Las extralimitaciones de garantismo en los procesos

No estamos diciendo nada nuevo si afirmamos que junto a la economía, es la inseguridad la mayor preocupación de los argentinos.

Parte el alma escuchar a los familiares de jóvenes asesinados en ocasión de robo o de venganza o por tantas otras razones vinculadas a la inseguridad. Y es así como se organizan marchas vecinales, con gente que descarga su dolor y su bronca. Pero todo sigue más o menos igual, porque cada vez que se logra atrapar a un delincuente resulta que tiene una lista de antecedentes que hace empalidecer a un mafioso de película. ¿Cómo estaba en libertad? Es la pregunta clásica que tiene una compleja respuesta que involucra a la Justicia y a las leyes.

Sin ir tan lejos como un crimen, hay infinidad de situaciones que debemos rever en la Argentina para que la ley, el procedimiento y el sentido común vayan en una sola senda.

A modo de ejemplo: la Policía, gracias a la tecnología que se suma a esta lucha cotidiana, logra rastrear un celular hasta su ladrón. Lo localiza, llama y lo hace sonar y lo escucha dentro de un baúl de un auto. Pero no puede abrir el baúl porque necesita la orden del juez, y en ese trámite como es lógico, el celular vuelve a desaparecer. Lo mismo si lo halla dentro de una casa. Y si en un acto espontáneo decide de todos modos actuar ante la posibilidad de ternerlo casi al alcance de su mano, toda su acción queda invalidada por no adecuarse a los procesos vigentes y, en consecuencia, el ladrón queda en libertad. ¿Para qué sirve entonces la implementación de tecnología? Pensemos que 10 años atrás era impensado encontrar un celular robado; hoy es totalmente posible pero de todos modos, es el accionar de la Justicia el que ralentiza todo y menoscaba las chances de combatir el delito. Volviendo al ejemplo que nos ocupa, lo que interfiere es el extremo garantismo de nuestros procedimientos, que prioriza en este caso el derecho a la intimidad del sindicado por sobre el derecho a la propiedad de la víctima.

Esto sucede en todas las escalas del delito, desde los que incluyen la muerte, pasando por los que van contra la propiedad y especialmente en los de corrupción. Es tristemente común que todas las apelaciones sobre hechos delictivos confirmados por una condena en primera instancia, es decir con prueba suficiente de que existieron, terminan años saltando de un estrado judicial a otro por cuestionamiento sobre los procesos, es decir, que la forma termina siendo más importante que el fondo. Pedidos de recusaciones, de nulidad, de desestimación de las pruebas cargan años a las causas hasta llegar a veces hasta su prescripción. Así también ganan años de libertad quienes deberían purgar tras las rejas. Todo por los dichosos vicios procesales, generalmente un error ínfimo de procedimiento  (a veces hecho a propósito), que dejan fuera del juego a quien debe estar dentro de la cárcel.

Pongámonos por un momento en el lugar del Policía. ¿Para qué pone en juego su vida, persiguiendo al delincuente, encontrando el elemento sustraído en tiempo récord si luego depende de una orden judicial, que si llega será tarde y si no llega y actúa le anula todo lo hecho? Sinceramente, le conviene quedarse inmóvil en una esquina. A fin de mes, en su bolsillo el resultado será el mismo y no habrá corrido ningún riesgo. Hasta la vocación más grande termina diezmada cuando tu trabajo es así de desmerecido.

Todos estos temas y muchos otros se vienen trabajando hace año y medio para lo que será la gran reforma del Código Penal, lo que debe apuntar a acordar un nuevo contrato con la sociedad en materia de inseguridad.

Lástima que el tema viene lento y ya se postergó varias veces su presentación. Ahora, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que el proyecto de reforma al Código Penal recién será girado el año que viene al Parlamento para que se trate en el período de sesiones ordinarias.

El titular de la cartera de Justicia explicó que la dilación del tratamiento de la modificación del Código Penal tiene que ver con que “es un tema muy complejo”, y que “nunca se hizo en Argentina”.

El proyecto del oficialismo –enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Garavano– impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como “motochorros”.

El anteproyecto del Gobierno establece también un aumento de cuatro a 12 años en las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega además la figura de “corrupción entre particulares” y se pena a las empresas ante ciertos delitos. El texto preliminar prevé aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.

Introduce penas para el entorpecimiento del transporte público y hasta dos años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a tres años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros cambios.

Estos son algunos de los muchos cambios que se introducirán pero nada habla de la parte procesal, que es donde más atrasada está -y más atrasa- la Justicia, principalmente por la interpretación extrema de garantismo que hacen los jueces. Está muy bien que se preserve el derecho a la intimidad de un posible delincuente pero cuando la prueba es contante y “sonante” (como el caso del celular en el baúl), cuando la celeridad del accionar policial facilitada por la tecnología resuelve en minutos lo que antes no tenía solución, no se puede –Siglo XXI- estar dependiendo de una orden expresa y escrita de allanamiento.

Lo mismo en cuanto a los delitos de “guante blanco”. Recordemos que el exjuez Oyarbide, en 2012, anuló toda la información recolectada en la computadora del probadamente corrupto Ricardo Jaime, por considerar que no se había respetado la cadena de custodia de ese material.

Tiene que haber un límite a las garantías del acusado, un sesgo de sentido común; de lo contrario, las formas pasan a ser más importante que el fondo.

Ya hablamos en otra ocasión de que en Argentina tenemos el defecto de darle una connotación negativa a palabras que intrínsecamente no la tienen. Garantismo es una más de ellas. Parece que cuando se habla de menos garantismo, se estuviera diciendo mano dura.

Nadie quiere ni defiende el “gatillo fácil”. Todos coincidimos en que no queremos una Justicia dura sino una justa.

Lejos de los extremistas dogmas garantistas, los argentinos necesitamos un Poder Judicial más dinámico, confiable y enfocado en la defensa social, con mayor participación a la víctima, con un trabajo más aceitado con la Policía, con la aplicación de un Código Penal sin contemplaciones para quienes infrinjan la ley.