La Justicia, víctima de leyes obsoletas y políticos inescrupulosos

La Justicia, en términos generales, no está funcionando como debiera. Aunque hay muchas aristas por analizar, hoy “haremos pie” en tres casos recientes que dejan en evidencia tres aspectos que ponen en jaque a la sociedad: ineficiencia, garantismo y minoridad. Todo esto acompañado por las intromisiones del poder político en casos que involucran a quienes están o rodean al poder, protegiendo a quienes están sospechados de delitos.

Sirva para ilustrar lo dicho lo sucedido en estas últimas horas.

Indignación causó a los familiares de una mujer muerta en San Juan hace dos años, a manos de su marido, cuando llegó una citación para ratificar las denuncias de violencia que padecía de su expareja. La joven de 24 años solicitaba protección que, a la luz de los hechos no recibió y, en cambio terminó muerta al poco tiempo, asesinada de 140 puñaladas por su ex en complicidad con su novia y una amiga; los tres cumplen condena mientras que la familia de la víctima recibe esta irrisoria citación. ¿Qué ineficacia puede tener la Justicia frente a tamaña burocracia? Sabemos que es un caso extremo por lo que puede considerarse aislado, pero la verdad es que en estos casos no son pocas las veces en que la Justicia llega tarde con sus medidas. Y en Pergamino podemos dar fe. Además, respecto de lo de San Juan, surge otro interrogante: ¿Está informatizado el sistema o los expedientes siguen siendo acumulación de papeles? ¿Cómo es posible que no haya una base de datos donde se vayan actualizando los datos y que sea accesible desde todos los juzgados? 

En Pergamino, dos menores armados con cuchillos abordaron a un interno de la línea D de La Nueva Perla y les sustrajeron las pertenencias a las cuatro personas que viajaban en la unidad. También se llevaron dinero de la recaudación y le provocaron un corte superficial en el cuello al conductor. Un chico de 14 años fue detenido y horas más tarde liberado, por ser inimputable debido a su corta edad. De nada valió que estuviera armado e hiriera al chofer.

Cada vez con más frecuencia aparecen menores involucrados en crímenes resonantes a nivel nacional, como sucede en Pergamino. En los últimos dos meses, en todo el país fueron arrestados 19 adolescentes por homicidios, en muchos de los cuales se actuó con la única intención de matar. Siete de los detenidos, incluso, son inimputables por tratarse de chicos menores de 16 años, que no están alcanzados por las sanciones penales.

La verdad es que estamos frente a dos problemas; por un lado, estamos a manos de delincuentes que por su edad no son alcanzados con el rigor que la ley prevé para el tipo de delito que comenten y, por otro, que justamente por ese motivo, son presa de criminales mayores que los cooptan precisamente por ser mano de obra barata e impune. Estos chicos, al no poder intervenir la Justicia como debiera, quedan entonces sumergidos en el mismo entorno que los corrompe.

Y mientras los hombre de a pie padecemos estas dilaciones e ineficiencias judiciales, estas garantías que no siempre están justificadas porque responden al tiempo en que fueron incorporadas a la Ley Penal -cuando el espíritu de la minoridad era otra y no existía el influjo de las drogas- la ausencia de prevención, nos coloca en una situación difícil, de riesgo de vida a diario.

También sucede que nuestra Justicia está atravesada por la política; el poder sigue con sus juegos judiciales para proteger a los “amigos del poder”. Los ciudadanos vemos cómo, por mucho menos, nos cae el peso de la Ley que a otros les es esquivo, como los casos puntuales del vicepresidente y la propia familia presidencial a través de su cuestionado entorno de amigos empresarios. Ahora la Procuración General de la Nación decidió mudar de oficinas al equipo de investigadores que trabajó junto al suspendido fiscal José María Campagnoli en la Secretaría de Investigaciones Penales. Los colaboradores del fiscal dijeron que se trata de “una represalia más” por la investigación que llevaron adelante contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, lo que le valió el juicio político en curso contra Campagnoli. 

El propio Campagnoli dijo que “esto tiene olor a mucha represalia” en referencia a la investigación que llevó adelante contra Báez, en la que detectó un presunto lavado de casi 50 millones de dólares, con dinero que salió del país a través de la financiera SGI y regresó aquí a través de la compra de bonos argentinos por parte de empresas vinculadas al empresario santacruceño.

Literalmente, tras descabezar la fiscalía, ahora la desmantelan sin ningún motivo aparente. Sólo la voluntad política de hacerlo.  Ya ni siquiera hay disimulo a la hora de maniobrar intencionalmente. Claro que desde la Procuración negaron que se trate de un desmantelamiento y aseguraron que los siete empleados y funcionarios que trabajan allí mantienen sus tareas en otras dependencias de la institución. ¿Por qué? Ni ellos lo saben, aunque lo suponen.

La Procuración es encabezada por Alejandra Gils Carbó, quien recomendó el juicio político de Campagnoli y la suspensión en su cargo. La explicación que dio por la tarde la Procuración a través de un comunicado es que como Campagnoli ya no ocupa más sus oficinas en la Fiscalía de Núñez-Saavedra, ya no tiene sentido que sus colaboradores permanezcan allí.

Lo sucedido en este affaire, como lo que acontece por estos días en el caso Boudou –lo último es que se transfirió un inmueble de Ciccone incluido en la quiebra que se investiga- no resiste más análisis de nuestra parte y lo dejamos a criterio del lector. 

Es muy preocupante lo que sucede en la Argentina con la Justicia, con sistemas obsoletos que resultan en ineficiencias letales; con minoridad en delito que espera hace años una nueva ley penal juvenil, acorde a la mentalidad y el accionar de los chicos de hoy; y con la política interviniendo para cuidar a quienes ejercen el poder.