La salud: un sistema que necesita reformas profundas para ser sustentable

Argentina atraviesa lo que pareciera ser el final de la pandemia que golpeó duramente a toda la sociedad y dio visibilidad al trabajo en salud. Durante estos dos últimos años en varias oportunidades se ha escuchado que el sistema de salud pudo soportar tamaña expansión de la demanda sin colapsar a pesar de las falencias estructurales que posee. También, que esto fue posible gracias a fuertes inversiones impulsadas por el propio sistema, al compromiso titánico de los actores sanitarios y a mecanismos de articulación entre sectores que tiene pocos antecedentes en la historia, ya que si algo caracteriza al país en materia sanitaria es su enorme fragmentación.

Partiendo de la base de que un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud de la población, luego de la emergencia sanitaria por Covid-19 lo que queda claro es que el país no puede continuar sin tener un plan para resolver sus problemas estructurales.

En el presente y tal como han advertido distintas entidades que representan al sector, se está en riesgo de que muchas organizaciones e instituciones colapsen por carecer de recursos económicos suficientes. La Covid-19 no ha hecho sino profundizar la situación de crisis que venía atravesando el sector que hace tiempo vive en las puertas de un abismo por falta de políticas claras que den previsibilidad al sistema. No hay que olvidar que Argentina se encuentra en emergencia sanitaria desde el año 2002 y que no se han tomado medidas de fondo orientadas a revertir esta realidad. Por el contrario, los parches impuestos a situaciones sumamente complejas de financiamiento, no han hecho sino complejizar un fenómeno que resultaba invisible antes de la pandemia y que cobró visibilidad cuando todas las miradas de la sociedad se posicionaron sobre el sistema sanitario que, aunque brindó una respuesta acorde, lo hizo en un contexto de tensión agravado por sus deficiencias históricas.

Hay quienes aseguran que el problema de la salud en Argentina no es ingresos sino de organización. Históricamente el país destinaba aproximadamente un 9,5 por ciento de su PBI total para satisfacer las demandas de todo su sistema, lo cual, comparativamente con otros países de la región, es un porcentaje que podría considerase adecuado a los fines de generar un acceso equitativo y de calidad a los distintos sub sistemas de salud por parte de la población. Sin embargo, distintos indicadores sanitarios fundamentales para una sociedad, presentan enormes diferencias territoriales, creando profundas inequidades y una mala distribución de los recursos económicos y humanos. Sobre esto último, cualquiera podría concluir que el sistema de salud no tendría problemas de ingresos sino de distribución y eficiencia en la utilización de esos recursos. 

Por citar un ejemplo de lo que sucede en materia de salud, vale mencionar el Plan Médico Obligatorio expresado como un conjunto heterogéneo de prestaciones no protocolizadas, en ampliación permanente. Aunque, en rigor es uno de los más abarcativos del mundo, su constante expansión nunca considera los recursos económicos para posibilitar las nuevas coberturas, lo que contribuye a profundizar la gravedad de los problemas estructurales del sistema, generando mayores inequidades, ya que su alcance no llega a la salud pública, ni a las obras sociales provinciales, ni al Pami, con lo cual se introduce un sesgo de clara inequidad en el acceso a las diferentes respuestas terapéuticas.

Este es apenas el botón de muestra de una realidad sumamente compleja que se da además en un contexto inflacionario que complica la administración de las instituciones de salud y las pone al borde del abismo.

Cualquiera de los indicadores que se analicen muestran que existe un enorme desfinanciamiento tanto en salud pública, la seguridad social y el sector privado.

Como lo señalan los referentes de las principales instituciones, si no se abordan estratégicamente las cuestiones referentes a los costos y la problemática estructural, se seguirá agudizando la crisis y comenzará a ser real la desaparición de organizaciones en perjuicio de las personas que deben tener cobertura.

En este contexto, se necesita imperiosamente comenzar una consensuada reforma, que redefina la coparticipación federal en función a nuevos parámetros para un sistema equitativo y de calidad e incluya nuevas formas de organización, gestión y eficiencia en el uso de los recursos en la seguridad social. En el sector privado y la economía social, tanto financiadores como prestadores, puedan trabajar en la búsqueda de puntos de sustentabilidad mutua. 

La salud es un bien social que requiere de políticas capaces de trascender ideologías, administraciones y gobiernos para erigirse en ese espacio de encuentro en el que confluyan todos los sectores involucrados, incluida la industria farmacéutica y otros actores que resultan vitales al momento de pensar un sistema más equitativo, menos fragmentado y más federal.

 Que estas reformas y estos acuerdos necesarios no queden en el terreno de lo utópico, exige dejar de lado mezquindades, abandonar las grietas que también se generan en el campo de la salud y entender que tanto instituciones públicas como privadas deben sentarse a una misma mesa para construir los acuerdos que demanda tamaño desafío. Por supuesto que para eso deberá existir el consenso de todos los actores del sistema, pero fundamentalmente un verdadero poder de rectoría en las autoridades nacionales, con la suficiente decisión política y credibilidad para iniciar un proceso de cambios que trasciendan los tiempos y las administraciones. 

La evidencia muestra que Argentina no tiene un plan para salir de esta situación crítica, que el sistema está desfinanciado, pero que no se soluciona solamente con más ingresos, dado que el modelo adquirió la lógica que todo nuevo ingreso ya está previamente gastado. Se requiere de transformaciones profundas que solo pueden llevarse adelante sobre la base de la articulación y políticas claras que guíen un accionar que no debe perseguir otro objetivo que el de hacer de la salud un derecho accesible a todos.