La impudicia de la política

Hace unos días la política argentina brindó otro espectáculo de esos que muestran ante los ojos de la opinión pública atributos más cercanos a las cuestiones vinculadas al espectáculo que a las verdaderas necesidades de la gente. Aunque la clase dirigente tiene a la población acostumbrada a ciertos desatinos, hay actitudes y conductas que no pasan desapercibidas y que causan hastío. Las vacaciones del ahora exjefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y candidato Martín Insaurralde en Marbella, junto a una conocida modelo y las imágenes de ese viaje en la que se lo vio a bordo de un lujoso yate expusieron la distancia que suele haber entre el decir y el hacer de quienes tienen responsabilidades públicas y juegan a la doble moral con una vara que, cuando es descubierta, no causa sino un malestar irrefrenable.

Una sociedad agobiada por una crisis económica profunda, con indicadores que marcan que se está en uno de los momentos más delicados de la historia, no admite este tipo de ostentaciones. Las críticas del ciudadano de a pie no tardaron en llegar. Sin embargo, así como el hecho causó enojo, lo preocupante es que no sorprendió, quizás porque buena parte de la sociedad comienza a naturalizar como parte del hacer de los políticos estos comportamientos que rozan lo obsceno por lo que representan en términos simbólicos.

Así como llegó el castigo social, tampoco demoraron en arribar a la escena pública las justificaciones que cierta parte de la dirigencia intentó atribuyendo la difusión de las imágenes del viaje a una "operación" para perjudicar no solo al funcionario sino al propio Gobierno bonaerense en pleno proceso electoral. Los fundamentos se escucharon fuertemente en el oficialismo nacional y bonaerense, como si eso le bajara el precio a la gravedad de lo sucedido.

Si bien como reza la Constitución Nacional "las acciones privadas de los hombres, le pertenecen a los hombres", no menos cierto es que los actos de aquellos que tienen responsabilidades públicas deben guardar grados de austeridad prudentes. Y lo que se vio del funcionario bonaerense no es reprochable en términos de su vida privada, sino por lo que significa en lo concerniente a su vida pública.

Estas vacaciones no son reprochables ni por la compañía, ni por el destino. Ni siquiera por el momento, más bien son cuestionables porque abren un marco de interrogantes en relación a los recursos con los que la política financia niveles de vida que no se condicen con lo que los dirigentes aseguran tener como patrimonio y vuelcan a sus declaraciones juradas.

No menos grave que el accionar del dirigente político, fue lo que dijeron del hecho otros líderes cercanos a su espacio político que consideraron que el funcionario y candidato por su distrito en las próximas elecciones había cometido "un error". Tan inadmisible como su accionar resultan estas apreciaciones. Es alarmante que buena parte de la dirigencia política entienda y naturalice que esto fue una equivocación, en lugar de asumir que lo que puso sobre la lupa este viaje y lo que se conoció del mismo, es una grave contradicción entre el decir y el hacer y una estafa a la ciudadanía que observa casi con resignación como del manejo de fondos públicos surgen enormes fortunas que se despilfarran sin pudor.

La deshonestidad como norma, la falta de coherencia como costumbre y la sombra de la corrupción son los que ha generado la enorme distancia que existe entre la clase política y la gente y lo que genera uno de los peores peligros que supone la vida en democracia que es la falta de credibilidad, ese atributo que se construye a base de mesura, de buen obrar y de coincidencias entre el decir y el hacer para que no resulte una mentira que estafa a aquellos que alguna vez depositaron en ese líder la confianza.

La reunión de gabinete urgente por el gobernador Axel Kicillof convocada apenas trascendieron las imágenes, el pedido de renuncia a Martín Insaurralde, las declaraciones grandilocuentes de repudio de su accionar y todo lo que sobrevino después como reacción, alcanzaron para correr al hombre de su cargo público. Lo que resta determinar es si habrá alguna investigación que indague sobre su patrimonio, si habrá alguna consecuencia que vaya más allá de determinaciones que surgen más por reacción que por verdadera convicción. Lamentablemente no fue la primera vez que ocurrió un escándalo de esta naturaleza. El inventario de las conductas que podrían reproducirse en este comentario son incontables. Lo deseable es que en la antesala de una nueva gestión de Gobierno y en el escalón del inicio de una nueva etapa en la vida democrática del país, lo ocurrido no quede solo como una anécdota y, en cambio, se transforme en esa bisagra que permita reconstruir el valor más preciado que tiene la relación entre los ciudadanos y sus representantes que es la confianza. Eso que se daña cada vez que ocurren hechos de esta naturaleza que son leídos por el conjunto social como una falta de respeto que genera el hartazgo.