Lorena Gennero dice que no cometió “ninguna falta”

DE LA REDACCION. La consejera escolar, Lorena Gennero, realizó un duro descargo ante el desplazamiento que sufrió como tesorera y consejera del Consejo Escolar de Pergamino “sin las pruebas necesarias” y que esta maniobra le provocó un “gran daño” que se produjo por “el apuro con que trataron el tema aún sin terminar la investigación”.

Gennero aclaró que con respecto al manejo interno del Consejo Escolar “hay un procedimiento de pago que cumplir del cual yo soy sólo una parte de ese procedimiento” al tiempo que advirtió: “no designé a ningún proveedor ni adjudiqué ninguna obra”. 

En descargo, Gennero manifestó que “lo primero que vamos a explicar es que el artículo 172 de la Ley Nº 13.688 es un procedimiento sancionatorio y, como tal, debe ser ejecutado en cumplimiento de todas y cada una de las garantías constitucionales previstas para evitar sanciones arbitrarias como la que se aplicó. Una de esas garantías debe ser la debida fundamentación de las decisiones sobre la base de pruebas que deben ser irrefutables, cosa que jamás sucedió ya que en la supuesta investigación no se han determinado las circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona de cada supuesta duda, así como su condición de perjudicial para el Consejo, identificar a él o los responsables si es que los hubiese.

“Lo único claro es que surgen dudas y que me sindicaron a mí como responsable de algo que no se sabe si sucedió o no, ya que no se ha realizado una auditoría contable ni una pericia caligráfica como se sugirió, ni siquiera se pudieron visualizar las copias de las facturas que están en poder del proveedor en cuestión, ni mucho menos se pudo hablar con él pero, igual por las dudas, sancionaron”, continúo diciendo.

En ese marco, señaló: “No vamos a escapar a ningún requerimiento que se haga porque con relación a los hechos, no cometimos ninguna falta administrativa, ni operativa, ni me excedí en mis funciones, ni tuve connivencia con persona alguna ni mucho menos cometí alguna defraudación o perjuicio al erario de nuestro Consejo como se está queriendo hacer creer a la ciudadanía.

“Si bien como tesorera aboné facturas, como tantas otras (en 2012 manejamos casi seis millones de pesos), lo hice en conjunto con la presidenta o la vice con quienes, conforme a los artículos 164 y 166, debía ejercer mis atribuciones y deberes; no pretendo culpar a nadie sino explicar que se me sindicó a mí como la funcionaria a quién debían sancionar, por ser la tesorera, por posibles dudas, aplicando la máxima sanción con mayoría simple cuando la ley requiere mayoría absoluta, sin haber investigado absolutamente nada ni haber agotado la supuesta investigación y, más grave aún, sobrepasando por la Justicia en la segunda denuncia que se hizo ya que la primera fue archivada por el fiscal, demostrando una vez más una arbitrariedad absoluta en la decisión”, dijo la consejera.

“El mismo consejero Abalo dice que hay facturas que contienen según él irregularidades que ameritan de una auditoría y de una pericia caligráfica que aún, repito, no se llevaron a cabo, pero igualmente sancionaron por las dudas o vaya a saber porqué. ¿No es eso una muestra de arbitrariedad?”, se preguntó. 

“No objeto que se investigue, muy por el contrario, deseo que se lleve a cabo una profunda, seria e idónea investigación sobre los hechos que generan dudas, lo que impugnamos es que sin haber agotado la misma, estando en una etapa primigenia, sin tener acreditado el o los posibles hechos irregulares por parte del proveedor dudoso, se me sindica como única responsable de algo que no sólo no soy, sino que además, y más grave aún, todavía no saben si ocurrió o no”, se explicó en el descargo realizado.

En otro tramo dice que “la premura con la que se convocó a las sesiones especiales para sancionar a la tesorera, en relación con el estado de la investigación, determinan la violación de las garantías individuales de la defensa en juicio y debido proceso que deben existir en cualquier proceso de este tipo, ya sea judicial o administrativo, resultando a todas luces arbitraria y de imposible fundamentación.

“Antes de que una factura ingrese en tesorería debieron darse una serie de cosas que están fuera de la competencia de un tesorero por ejemplo, que alguien haya incorporado al proveedor cosa que no lo hice, como bien se probó, o por ejemplo que el proveedor sea enviado a realizar el trabajo luego del cual emite la factura y el directivo la firma dando su consentimiento luego de lo cual, ingresa la factura al Consejo Escolar, y no hay porqué dudar del directivo que haya conformado una factura. A partir de ahí, si no se observa nada raro, se procesa la factura, es decir, se genera la orden de pago, se emite el cheque, se registra el pago en los libros contables de Banco y Cargo, se pasa ésto a la presidenta o vicepresidente para que analicen y firmen la orden de pago y el cheque, vuelve a tesorería para la última firma y entrega al proveedor contra su firma en una constancia de entrega de cheque que se anexa también a una rendición. Luego el arquitecto elabora un informe que firma junto a los consejeros. Ese informe es enviado al Ministerio de Infraestructura y éste luego de analizar, devuelve el informe aprobado. Cosa que también sucedió con la mayoría de los trabajos que ahora generan supuestas dudas”, remarcó. 

“En cuanto a los controles previos que existen en un pago se cumplen, de hecho hay pruebas de que cuando el personal encargado de ello ha ordenado no emitir un pago así se hizo, cosa que también reprocharon los consejeros en forma totalmente injusta”, culminó Lorena Gennero.