Las doble vara y la pretendida autonomía

La diplomacia argentina no parece tener un plan rector sobre cómo desenvolverse en los escenarios internacionales. No hay inteligencia operativa ni táctica ni estratégica para moverse en los delicados pasillos de las embajadas que requieren un manejo político lleno de sutilezas. A esto se suma un grupo de embajadores "autónomos", que hacen declaraciones que terminan haciendo eclosión y pretenden -ellos y sus autoridades- calificarlas como expresiones "personales", cual si la ropa diplomática fuese algo que se saca y se pone.  

Con los gobiernos kirchneristas, el país insiste en alinearse en causas perdidas al lado de dictadores que maltratan a sus ciudadanos, los encarcelan en algunos casos o inclusive los desaparecen. Es decir, que inexplicablemente el gobierno que se autopercibe como nacional y popular reivindica a otros gobiernos que se sostienen en falsas democracias como Venezuela o Nicaragua, incluso Rusia. 

Veamos el caso de Nicaragua. El pasado 20 de octubre la Argentina se abstuvo en la sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre el tratamiento de la situación en Nicaragua. El texto en cuestión, si bien contenía elementos congruentes con la posición argentina en lo que concierne a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los arrestos de representantes de la oposición nicaragüenses, solo parecía buscar prejuzgar sobre el desarrollo de un acto eleccionario que aún no había tenido lugar, al tiempo que invocaba distintos estándares internacionales que no son válidos como exigencias a ningún país, más allá de que alguno pueda haberlos adoptado en su legislación interna, según consignó la Cancillería en un comunicado. Al respecto, la República Argentina entendió que la consideración apresurada de este tema por el Consejo Permanente resultaba improcedente y extemporánea, atento a la proximidad de los comicios en Nicaragua. 

Una vez que se realizaron los comicios nicaragüenses, el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, evitó condenar la farsa electoral del país centroamericano donde el dictador Daniel Ortega se impuso con el 75 por ciento de los votos. En un escueto comunicado, Cancillería manifestó que mantiene su "tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas". Pese a no condenar las controvertidas elecciones, el Gobierno argentino reiteró su preocupación ante la detención de dirigentes opositores y la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población.

A diferencia de Argentina, la comunidad internacional desconoció los resultados de las elecciones de Nicaragua donde el exguerrillero sandinista, Ortega, estará a la cabeza por otros cinco años. Alemania, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, la Unión Europea (UE), Perú, Ecuador y Uruguay fueron los primeros desconocer la elección por falta de garantías y falta de competencia ante los arrestos de siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición previo a las votaciones.

La postura que expresó el Gobierno argentino con los comicios en Nicaragua se contradice con la que adoptó meses atrás cuando fueron las elecciones de Perú. El pasado 10 de junio, cuando con el 99,1 por ciento de las mesas escrutadas Pedro Castillo y Keiko Fujimori peleaban voto a voto la Presidencia con una diferencia ínfima de 71 mil sufragios, Alberto Fernández felicitó al candidato de izquierda como presidente electo. Sin la confirmación oficial de la victoria, por parte de la Justicia de Perú, el mandatario argentino incluso se comunicó con Castillo para comenzar a trabajar en conjunto. En aquella ocasión no primó "la tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas".

Al menos el Gobierno nacional acompañó la declaración de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que resuelve que las elecciones en Nicaragua "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". Así lo expresa el punto 2 de la resolución.

Cuando de derechos humanos y regímenes autocráticos se trata, se observa un camino errático en la gestión de las relaciones internacionales por parte del Gobierno argentino. Algo similar a lo que sucede en materia económica, donde no hay plan ni GPS sino un improvisado "vamos viendo". 

A esta especie de doble vara con que se analiza el nivel de injerencia en asuntos internos de otro país, y especialmente a la hora de posicionarse frente al respeto a los derechos humanos y procesos democráticos, se suma otra figura que es tendencia en la diplomacia argentina: los embajadores "autónomos".

La frase de Rafael Bielsa sobre el proceso electoral chileno tiene antecedentes que no se atienen a los códigos diplomáticos; el embajador argentino en Santiago de Chile ocasionó un conflicto de escala internacional por sus críticas al candidato presidencial del vecino país, José Antonio Kast.

Bielsa comparó al candidato más votado en Chile con Donald Trump y Jair Bolsonaro. "La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista", sostuvo. A lo que sumó su opinión de que Kast es "anitargentino" y "xenófobo".

No sabemos si desde Buenos Aires hubo algún llamado de atención a Bielsa por sus declaraciones tan impertinentes como inoportunas. Públicamente lo único que se escucharon fueron expresiones tendientes a despegar al Gobierno del asunto, como si eso fuera posible. "Fue una declaración personal, el canciller (Santiago) Cafiero ya se comunicó con su par chileno". Así contestó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti cuando la consultaron por las declaraciones del embajador. 

La respuesta oficial deja espacio a nuevas preguntas. ¿Hay embajadores políticos que pueden sostener opiniones personales sin consecuencias? Fuentes de la diplomacia argentina sugieren que no es la primera vez que el excanciller avanza por las suyas, y mencionan que su reciente participación en el juicio al líder mapuche Jones Huala, detenido en el vecino país, tampoco contó con la venia oficial.