La Iglesia argentina puso el dedo en la llaga con respecto al avance de la droga

La Iglesia, que tiene esa mirada larga, habló abiertamente del avance del narcotráfico y denunció la complicidad y corrupción de algunos dirigentes. Por eso pidió políticas públicas de corto, mediano y largo alcance contra este flagelo.

No se equivocan los obispos, en el documento que analizaremos en su contenido, porque cuando se extiende la droga como ha sucedido en la Argentina es porque, claramente, ha habido complicidades políticas, judiciales y policiales. Hemos visto como, en otras naciones donde ha sucedido lo mismo, las instituciones habían sido claramente perforadas por el dinero proveniente del narcotráfico. Y, en este sentido, la Argentina hoy no parece la excepción, lamentablemente.

“La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”, advirtieron los obispos en un documento que presentaron los presidentes del Episcopado, monseñor José María Arancedo, y de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano.

Al leer la declaración, durante la 106ª Asamblea del Episcopado, en Pilar, Arancedo dijo que con frecuencia se oye que a esta situación se ha llegado “con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes”, y que “la sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos colaboran con grupos mafiosos”.

Arancedo es arzobispo de Santa Fe, donde los enfrentamientos por el mercado de la droga han dejado más de 200 muertos este año, además del ataque a balazos a la casa del gobernador, Antonio Bonfatti. “No es un tema localizado en una región. Es en todo el país”, observó el arzobispo. Sin embargo  el tratamiento de este dificultoso asunto estuvo prácticamente ausente en la campaña electoral.

Respecto de la responsabilidad de funcionarios y dirigentes, el documento señala que las sospechas de colaboración con “grupos mafiosos” debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio. Y añade: “También es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y mira para otro lado”.

La Iglesia lamentó, incluso, que la Sedronar, el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas en materia de drogadicción, lleve tantos meses sin tener su responsable designado. Rafael Bielsa, su último responsable, renunció en marzo y el Gobierno no nombró todavía un reemplazante.

Al respecto, en la única reacción del Gobierno al fuerte documento de los obispos, el subsecretario de la Sedronar, Julio Postiglioni, aclaró que el organismo “no está paralizado a pesar de que no cuenta con un secretario”, y afirmó que la vacante no frenó “la actividad del Estado en la lucha contra el narcotráfico”.

Aquí no se trata sólo del Gobierno nacional, sino de los provinciales y los mandatarios locales, su Justicia y su policía en todos los estamentos. Porque son los organismos que en los distintos niveles rigen la vida social y están obligados a combatir el delito.

Los obispos describieron las consecuencias de un mal que “se instala en los barrios, destruye las familias, siembra miedo y desconfianza entre los vecinos y aleja a los chicos y jóvenes de la escuela y el trabajo”. Y puntualizaron, además, que anhelan “una justicia más eficiente que erradique sin demoras la impunidad”.

“Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias, que han ido ganando cada vez más espacio”, señala el documento episcopal.

La Iglesia valora los esfuerzos, dedicación y entrega de tanta gente que colabora en comunidades terapéuticas. Y, en tono de autocrítica, los obispos se mostraron conscientes de no haber sido “suficientemente eficaces en promover una pastoral que convoque y contenga a los adolescentes y jóvenes”. Según el diagnóstico episcopal, el avance de la droga y el narcotráfico “está dejando un tendal de heridos que reclaman de parte de todos compromiso y cercanía”. En este sentido los obispos coinciden con la línea que viene bajando el Papa Francisco respecto a contener a los jóvenes.

Ante una pregunta orientada a saber si la Argentina, ante este escenario, podría “terminar como México”, el titular de Pastoral Social respondió: “No se trata de ser mejor o peor que México o Colombia. El riesgo es ser una Argentina peor a lo que somos, instalar un sistema de organización social en el que el narcotráfico tenga una incidencia muy grande”.

Arancedo resumió: “La droga avanza con la complicidad de muchos y también con el silencio de muchos”. Dijo que “es una mancha que avanza” y que “la sociedad tiene que quitarse el miedo, que lleva a la parálisis”. Ya en junio último, la Comisión de Pastoral Nacional sobre Drogadependencia, que actúa en la Pastoral Social, advirtió que la ausencia del Estado frente a esta situación es “histórica y estructural”.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2013, elaborado por las Naciones Unidas, la Argentina es el primer país de América latina en consumo de cocaína y el segundo de todo el continente, detrás de los Estados Unidos. La estadística, elaborada a partir de datos enviados por los gobiernos de la región, indica que nuestro país también se ubica segundo en el consumo de marihuana y de éxtasis en América del Sur.

Las cifras demuestran que la Pastoral Social está en el camino y que pone el dedo en la llaga de lo que está pasando en la Argentina. Ojalá sean escuchados por todos los que componen la estructura del Estado.