Los conflictos que trae un Estado que necesita recaudar para mantener una estructura gigante

Cuando los países atraviesan por crisis económicas, como está sucediendo con la Argentina, hay vicios que subyacen desde siempre que se exponen en todo su descarnado contorno. Y es así como suceden situaciones como la de ayer en la planta de Pepsico ubicada en Florida, que decidió su cierre y fue ocupada por los trabajadores. Todo terminó en escándalo, violencia y represión.

Para desalojar la planta, los efectivos arrojaron a los trabajadores gases lacrimógenos y balas de goma, mientras los obreros respondieron con piedrazos. El enfrentamiento dejó varios heridos y detenidos.

Ahora bien, si nos ubicamos en la perspectiva de cada sector vemos que la empresa acudió al Acuerdo Preventivo de Crisis que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y pagó las indemnizaciones correspondientes, además de no dejar deudas previsionales y de extender la cobertura médica más allá incluso del lapso que indica la ley.

El 20 de junio pasado los trabajadores fueron notificados sobre el cierre de esa factoría y el traslado de la producción a otra fábrica que la empresa posee en Mar del Plata.

Los delegados sindicales denunciaron que desde que se concretó el cierre “ni un trabajador fue trasladado” y que la producción que se realizaba en Florida comenzó a ser importada desde Chile, por lo que reclaman la reapertura de la planta.

Sin embargo, legalmente la empresa ha actuado conforme a la norma y no hay forma de obligar a que vuelva a abrir una planta que decidió, por el motivo que fuere, cerrar. Pepsico habla de la “difícil decisión” de cerrar su fábrica en zona norte se debe a “los obstáculos inherentes a la ubicación de la planta en un área mayormente residencial, su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos”. 

La realidad es que casi 600 personas se han quedado sin trabajo y la toma del edificio es una medida desesperada, improcedente e inútil porque la planta fue cerrada con todos los pasos legales cumplidos.

No podemos dejar de lamentar que haya trabajadores que pierdan algo tan valioso como el empleo, más cuando atravesamos una situación difícil en lo que hace a la generación de trabajo. Pero, ¿se puede cargar culpas sobre una empresa que, por motivos de productividad, costos o viabilidad decida trasladarse, achicarse o directamente cerrar, en tanto cumpla con sus obligaciones? ¿Es la empresa el verdadero “culpable”, si cupiere la figura, de que una persona se quede sin empleo porque no puede conseguir otro?

Y aquí ingresamos a una de las problemáticas que, como decimos, subyacen en la Argentina para generar empleo: la necesidad de recaudar que tiene el Estado está convirtiéndose en una máquina de impedir que se generen nuevos puestos de trabajo.

Mauricio Macri anunció esta semana que tras los comicios se iba a encarar una reforma tributaria que beneficie -bajando costos- la situación de las empresas, sobre todo las Pymes que son las que más empleos generan en la Argentina. La verdad es que no es la primera vez que se promete desde los altos del poder solucionar la problemática de un Estado que se ha convertido en un barril sin fondo y hasta ahora cierto es que nadie ha cumplido la promesa.

La presión tributaria en nuestro país es de las más altas del mundo, siendo que los servicios que devuelve el Estado son pobres e ineficientes. De este modo ¿podemos pensar que se puede generar trabajo cuando más del 50 por ciento de la facturación de una empresa se la lleva el Estado? Imposible. Porque ese “socio” para las ganancias no lo es para las pérdidas (de hecho, cuando la empresa pierde sigue tomando su parte en la misma proporción que cuando gana) y esta cuestión termina por generar tal presión sobre los empleadores que conviene más poner el capital a interés que mantener una empresa funcionando. Y en esto y de una vez y por todas el Gobierno debe hacerse cargo del problema que, como decimos, todos los presidentes anteriores esquivaron resolver, porque priorizaron la recaudación por sobre la reactivación. Porque por otra parte, cada vez que se ha intentado redimensionar el tamaño del sector público la amenaza del costo político a pagar ha terminado por hacer desistir a los mandatarios de lograr ese objetivo. Así, el Estado sigue creciendo porque es lo único que se expande en la Argentina, mientras el sector privado se adelgaza y asfixia en impuestos.

La verdad es que en la Argentina cuestiones como esta deben ser sinceradas, incluso por la sociedad, que no debe exaltarse y considerar que es un gobierno para ricos si se cumple la promesa y se achica la carga impositiva de los empresarios. Porque no faltarán quienes ante una propuesta de este tipo, salten para decir que se está beneficiando a los ricos, porque en realidad el bajar impuestos a la producción es una vía, quizás la más amplia e inmediata, de reactivar la economía y generar más empleo.  

Veremos si Macri cumple finalmente con su promesa de ir hacia una gran reforma tributaria, inteligente y con el menor costo social que se pueda.