reducido considerablemente.

Finalmente, Hornos sostuvo que existen “circunstancias objetivas y ciertas” que definen “la necesidad de disponer la prisión preventiva en orden a la presunción de que López Y De Sousa intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga”.

“Estructura delictiva”

Por su parte, Riggi señaló que lo investigado “supera con creces lo que podía considerarse un delito tributario, pues no es otra cosa que parte de la estructura delictiva que entre privados y funcionarios públicos se montó en el afán de obtener los recursos del Estado para beneficiarse individualmente”.

“Las millonarias sumas de dinero que eran captadas por la firma Oil Combustibles a expensas de los consumidores y que debían ser remitidas mes a mes al Estado porque eran parte de su patrimonio, eran sistemáticamente utilizadas para ampliar el conglomerado económico propiedad de los imputados López y De Sousa”, sostuvo.

Y agregó que “su incumplimiento no le traía aparejada ninguna consecuencia porque desde el organismo recaudador y gracias a la intervención decisiva y fundamental de su máxima autoridad – Ricardo Etchegaray-, se concedían una y otra vez planes de facilidades de pago que a la postre dispensaban a la firma de girar los fondos al erario público”.

Asegurar el proceso

Con relación a la prisión preventiva de López y De Sousa, Riggi señaló que “la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito justifican la restricción de la libertad personal para asegurar las finalidades del proceso penal”.

Ponderó también en esa línea “la pluralidad de expedientes que se les siguen y la forma en que eran cometidos los hechos atribuidos, esto es, al cobijo del poder”, todo lo cual “revela no solo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad” que “no puede ser desatendida a la hora de evaluar el riesgo procesal”.