La sensibilidad del Gobierno a la crítica

Aunque lo disimule más o menos, en cualquier persona la crítica tiene un impacto. Y esta es inevitable cuando se está expuesto a la función pública, al asumir el gobierno de aquello que es de todos. Puede venir de oposición política, el periodismo, a veces los propios o a veces los ajenos. Nadie se salva en estos casos de recibir una crítica a cada paso.

Los argentinos nos acostumbramos durante los 12 años del kirchnerismo (y lo mismo podemos decir del menemismo con su estilo diverso) a que la crítica debía repelerse, y más aun, era la oportunidad para iniciar una batalla mediática y configurar un enemigo. En la lógica K no era posible aceptar la crítica sin más, entendiendo siempre que detrás de ella había más intenciones ocultas, además de la sola apreciación. En esta misma lógica de pensamiento era impensable dar marcha atrás con una decisión por más criticada que fuera. Aunque hubo una excepción: si tenemos fina memoria recordaremos que la única vez en que Cristina Kirchner dio el brazo a torcer fue cuando lanzó “la sintonía fina” y quiso comenzar a quitar algunos subsidios. La respuesta social fue altamente negativa y todo quedó en la nada. No reconocieron el “error” ni por asomo, pero sin decir “agua va”, la quita desapareció.

La administración de Mauricio Macri es, en este tema también, completamente distinta. Quizá porque dan sus primeros pasos en el poder nacional o por una sensibilidad a las encuestas a las que es afecto el presidente, resultan más permeables a la crítica. No dudan en reconocer cuando se equivocan y dan marcha atrás sin problemas. Es una actitud positiva si miramos de dónde venimos, sin embargo, el mandatario deberá endurecerse en un punto, porque (y en esto tenía algo de razón Cristina) no toda crítica es desinteresada, muchas veces el trasfondo político de una advertencia busca, en realidad, que el Gobierno haga agua en algún aspecto.

Hechas estas necesarias consideraciones para dejar en claro desde qué lugar hacemos el análisis, cabe entonces recordar que, no sin antes aclarar los motivos que lo llevaron a presentar la iniciativa, frente a las críticas generalizadas recogidas Macri retiró los pliegos de dos miembros de la Corte Suprema, salidos de un decreto ad referendum. Era una mala decisión y pese a que recién había asumido como presidente, retiró los pliegos. No pensó en su imagen que podría, eventualmente, verse esmerilada por la marcha atrás; pensó en la institucionalidad que no convenía ser puesta en cuestionamientos por las diferentes interpretaciones que se hacían de estas designaciones. Y salió ganancioso públicamente.

Otras actitudes no resultan tan claras, respecto de esta sensibilidad oficialista a la crítica. El papel de los titulares del Parlamento Gabriela Michetti y Emilio Monzó, que se apuraron a firmar la remoción de Ricardo Echegaray de la Auditoría General de la Nación, luego de que el juez federal Claudio Bonadio lo procesara por los delitos de falso testimonio y violación de secreto durante su gestión al frente de la Afip.

Este cargo en la AGN corresponde a la oposición, es decir al Frente para la Victoria, y el procesamiento del exjefe de la Afip no está firme y tampoco es una causa por corrupción, si hilamos más fino. Pero lo que subyace para este apuro en el apartamiento de un funcionario que viene siendo cuestionado desde hace rato, casi desde el inicio de la gestión de Cambiemos, es que repentinamente se acciona desde el oficialismo sobre él por un reclamo público que a Michetti le hizo la aliada de Cambiemos Elisa Carrió, que la criticó duramente por haber avalado inicialmente su postulación, lo que derivó en su nombramiento. La vicepresidenta marcó la diferencia entre antes y ahora diciendo que no objetó primero su designación porque entonces Echegaray no estaba procesado y ahora sí. Pero con este mismo argumento, ahora el peronismo planea una acción judicial para mantener a Echegaray en el cargo, arguyendo que el procesamiento no está firme y será apelado. Es decir, legalmente, si antes Michetti lo admitió por no estar procesado, ahora no puede separarlo porque técnicamente no lo está, o al menos esta condición puede ser retrotraída en breve, tras la apelación. Por eso lo de la vice suena más a una acción espasmódica ante la crítica de Carrió que a una decisión desencadenada por la situación judicial del exAfip. Es que pocos se animan a enfrentar la virulencia de Carrió, especialmente porque su vehemencia tiene mucho arraigo en la gente. Al menos más del que consigue Michetti.  

