Las tribunas, atravesadas por el peligroso mundo del delito

Es apenas un grupito de delincuentes de poca monta, pero son peligrosos al extremo, no por su capacidad para operar sino por su desdén por la vida ajena. Corrompidos de cuerpo y mente (probablemente por consumo de sustancias nocivas) se manejan con total impunidad tanto por las calles como por las tribunas. Son los indeseables barrabravas del fútbol que metieron su cuña en Douglas Haig y, al menos hasta el momento, ninguna autoridad se ha dispuesto a ponerle coto de manera contundente.

El martes pasado, en oportunidad del partido ante Ferro Carril Oeste, ese minúsculo grupo de delincuentes disfrazados de simpatizantes fue con claras intenciones de hacerse notar de la única manera que lo saben hacer: con actos de vandalismo. Disconformes seguramente con el trato que le dispensaba la dirigencia de Douglas Haig, que no quería ceder más ante las reiteradas presiones, se manifestaron por la fuerza ante el resto de los aficionados y los miles de televidentes que seguían el partido en vivo por la pantalla de TyC Sports. El juego tuvo que se parado tres veces porque lanzaron objetos contundentes a los rivales, se treparon al cerco perimetral y prendieron fuego los papeles que ellos mismos habían lanzado al campo de juego. Antes de eso, se habían enfrentado a golpes con la Policía y habían proferido insultos y amenazas a dirigentes y allegados a la institución. Y tras el match, intentaron volver a la carga, obligando a los uniformados a montar un vallado humano sobre el sector donde se encontraban los dirigentes y los jugadores.

Claramente estos sujetos que el fútbol en general los acepta como parte del paisaje, se “alteran” cuando se les quitan o reducen los beneficios.

La red de financiamiento de las barras se extiende a diversas actividades: reventa de entradas y control de los accesos a los estadios, comercialización de indumentaria oficial, cobro de dinero por exhibir banderas con leyendas políticas y la explotación de los estacionamientos en los alrededores de la cancha.

La caja se nutre de manera idéntica en todas las hinchadas del país. En todas. Sin excepción. Y últimamente surgió otra fuente importante de ingresos: la mayoría de los referentes de las barras bravas convive con el mundo del delito, una pertenencia que les garantiza agigantar sus recaudaciones y cruzar clandestinamente las fronteras del fútbol.

El lucrativo mercado negro de las barras creció en paralelo con los episodios de violencia vinculados al fútbol. Y lo llamativo es que desde la prohibición de público visitante, ya no se enfrentan entre hinchadas rivales sino que lo hacen entre grupos antagónicos de los mismos clubes. La razón es sencilla: el que lidera la barra se queda con los negocios. Eso pasó en Douglas Haig y el hecho más relevante fue hace un par de años cuando dos “líderes” se enfrentaron a la salida de un partido y uno de ellos hirió al otro con un disparo que casi le cuesta la vida.

Otro punto oscuro en esta cuestión es la Policía encargada de realizar el operativo de seguridad. En Pergamino vemos cómo los uniformados cachean a los socios o plateístas de Douglas Haig y le retienen una botella de agua mineral por considerarla un objeto contundente, y al mismo tiempo desde la Popular Norte los barras arrojan una botella de cerveza que cae a un metro del arquero rival, o de repente se enciende una bengala o aparece un herido con arma blanca dentro del estadio.

El club local tiene un oneroso gasto en el operativo de seguridad y no decide ni cuánto paga ni cuántos efectivos se necesitan. Eso lo resuelve la Policía. Es decir que el club está obligado a tercerizar el operativo. Pero si algo falla, el responsable es el club que debe pagar con multas o suspensiones en su estadio. En tanto que la Policía nunca es responsable, a pesar de cobrar por brindar seguridad. Inadmisible por donde se lo mire. 

El martes, sin ir más lejos, todos los asistentes al partido vieron cómo la Policía observaba pasivamente lo que sucedía en la Popular Norte. En tanto, el resto de los hinchas (los verdaderos) repudiaban con silbidos y cánticos el accionar de los violentos.

No todo terminó en ese partido porque la saga continuó en los días sucesivos. Los barrabravas amenazaron a dirigentes del club de manera tal que se produjo la renuncia del presidente, Indalecio Godoy, tras 11 años de trabajo en la institución. Jaqueado por circunstancias propias de la gestión y por los aprietes de los violentos, decidió la salida anticipada y no de la manera en que lo hubiera deseado.

Esto pasa en Pergamino en estos momentos. Un grupo de delincuentes con pesados antecedentes penales, conocidos en la comunidad como tales, siembran el terror en una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad y todo es tomado con total naturalidad. Abogados, fiscales, funcionarios municipales, policías, todos los conocen, saben qué hacen y a quién responden.

Cualquier receta para neutralizar a las barras bravas suele caer en saco roto cuando se exploran sus conexiones. A través de la herramienta del apriete, las hinchadas aceitan su red de financiamiento con la complicidad de políticos, sindicalistas, policías, dirigentes deportivos y hasta los propios futbolistas. Y en este punto nadie puede hacerse el distraído, porque el quiste está tan enraizado que no es fácil para nadie negarse a las exigencias de sujetos de mal vivir que ingresan a las prácticas, a la sede y a veces hasta la zona de vestuarios con intenciones de amedrentar y sacar réditos económicos. Ningún dirigente y ningún jugador quisiera darles dinero a estos indeseables, pero son muy pocos los que se animan a decirles que no.

La trama aparentemente imposible de desenredar, que une a barras, políticos y dirigentes, es impensable sin un entorno político y social que la deje crecer, y que incluye el fenómeno de la “hipermercantilización” del fútbol, en el que los líderes de las barras se perciben como genuinos beneficiarios del reparto de dinero generado por las actividades del club.

En la Argentina, teorizadas como parte de la cultura del aguante, las hinchadas son glorificadas y toleradas peligrosamente, hasta que llega el punto en que perjudican los intereses del club al que dicen pertenecer. Pero es difícil pensar que algo puede cambiar en la medida que la propia Policía no actúa in situ ya sea por su propia inoperancia o porque desde un poder superior le atan las manos. Y tampoco la Justicia se hace cargo y el poder político mira para otro lado y deja que todo fluya porque por ahora nadie estuvo dispuesto a pagar el costo que significa enfrentar de verdad y de manera contundente a este tipo de sujetos que, organizados, forman verdaderas bandas delictivas.