La Ley Lucio, una norma que brinda las herramientas para no mirar para otro lado

El asesinato de Lucio Dupuy, de apenas 5 años, conmovió al conjunto de la sociedad por lo aberrante del hecho. La progenitora y su pareja no solo lo golpeaban salvajemente y lo sometían a todo tipo de vejaciones, sino que lo violaban y le propinaban agresiones sangrientas. El fallecimiento del menor fue el desenlace de una tortura que atravesó en silencio y ante la mirada distraída de todos los dispositivos del Estado que jamás advirtieron lo que estaba pasando, a pesar de los reiterados ingresos a guardias hospitalarias y las marcas que eran visibles, por ejemplo, en la dinámica de la vida escolar. El fallo judicial condenatorio de ambas mujeres resultó ejemplar. Pero el hecho no quedó allí. La muerte del niño motivó la presentación de un proyecto de ley con su nombre que la semana pasada finalmente fue aprobada por el Senado de la Nación que establece nuevas herramientas que refuerzan la Ley N°26.061 de "Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".

En rigor se trata de una norma que apunta a que la sociedad deje de mirar para otro lado cuando detecta este tipo de situaciones y que cuente con los instrumentos necesarios para estar atenta a ellos y para poder encauzar las denuncias ante los organismos que correspondan. La ley establece la capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, reserva de identidad y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.

La capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, tiene como objetivo detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como así también cambios de comportamiento o los dibujos que realiza. La reserva de identidad es una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia. Y las campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales están orientadas a reforzar la información sobre los derechos del niño e instalar en la sociedad mensajes que contribuyan a evitar las situaciones abusivas.

En su génesis, la normativa busca prevenir violaciones de derechos de los niños y adolescentes, y pone la mirada especialmente sobre la pericia y preparación para detectar estas situaciones que deben tener médicos, docentes, funcionarios del estado y todas aquellas personas que están en contacto con la niñez, porque si bien la ley que estaba vigente en el país y que contempla la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes no terminaba de aportar todos los elementos necesarios para abordar esta problemática que es transversal a las familias y a las instituciones.

En este sentido la aprobación de la Ley Lucio desde el punto de vista normativo representa un paso más, sumamente importante, en la protección de derechos. Más de lo que se sabe y de lo que relatan los medios de comunicación que solo acceden a estos casos cuando por sus trágicas consecuencias toman relevancia pública, el abuso y el maltrato de niños es un flagelo que cuenta en el país con estadísticas vergonzantes. Según datos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la línea 102 recibió en un año más de 45.500 llamadas de todo el país, de las cuales unas 20.300 corresponden a situaciones de violencia contra niñas y niños. 

A partir de la sanción de esta ley, que fue motivada por uno de los hechos más aberrantes que ocurrieron en relación a este tema y que convirtió a Lucio y a su familia paterna en íncono de las luchas que dan las víctimas, se espera que haya nuevos instrumentos que efectivamente se utilicen y pongan al servicio de prevenir y poder actuar contra la violencia, protegiendo los derechos de aquellos que resultan más vulnerables, muchos de los cuales mueren como Lucio a manos de sus agresores y otros que sin perder la vida cargan desde pequeños con huellas visibles e intangibles que modifican su biografía personal y los marcan para siempre, ante la mirada algunas veces desatenta y otras veces cómplice de la comunidad de los adultos que prefiere mirar para otro lado por no involucrarse o sencillamente por no saber cómo hacerlo.

Después de lo ocurrido con Lucio Dupuy hubieron otras muertes, muchas que ni siquiera aparecieron en la televisión. Cada una de ellas debe ser la llave para habilitar una profunda reflexión sobre el rol que cada miembro de una sociedad tiene ante tamaño flagelo. La gran tarea ahora es nutrir a la ley de implementación, y generar en la sociedad el necesario e irrenunciable compromiso de detener la mirada sobre los chicos y acompañarlos para que crezcan sin ser amenazados por agresiones y conductas abusivas que les arrebatan la posibilidad del futuro. No hacerlo con enorme compromiso cívico, cada uno desde su lugar, es transformar la muerte de Lucio en otra pérdida en vano y anular la lucha valiente que su familia dio para obtener justicia y para propiciar que el país tuviera otros instrumentos para evitar aquello que siempre pueda evitarse si se actúa con responsabilidad y pericia.