La donación de órganos, la política pública que se instaló en la campaña

La donación voluntaria de órganos y el sistema de procuración, ablación e implante que rige en Argentina es de las políticas públicas en materia sanitaria que demostrado no solo más eficacia en términos de la posibilidad cierta de salvar vidas, sino que mayor consenso ha logrado en la población. Y si esto ha sucedido en un contexto en el que mucho de lo que proviene de lo público es por lo menos cuestionado es porque está sostenida en la transparencia. Los fantasmas en torno al tráfico ilegal de órganos quedan reservado a la leyenda urbana y a relatos más propios de la ficción fantástica que a las posibilidades ciertas de la ciencia de llevar adelante procedimientos de tan alta complejidad por fuera de la legalidad. Aunque quizás por la legitimidad conseguida, el tema no está en la agenda pública ni hay una exigencia de los ciudadanos de implementar cambios- más allá de los que se lograron producto de una fuerte movilización social que dio lugar a la sanción de la Ley Justina y que promovieron mejoras sustantivas al sistema- de un tiempo a esta parte la cuestión se introdujo en el debate electoral generando no pocas controversias. Cuando el tema parecía haberse corrido de la escena, quizás producto de la fuerte oposición que en diversos sectores generó la propuesta del candidato libertario Javier Milei de "abrir un mercado de órganos" considerando a este como "un mercado más", expresiones de una diputada electa de ese espacio político volvieron a generar la polémica.

La economista Diana Mondino en una entrevista periodística lejos de aclarar la posición de los libertarios en torno a este tema, volvió a instalar la discrepancia, cuando al hacer referencia al trasplante de órganos en términos de mercado, planteó la intención del futuro gobierno de hacerlo funcionar de manera más activa.

A pesar del intento de aclarar que "lo que se habló del mercado de órganos es algo radicalmente distinto a la venta de los mismos", las consideraciones de la dirigente que suena como posible canciller en una eventual presidencia de Javier Milei esconden en el mejor de los casos un profundo desconocimiento del sistema.

En Argentina, la venta de órganos está prohibida y, gracias a una ley sancionada en 2018, toda persona mayor de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Además, existe una lista de espera única en todo el país para cada tipo de órgano, controlada y fiscalizada por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), y la distribución y asignación de órganos y tejidos se realiza mediante un sistema informático basado en criterios médicos preestablecidos que tienen en cuenta, principalmente, la gravedad del paciente, la compatibilidad entre donante y receptor y el tiempo en lista de espera.

Resulta casi inimaginable que un sistema que funciona con esta dinámica pueda manejarse con las lógicas del mercado, pero no por una cuestión ideológica sino porque supone un complejo engranaje que en el país está dotado de un atributo que es sustancial: la transparencia.

Cuando se piensa en la donación de órganos, a menudo el tema se aborda desde la conciencia social y la solidaridad, pero poco se dice de lo que implica para el sistema sanitario sostener a una persona con muerte cerebral y posibilitar que todos los dispositivos se pongan en marcha para propiciar la ablación de órganos y tejidos y su posterior implante en personas que están a la espera. En todo este proceso lo que prima es la pericia en la toma de decisiones y la igualdad que propone un sistema que muestra a diario los avances significativos de la ciencia, como así también el afianzamiento de una cultura en la que nada vinculado a lo monetario está en juego.

En su génesis la donación de órganos encarna una política pública que funciona y en la que queda por fuera el interés de unos por sobre otros, que es la regla que suele regir la lógica de cualquier mercado.

En términos estadísticos, actualmente hay más de 7.000 personas en la lista de espera de un órgano y 2.800 para córneas. Ninguna de estas personas piensa en la posibilidad de recibir un órgano por alguna vía que no resulte legal. Todas saben que conseguirlo depende de la solidaridad de otros, pero también de una sólida preparación de los equipos de salud y de una fuerte inversión orientada a garantizar que procuración, ablación e implante sean posibles.

No tomar dimensión de esta complejidad es por lo menos reduccionista al momento de plantear el tema.

Solo en 2022, la cantidad de trasplantes creció un 24 por ciento respecto de 2021 y Argentina volvió a los niveles previos a la pandemia. Si bien América Latina está lejos de los líderes en el mundo en la materia (Estados Unidos y España), Argentina junto con Brasil es líder en la región en cantidad de donantes, según el Registro Internacional de Donación y Trasplantes.

Escuchar a dirigentes de la talla de Diana Mondino decir que se habla de "mercado de órganos" para significar que si alguien necesita un riñón y no hay compatibilidades familiares ni donantes cadavéricos para conseguirlos se puede habilitar una búsqueda por fuera de esos circuitos para que la persona pueda conseguirlo, abre una serie de interrogantes y marca en el mejor de los casos, un desconocimiento. La apreciación de que mercado es la transacción y no el cobro por ese órgano, es una aclaración que resulta insuficiente en un país donde pocas cosas quedan exentas de prebendas.

El argumento ignora que desde el año 2017 existe un programa de donación real cruzada que abre la posibilidad de trasplante en casos en que no existe compatibilidad entre donante y receptor e involucra a varias personas.

En sus fundamentos Mondino refirió en el premio nobel Alvin Roth para marcar que existen referentes en el mundo que trabajan en este tema bajo "ciertas lógicas de mercado"; pero omitió señalar que la Unión Europea le vetó una propuesta suya que pretendía iniciar una cadena internacional de trasplante cruzado de riñón entre países ricos y pobres porque la iniciativa tenía el potencial de "infringir el principio fundamental de no pago por órganos humanos" y sería "una forma de tráfico de órganos".

Lo que resuena en el debate electoral en esta materia pareciera, en el mejor de los casos, desconocer indicadores que posicionan al país en un buen lugar. Esta apreciación, lejos está de cuestionar otros aspectos de la plataforma electoral de La Libertad Avanza. El espíritu de este comentario es apenas habilitar una reflexión sobre lo que parece una constante en Argentina y que se traduce en el empeño constante de sus líderes de desconocer que hay políticas públicas que van más allá de cuestiones ideológicas y no necesariamente deben modificarse si cambian los signos políticos de un Gobierno.