La crisis social que subyace a las decisiones del poder

La descomposición del cuerpo social que se observa actualmente en la Argentina tardará muchos años en superarse si es que alguna vez se logran dejar atrás las cicatrices profundas de esta crisis generalizada que abarca la política, la economía, la sociedad y el sistema institucional. Cada vez más inseguridad, pobreza, indigencia y falta de oportunidades laborales para todos son problemas que persisten en el tiempo sin que los partidos que se alternan en el poder logren soluciones y mejorar la calidad de vida de la gente. Todo lo contrario, cada político que asume la primera magistratura empeora las cosas un poco más. 

El reciente turno electoral ha dejado en evidencia, en la escena del debate público, el hartazgo del votante ante una casta política solo se preocupa por garantizarse ingresos por encima de la media, acceso a negocios y hasta impunidad judicial. 

La promesa política pierde su esencia de movilizar al electorado en busca de su apoyo a cambio de trabajar por un proyecto que en el futuro mejorará la situación individual y colectiva. La promesa de campaña se ha transformado en una mentira porque los funcionarios de memoria breve olvidan rápidamente lo que dicen cuando tratan de llegar al poder. Orden y paz ha quedado como palabras vacías en un país jaqueado por la inseguridad y la violencia sin que los distintos niveles del Estado puedan dar respuestas a esta demanda de la gente. Pobreza cero es otro ejemplo de la promesa incumplida, como así también la reducción de la inflación. 

En 2019, Alberto Fernández se comprometió durante la campaña a volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar, a ayudar a que las exportaciones crezcan, darles a los argentinos una vivienda y que el hambre se termine. En prácticamente dos años de mandato no ha logrado nada de esos objetivos, más allá de que la pandemia de Covid declarada en marzo de 2020 pueda considerarse como un atenuante. 

Lo cierto es que los datos de la realidad son contundentes. En los últimos días se informó que una familia de cuatro miembros necesitó en octubre un ingreso mensual de 72.365 pesos para no ser considerada pobre, según el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió en ese mes 2,6 por ciento, según el Indec. El mismo grupo familiar necesitó 30.925 pesos de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), para no ser considerado indigente, que en la misma comparación aumentó un 2,7 por ciento.

En este análisis sobre el deterioro de la situación social del país cabe agregar que en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,6 por ciento de la población argentina, lo que implicó una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto de los últimos seis meses de 2020, pero no afectó de igual modo en todos los distritos del país. De los 31 aglomerados urbanos, en 22 subió, siendo Formosa, Santiago del Estero-La Banda y el Gran Santa Fe los tres en donde más creció, según el reporte del Indec.

Efecto de la crisis económica y social que se agravó por la pandemia de coronavirus, la pobreza alcanzó a 11.726.794 personas, de las que 3.087.427 se ubicaron bajo la línea de la indigencia, es decir quienes sus ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria.

Ahora un informe de la consultora Ecolatina reveló que una de cada tres personas formalmente encuadrada en la clase media es en realidad pobre en la Argentina. Más allá de la discusión sobre aspectos metodológicos, la pobreza es lo único que parece crecer en el país. Si los funcionarios prefieren destacar que la economía crecerá 9 por ciento este año, en realidad apenas volverá al lugar en el que estaba a comienzos de 2020, que no era el paraíso precisamente. 

Hay algo que tiene que quedar claro: salir de la pobreza no es una decisión individual. La decisión individual puede estar vinculada con la búsqueda de empleo o la generación de ingresos, pero si el mercado de trabajo no genera puestos de calidad, con buenos salarios y condiciones laborales, nada puede hacerse solo. A su vez, el mercado laboral es una responsabilidad compartida: del Estado, porque es quien gestiona las decisiones de política económica y laboral; de los empresarios, que imponen las condiciones pero que necesitan previsibilidad y estímulo para invertir de manera productiva; y de los sindicatos, que deben defender los intereses de cada uno de los trabajadores, esto es los que ya están en el mercado laboral y los que deben ingresar, procurando que esa defensa no amedrente sino por el contrario incentive a los dadores de empleo.

Recuperar el poder de compra de los salarios no es solo un buen argumento económico para estimular el consumo y reactivar la actividad. Es también una política de respeto hacia los derechos humanos básicos de las personas que, aun haciendo su aporte al sistema productivo, no llegan a conseguir lo básico para sobrevivir.