Pero en esto de volver sobre los pasos dados, el tema más importante que se ventila a estas horas es la marcha atrás en algunos casos y morigeración en otros del tarifazo en el gas y también de luz, proceso que tuvo no solo fuertes críticas de los ciudadanos sino de las Pymes y entidades sociales que se vieron jaqueadas por los altos incrementos. Era sabido que se debía salirse del sistema de subsidios acompañado de congelamiento de tarifas que generaba enormes agujeros en las arcas del Estado, inflación y un desorden de las cuentas públicas imposible de sostener más tiempo. Pero la decisión de liberar la tarifa totalmente, incluso cuando se amplió la base de incluidos en las tarifas sociales, llevó a incrementos muy altos en sectores de la sociedad que no eran alcanzados por este beneficio y damnificaban ostensiblemente a mucha población, directa e indirectamente. Hubo amparos judiciales, decisiones de magistrados de primera instancia frenando los incrementos, presión empresaria y quejas de los gobernadores. Y el Gobierno escuchó, admitió que hubo un “error”  en el método de encarar el necesario ajuste, resolviendo en consecuencia ponerles un techo a los aumentos generalizado en cuanto a sectores y para todo el país.

Después de una reunión con gobernadores y representantes de todas las provincias, la administración de Mauricio Macri dispuso un tope de 400 por ciento al aumento del gas para los clientes residenciales de todo el país (a igual nivel de consumo del mismo período del año anterior), y un límite de 500 por ciento al incremento en la factura final que recibirán los comercios, las Pymes, los hoteles de turismo y los clubes de barrio. Para estos últimos, además, habrá un fondo de 200 millones de pesos para atender necesidades específicas relacionadas con los servicios públicos.  Y no es menos importante que, en ambos casos, la medida es retroactiva al 1° de abril pasado.

Las peores críticas las llevó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que en realidad hizo lo que le pidieron, es decir normalizar las tarifas y esa es la razón por la que Macri lo sostiene aunque el ala política del Gabinete le pide que lo saque del cargo, por la falta de empatía que tiene para con el ciudadano. Es bien cierto que fue muy desafortunada su expresión “si no tienen plata para cargar nafta no carguen”, después del tercer incremento del combustible, medida inexplicable a los precios internacionales que tiene hoy el crudo.

Pero lo que se le puede criticar a Aranguren es que no haya considerado las consecuencias y no haberlas planteado con claridad a su jefe antes de dar curso a la medida. Hay formas de sopesar costos y beneficios; por ejemplo, cuando se aplica un incremento en Estados Unidos -un país liberal y nada afecto a los populismos- hacen una prueba con mil facturas de distintos sectores sociales y empresarios para medir el impacto y recién después aplican la nueva tarifa, convencidos de que la industria y el ciudadano de a pie lo puede afrontar. Esta labor faltó hacer, porque si se hubiese encarado se hubiera trabajado la tarifa con más responsabilidad y no habría que haber dado marcha atrás.

El propio Aranguren se dio cuenta y dijo: “Reconocemos, y yo soy el primero en hacerlo, que con más tiempo, más capacidad de análisis, teniendo en cuenta todas las realidades locales y el momento en que se aplicaron las subas, previo a una instancia invernal, se podría haber hecho con más racionalidad si quieren, de una manera un poco más lógica”.

En síntesis, si bien es positivo que el Gobierno pueda dar marcha atrás, escuchando a gobernadores, legisladores y entidades que representan al ciudadano común, también debe aprender a discernir entre la crítica positiva y saber rectificar, pero también estar atentos a la interesada y altamente politizada, porque esa sensibilidad los puede llevar a decisiones erráticas.