La inflación en el centro de la escena

Frente a un 2016 que terminó con más preocupación que certezas en términos económicos, las esperanzas ahora están puestas en el año que acaba de comenzar. Se espera una inflación más controlada, la recuperación del salario real, la reactivación de algunos sectores pese a un contexto internacional desfavorable y un tipo de cambio controlado.

Pero el año ya comenzó y el debate por los niveles de inflación está sobre la mesa, las entidades empresarias y las consultoras por un lado y el Gobierno por otro, pujan por el costo de vida que nos espera en este 2017.

Sin embargo la problemática tiene dos aristas que no son menores: por un lado los aumentos que promueve el propio Gobierno de los servicios y los privados que autoriza y por otro el nivel porcentual que alcanzarán las paritarias. Porque de eso depende la reactivación del mercado interno.

En este inicio de año el Gobierno permitió el aumento del precio de las naftas en un ocho por ciento pero no se descartan otros incrementos. Así, entre el 10 y 15 de este mes, la nafta común superó los 18 pesos el litro y la premium está arriba de los 20 pesos y hasta podría llegar a 21, mientras que a mitad de año, los precios serían libres. De todos los incrementos planteados el que resulta francamente incomprensible es el de la nafta, ya que los combustibles en la Argentina son los más caros de América Latina y los Estados Unidos.

Macri también autorizó un aumento de hasta el seis por ciento en las cuotas de todas las prepagas, que se hará efectivo a partir del miércoles próximo. Según el ministro de Energía, en abril se vendrá el primero de los cuatro aumentos por año en el servicio de gas, aunque no se precisó aún qué porcentaje se aplicará.

En febrero aumentarán los celulares, los alquileres y producto de los incrementos de la energía, la nafta y el gas seguirán los retoques en las góndolas, en los restaurantes y los comercios en general que no pueden absorber los nuevos costos sin trasladarlos a los precios.

En este escenario, las consultoras no creen que la actividad avance 3,5 por ciento como proyectó el Gobierno en la ley de Presupuesto. Tampoco que el alza de precios sea del 17 por ciento. Los economistas en general creen que efectivamente habrá crecimiento, pero no más allá del 2,2 por ciento o similar.

El crecimiento está planteado en una reactivación extraordinaria de la obra pública y si se logra una recuperación del salario por encima de la inflación. En este sentido, el Gobierno deberá flexibilizar su propuesta de paritarias que no superen el 18 por ciento, ya que la inflación anual sería superior al 20 por ciento, lo que representa un avance ante la aceleración que tuvimos en 2016, pero dejaría un año más los salarios por debajo del aumento del costo de vida.

Este es un efecto que, aunque lo provoque, no es deseado por el Gobierno porque la recesión en un año electoral es una combinación altamente negativa. El dato positivo es el exitoso blanqueo, que podrá ayudar a cubrir buena parte del programa financiero de los primeros meses del año.

En ese sentido, el objetivo del Gobierno en la visión de los economistas, deberá ser consolidar la desaceleración inflacionaria y lograr que los salarios se pacten en función del alza de precios futuros, garantizando una recuperación real del poder de compra. De esta manera, habrá más consumo y ello alentará el crecimiento. El consenso de los economistas pronostica un alza de precios de entre el 23 y el 25 por ciento y paritarias en esa línea o algunos puntos más.

En este sentido, para el Gobierno hay una dura elección que debe hacer: frenar menos la inflación con una paritaria que permita reactivación del mercado interno u ortodoxia pura, haciendo una política monetaria claramente restrictiva (aunque sea un año electoral) y que la recesión siga un tiempo más. Pero la realidad es que la recesión no solo obliga a las familias a ajustarse, sino que hay un gran costo respecto a cierres de comercios y despidos en la industria porque ante el menor consumo el mercado se achica visiblemente.

Sobre el tipo de cambio, el mercado no prevé corrimientos bruscos. El año electoral exigirá estabilidad del dólar, evitando disparadas que, de todas maneras, no parecen probables, y mantener a raya la inflación. Si existiera demasiada volatilidad externa, será decisión del Banco Central si interviene o no para evitar sobresaltos.

Estamos en un año no exento de dificultades, y la cuestión electoral no deja de ser una presión extra para el Gobierno y la oposición que, esperemos, no sobreactúe sus posiciones porque aunque haya elecciones, los argentinos necesitamos ir normalizando nuestra economía, así como renovar expectativas de crecimiento.