La Justicia convertida en un show poco confiable

Los escándalos se suceden en esta Argentina que parece haberse despertado de golpe de un largo letargo. Y mientras asistimos atónitos a los bolsos de José López lanzados por encima del muro del convento de monjas, las propiedades de Lázaro Báez, las cuentas de sus hijos en Suiza, se anuncia como “gran avance” en la lucha por la dilucidación de la trama de la corrupción la autorización del Parlamento para un allanamiento al exministro Julio de Vido un mes después de que fuera anunciado. Todo esto mientras se da la entrega por capítulos de las distintas excavaciones en busca de dinero físico, producto de estos negociados. Sin dudas esto habla de una Justicia activa y atenta si no fuese por el hecho de que toda esta acción se produce ocho o nueve años después del inicio de las causas. 

El punto de inflexión fue sin dudas el triunfo de Mauricio Macri; a partir de entonces parece haberse generado una suerte de locura colectiva en Comodoro Py, sede de los tribunales federales. Tan claro es esto como lo es que las denuncias  -judiciales, legislativas y periodísticas-  se cajonearon por años, mientras se “acomodaban” con el gobierno kirchnerista. Ahora, ante un nuevo mando –y no es porque sea Macri, ya que hubiese pasado lo mismo con Massa e incluso con Scioli- ahora salen a la luz y de manera rápida y sobreactuada, porque en poco tiempo, los magistrados quieren quedar en la mejor situación con los nuevos dueños del poder.

Funcionarios de las cercanías de la Casa Rosada consultados sobre la postura del presidente frente a esta efusión afiebrada de la Justicia, responden que “Macri es muy práctico, quiere ver para creer”. Y lo mismo le sucede a todos los argentinos: frente a tanta corrupción queremos ver resultados antes de confiar en magistrados que ahora parecen liebres, pero durante años fueron funcionales a quienes se llevaban el dinero a manos llenas del Estado, ignorando denuncias y permitiendo que el robo se perpetuara a límites que hoy asombra. 

¿Serán los jueces los primeros arrepentidos de la corrupción K? El interrogante no es ocioso, porque se habla de una relación muy “fluida” entre el Gobierno y los magistrados.

Pasaron 10 días desde esa madrugada de asombro y escándalo, y los nueve millones de dólares del hombre que siempre tuvo línea directa con Néstor y Cristina Kirchner y fue mano derecha de De Vido continúan actuando como un revulsivo poderoso en la política, la Justicia y la opinión pública.

Hace una semana en este espacio se dijo que la caída de López había sido un despertador para jueces que dormían. Hoy, con la política corriendo a votar la ley del arrepentido para casos de corrupción, el mismo proyecto de Mauricio Macri que antes había encontrado resistencia y desgano, se puede asegurar que los primeros “arrepentidos” son los jueces.

Hay que partir de la premisa de que no es posible una lucha contra la corrupción, sostenida en el tiempo y no espasmódica, revanchista y acomodaticia sin una reforma previa de la Justicia federal. De eso estamos lejos y nos tenemos que conformar con que, mientras tanto, los actuales magistrados asuman sus responsabilidades y omisiones. 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que “hay jueces que deberían dar un paso al costado”. La frase es inequívoca y suena al oído fino de los jueces como el inicio de un movimiento político para depurar los tribunales. El Gobierno tiene claro que lo que están haciendo los jueces es, sencillamente, salvarse ellos mismos de la inundación de corrupción que ya tiene ahogada y asqueada a la sociedad argentina. Y en el Consejo de la Magistratura existiría la sensación de un pronto inicio de tareas de revisión y eventual enjuiciamiento de jueces que formaron parte del entramado de protección del kirchnerismo. No pueden investigar y juzgar la corrupción magistrados corruptos. 

La desconfianza que tiene el macrismo a este apuro de los jueces es compartido por la ciudadanía. ¿Por qué confiar que serán justos ahora los procesamientos si antes no lo fueron?

No resulta natural el apuro de ciertos jueces y fiscales por tratar de hacer en 10 días lo que no hicieron en ocho años de impunidad garantizada. Unos porque esperaban ascender a camaristas, otros porque querían poner a sus parientes en el Poder Judicial, otros porque debían “el favor” de haber sido nombrado jueces, otros por dinero o tal vez porque tienen algún “muerto en el placard”, pero la mayoría se entregó a proteger al Gobierno anterior. Por empezar, no todos los jueces pueden justificar su patrimonio en relación a sus salarios, que son de público conocimiento.  Este puede resultar un ardid para que sean maleables a quienes, de turno, deben controlar este aspecto desde la UIF o Afip. ¿Cómo esperar entonces, si estaban amenazados por esta espada de Damocles, que fueran de lleno en las denuncias contra quienes tenían la potestad de ventilar sus asuntos? Los que de todos modos lo hicieron, sufrieron consecuencias por todos conocidas.

Ahora no les queda otra porque de todos modos están bajo la lupa. El juez Ariel Lijo procesó a cinco personas por lavado de dinero, ejecutado mediante el aporte de fondos de origen ilegal a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. La lista de procesados es encabezada por el exfuncionario Héctor Capaccioli. Todos están involucrados también en la causa llamada “mafia de los medicamentos”. La jueza María Servini de Cubría procesó por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el caso del desvío de fondos de Fútbol para Todos, a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Los tres fueron jefes de Gabinete de Cristina Kirchner y tenían a su cargo la administración del contrato con la AFA. También fue procesado el todavía titular de la entidad, Luis Segura, y otros seis dirigentes del fútbol.

