Lo de Cristóbal López deja un mensaje muy contradictorio

En esta Argentina donde todos los días un puñado de sorpresas tapa a otras, no siempre agradables, la excarcelación del empresario Cristóbal López, a menos de tres meses de su detención, fue la noticia ineludible de la semana pasada. La decisión del juez federal Julián Ercolini fue considerada errónea por parte de la Sala I de la Cámara Federal pero lo más significativo es que hubo un contundente cambio de carátula.

Esto no es menor porque no es lo mismo que se considere a López y a su socio Fabián De Souza, también excarcelado, como defraudadores al Estado, a que sean tratados como evasores, concretamente por “apropiación indebida de tributos”. Porque entre una y otra calificación hay un mar de distancia que implica penas muy distintas, siendo las que afrontarán con esta nueva carátula visiblemente más benignas y con posibilidades ciertas de que la causa pase al foro penal económico, como López pretendía, porque no implica condena de prisión efectiva. 

Los camaristas, concretamente Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, no así Leopoldo Bruglia, consideraron la carátula no era la indicada y así se lo hicieron saber con su fallo a Ercolini.

La situación se transformó rápidamente en un escándalo. El fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes advirtió que apelará el fallo; el abogado de la Afip, Ricardo Gil Lavedra anunció que va a recurrir el procesamiento. Y puso de manifiesto que este cambio de calificación genera efectos irreversibles que traerán “impunidad a los funcionarios involucrados”. Mauricio Macri se mostró públicamente indignado y advirtió que el Gobierno apelará, porque tampoco se le escapa al presidente que el cambio de carátula lo cambia todo. “Más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, que eso no creo que sea central a este momento, lo central es el cambio de carátula”, aseguró Macri. Y no falta a la verdad porque el hecho sigue siendo el mismo que lo llevó a prisión: haber utilizado la empresa de López 8.000 millones de pesos cobrados para la Afip en su calidad de agente de retención para otros fines, esa “apropiación indebida de tributos” fue considerada por Ercolini como una defraudación al Estado; no así por parte de la Sala I. Hay una diferencia de criterios que tiene incidencia directa en las consecuencias, es decir la sanción, que se aplique a los involucrados.

La más indignada fue Elisa Carrió que fue más allá, habló de “un acuerdo de impunidad”, en un juego donde ingresan jueces, políticos y empresarios. Lo dijo porque se sabe que, en pos de la gobernabilidad, hay sectores de Cambiemos que pretenden bajar el tono a los procesamientos y encarcelamientos por corrupción en la era kirchnerista; creen que tarde o temprano puede lastimar al propio Gobierno estas prisiones preventivas compulsivas y masivas. Es este grupo están Daniel Angelici y Gustavo Arribas.

El tema es que más allá de las elucubraciones políticas, hay un hecho consumado, por el que cualquier “hijo de vecino” no solo tendría que pagar duras consecuencias sino que además sería un “muerto” para el sistema. Intente cualquiera acceder a un crédito, un descubierto en un banco y probará que por solo deber un monotributo se le negará todo. Sin embargo, estos grandes empresarios vivieron por años en la evasión sin ningún problema y una vez que la Justicia cayó sobre ellos y era la oportunidad de un accionar judicial ejemplificador para el resto del empresariado, que bastante evasor es por cierto, sucede lo que con López y De Souza, de la mano de dos jueces “amigos”.

Apenas López salió de la cárcel lanzó que “no estuve preso, estuvo secuestrado”, con muchas ganas de hablar y todos los micrófonos a su disposición desmintió todos los argumentos del juez de la causa, envalentonado con la decisión de la Sala I, en realidad de Ballesteros y Farah.

Más allá de los tecnicismos judiciales que, en la práctica, puedan ofrecer impunidad a estos empresarios K, vale recordar que López y De Souza, a través de la empresa Oil Combustibles, dejaron de remitir los montos que cobraba en las estaciones de servicio en concepto del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC), que Oil y todas las empresas que venden nafta deben cobrar y remitir automáticamente a la Afip.

Sin embargo, la petrolera de López dejó de hacerlo entre 2013 y 2015, acumulando una deuda de 8.000 millones de pesos. Y para completar el panorama, esos fondos sirvieron para la compra de medios de comunicación que, entre otros detalles, apoyaban al oficialismo kirchnerista, el mismo oficialismo que desde la Afip hacía la vista gorda para no cobrar esos fondos. Son empresarios que no dejaron de pagar por no tener cómo hacerlo, lo que les pasa a muchos, sobre todo pequeños contribuyentes, sino que ampliaron sus empresas con ese dinero indebido retenido al Estado. Si eso no es defraudación al Estado, ¿qué es?

Esta suerte de sobreseimiento encubierto ofrece, como decíamos, un pésimo ejemplo a la sociedad, puesta la mirada en las miles de Pymes que en nuestro país se desloman para pagar sus impuestos, porque de lo contrario los van cercando y pueden perder hasta las medias que llevan puestas. ¿Cómo no van a sentirse burlados por el Estado frente a la protección de la que gozan grandes empresarios como los que están en juego?

Lo que pasa con López y De Sousa nos recuerda a todos que en la Argentinos somos todos iguales “pero algunos son más iguales que otros” como se dice en la calle, sigue habiendo hijos y entenados como fue siempre en este país. Y claramente la Justicia no es ni tan ciega ni tan justa. 

Y es así como nada termina siendo claro: o hay presos mal detenidos o hay excarcelados mal liberados, las dos cosas no es posible que sean ciertas, es de sentido común. Hasta el punto que no sabemos si debemos creer en la Justicia o debemos sospechar de todo lo que resuelve. 

También está sobre la mesa la salida de Alberto Abad de la Afip que dicen que era uno de los más decididos a cobrar la deuda de Cristóbal López, y la designación de Leandro Cuccioli, un funcionario con inversiones en las Islas Caimán y que integró el directorio de El Tejar, compañía de la que Ignacio Rosner –el financista que tomó el control del grupo de López– también fue director, agrega más oscuridad al asunto. 

Se va a apelar por varias vías el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballesteros, Eduardo Farah -votaron a favor- y Leopoldo Bruglia -en contra- y veremos cómo termina esta historia.

El sabor amargo que nos deja todo este conflicto es que nada en la Argentina parece ser normal, siempre hay vericuetos, sospechas, prisiones, excarcelaciones, un manto de niebla termina cubriendo lo que sucede hasta que terminamos por intoxicarnos con la realidad.