La “uberización” del comercio es un hecho, falta que los legisladores se enteren

La “uberización” es una nueva palabra que no nace de un argot antojadizo sino que hace referencia a las cada vez más numerosas plataformas de economía colaborativa en las que, gracias a internet y las nuevas tecnologías, unas personas ponen a disposición de otros particulares, sin necesidad de intermediarios, diversos bienes y servicios. Como hace Uber, un servicio de transporte al que uno convoca vía celular directamente a quien voluntaria y ocasionalmente quiera cubrirlo, esta nueva forma de realizar transacciones se ha extendido (incluso antes que naciera Uber) a otros servicios como alquileres, alojamientos, transporte terrestre y aéreo y ni qué hablar de la compraventa de todo tipo de objetos en la Red, no necesariamente a un comercio tradicional que se introduce con su oferta en el mundo virtual, sino a cualquiera que tenga algo que ofrecer o una necesidad que satisfacer. Incluso ya han desembarcado en nuestro país las “fintech”, bancos 100 por ciento digitales.

Sin duda, el éxito de estas plataformas se explica en que la gente las adopta y a veces hasta las prefiere por sobre el modo tradicional de contratar servicios. El tema es que mientras crean valor para unos, otros ven depreciada su actividad y en algún caso pueden subirse al tren de lo nuevo pero en otros no. Sucedió en todos los tiempos: el ritmo y los cambios los marca el consumidor; quien otrora se hizo millonario fabricando sombreros, que eran de uso debido, tuvo que mutar hacia otra actividad o cerrar cuando la moda dejó este accesorio de lado.

¿Qué hacer cuando la sociedad marca sus preferencias? Nada más que acompañar el proceso y establecer las condiciones legales para el desenvolvimiento de la nueva actividad. Pretender otra cosa, como que no suceda, es imposible.

Hay que asumir que las nuevas formas de transar, tramitar, contratar, consumir, vinieron para quedarse y eso hace a que haya que asumir el modo de competencia que se establece para con el modo tradicional de la economía formal. Y lo más importante: el Estado debe darles cabida a las nuevas formas, no tratar de perimirlas porque eso es sumir a toda la sociedad, la que ofrece y la que consume, en una clandestinidad involuntaria.

Por otro lado, las empresas globales que desembarcan con sus plataformas en los países deben acatar los marcos legales e impositivos de cada lugar; claro, si existieran.

Es importante aclarar que todo lo que se venda u ofrezca de manera virtual será más barato para el consumidor, puesto que se prescinde de costos fijos e intermediaciones en la cadena comercial. Pero lo que no puede suceder es que sea más barato porque el brazo de la ley venga atrasado y ni siquiera tenga una figura para enmarcar las nuevas actividades y que tributen los impuestos correspondientes. Esto es, además de evasión, deslealtad comercial; en estos casos, promovidad desde el propio Estado por no ser oportuno y eficiente.

Como estas plataformas tienden a revolucionar muchos sectores, se está desarrollando un temor extendido que se basa en la idea lanzada en el Financial Time: “La uberización es la idea que uno se despierta por la mañana descubriendo que su trabajo ha desaparecido”.

Parece una exageración de momento, pero no lo es si pensamos en el futuro mediato. Por eso también hay que replantear -como lo hemos hechos en anteriores comentarios- las carreras y contenidos que se dictan en el país.

Sin dudas que este cambio drástico en la forma de comercializar, que elude la intermediación, cambia sustancialmente algunos negocios haciendo de-saparecer otros. No es la primera vez que pasa; la Revolución Industrial también implicó la extinción de ciertas artes y labores; luego fue la tecnificación, más tarde la automatización y finalmente la digitalización. Es el paso del tiempo, la evolución de la raza, no hay que buscar otros culpables sino atender a estos signos de los tiempos para acompasar y en lo posible anticipar los cambios, para que todos quienes quieran puedan acoplarse a las nuevas formas.

Salvando el hecho de que todos sufren la crisis del cambio y que actualizarse demanda esfuerzos, inversiones e incluso pérdidas, todo lo que está llegando es beneficioso, incluso desde lo ecológico. Pero por sobre todas las cosas es inevitable. Pensemos por un momento si el taxista que hoy se ve perjudicado por Uber (o mejor dicho por la falta de equidad en las condiciones que Uber presta el servicio) no mira Netflix, no compra on line, no utiliza el Home Banking, no ha contratado sus vacaciones por Internet. Es decir, todos somos usuarios del fenómeno de la “uberización”, pero claro, nos duele cuando esta tendencia se mete de lleno en nuestro rubro. Porque todos somos usuarios, es una contradicción negarse a que suceda, pero es imperioso que se establezca legislación para que estas nuevas actividades no terminen corriendo con ventajas indebidas frente a las tradicionales, que de por sí deben esforzarse el doble, para sostener su negocio y pagar sus impuestos y, al mismo tiempo, para incorporarse el mercado tecnológico.

Uber es muy cómodo, pero resulta más barato porque no paga nada más que la nafta, mientras que un taxi tiene una larga lista de regulaciones (exageradas en algunos casos) que le obliga el Estado para bajar la banderita. Entonces hay que obligar a Uber a tener seguros de transportes al día y permisos y a la vez quitarles el pie de encima a los taxis de los que se abusa obligándolos a pagar todo lo imaginable.

Ahora para vacacionar se utiliza mucho el sistema de alquilar departamentos o casas vía Internet en las localidades o los países a visitar, directamente al dueño, en detrimento de los hoteles y las agencias de viajes. Pero los hoteles pagan hasta por cada televisor que tienen (Sadaic, Aadicapif, Sagai y tantos más), incluso cuando lo tenga apagado o la habitación no esté ocupada. Entonces las diferencias económicas es claro que favorecerán al alquiler vía las redes sociales.

La realidad es que todos estos servicios no van a desaparecer, vinieron para quedarse y lo que se debiera hacer es legislar para que hagan los aportes al Estado que corresponda como el resto de los negocios, permitiendo un nivel de competencia más lógico entre el modelo tradicional de transacción y el nuevo estilo.

Porque es la ausencia de legislación la que permite que haya actividades comerciales que no tributan, frente al resto que tiene pesadas cargas.

Pero nuestros legisladores no se enteran, incluso usufructúan políticamente las quejas y marchas de los perjudicados, cuando está en sus manos darles la solución. En cambio, miran su ombligo, piensan en nuevos acuerdos electorales, “rosquean” por sus votos. De lo que necesita la sociedad ya, nada.