El juez Sebastián Ramos procesó al hoy diputado Julio de Vido y al ya preso Ricardo Jaime, por irregularidades en la concesión del servicio ferroviario. Los acusó de negociaciones incompatibles con la función pública, por las ventajas que les dieron a las concesionarias de trenes al extender sus contratos sin renegociación. El domingo fue detenido en Foz do Iguazú el prófugo Ibar Pérez Corradi, considerado autor ideológico del triple crimen de 2008 vinculado al negocio de la efedrina y el narcotráfico. Pronto se confirmó que Pérez Corradi disfrutó de cuatro años de protección kirchnerista para moverse a sus anchas fuera del alcance de la Justicia. 

El mismo día que cayó López, el juez Daniel Rafecas -que llevaba desde 2008 su caso por enriquecimiento ilícito- lo citó a indagatoria. Estamos hablando de citar a declarar, una instancia mínima cuando media una denuncia y lo hizo ocho años después. También, aceptando un pedido del fiscal Federico Delgado, ordenó analizar los fajos de dólares que López había tratado de esconder en el monasterio y autorizó un rastreo de llamadas en los teléfonos celulares del exfuncionario y su familia.

Además, un día después de la caída de López el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria a De Vido, Capitanich, Hebe de Bonafini, los hermanos Schoklender y una treintena de exgobernadores, intendentes y funcionarios, por la sonora estafa en el programa de viviendas Sueños Compartidos.

Vale decir que este mismo juez Ramos está al frente de una denuncia radicada por Gabriela Cerruti por presunto enriquecimiento ilícito de Mauricio Macri. ¿Tendremos que esperar a que termine su mandato para que la causa se dilucide, para bien o para mal del presidente? Si todo esto que está sucediendo no es más que una parodia y no implica un cambio profundo, nos atrevemos a pensar que así será, lamentablemente.

El juez Sebastián Casanello vive en la cuerda floja ya que Lázaro Báez, testaferro y socio de la familia Kirchner, aseguró habelo visto en la residencia de Olivos, en compañía de “Wado” de Pedro, cuando él mismo fue a reunirse allí con Cristina. Casanello es el juez que debería investigar a Báez y sus vínculos con los Kirchner. En el apuro por limpiar su imagen ante la acusación de que el caso que lleva “tiene como línea de corte a Báez y que no quiere subir más arriba para proteger a Cristina”, ayer llamó a conferencia intempestiva de prensa con el fiscal Marijuan, para informar que ya descubrieron las cuentas de Báez en Suiza y que sus cuatro hijos podrían ser detenidos  en breve, por esta razón. En Comodoro Py no le prestaron al magistrado la sala de reuniones con la prensa, y el papelón se extendió por dos o tres horas ayer, cuando Marijuan, en medio de una nube de periodistas en los pasillos, habló entre empujones y lidiando la falta de espacio.

Planteadas como están las causas, la necesidad de darle espectacularidad por parte de jueces acomodaticios, da una sensación de revancha política desagradable. De hecho, el pedido de autorización a la Cámara de Diputados para allanar a De Vido no tuvo ni tendrá otro efecto más que ese, el político, el de hacerle el favor al nuevo jefe Macri de mostrar un Frente para la Victoria dividido y golpeado en sus máximas figuras. 

Por un lado sentimos que, al fin, se va a acorralar a la corrupción y hasta se puede recuperar parte del dinero desviado. Pero por otro no podemos afirmar que estamos tranquilos con esta Justicia, porque al fin actúa espasmódicamente frente al cambio de época política y eso puede generar todo tipo de inequidades.

La diputada Elisa Carrió es quizás quien mejor expresó lo que está sucediendo, sostiene que es imprescindible un cambio en la Justicia: “El sistema de corrupción solo funciona si tiene garantía judicial de impunidad”, dijo después de cruzarse muy duro con De Vido en el Congreso. Precisamente, los legisladores votaron un mes después de pedido el allanamiento al exfuncionario de la obra pública, la autorización (por los fueros que tiene ahora como diputados) para que ingresen a su casa. ¿Qué van a encontrar ahora allí? Nada, seguramente, porque lo fundamental en un allanamiento es el efecto sorpresa. Y no hace falta decir que aquí no lo hubo.

Tampoco resulta serio en la Justicia que los allanamientos se hagan con la prensa presente, todo el mundo pisa, pasan los cables por todos lados para las cámaras. Un show que puede terminar perjudicando los resultados. Como no lo es que un juez pida permiso para un allanamiento en particular en vez de activar en el Congreso la eliminación total de los fueros para De Vido, involucrado a estas horas en varias causas, con vinculación directa con delitos económicos que están lejos de conformar una persecución política por su condición de diputado, tal el espíritu con que fueron concebidos los fueros. Si otro magistrado en uno de sus expedientes requiriera allanar, deberá pasar nuevamente por este periplo parlamentario para pedir permiso y una vez estaríamos frente a una parodia, al saber el sindicado con la premura necesaria acerca del procedimiento como para eliminar todo aquello que lo comprometa.

Queremos Justicia frente a la corrupción, es un clamor claro como el agua, pero seria, confiable, equitativa y sostenida.