La crisis del campo, el espejo de un problema ambiental de grandes y complejas dimensiones

El presente que vive el campo argentino es acuciante. La sequía y otros fenómenos climáticos extremos en distintas regiones del país muestran la imagen elocuente de la que será una enorme pérdida económica no solo para productores sino para el erario público, por cuanto el sector agroindustrial sostiene buena parte de le economía nacional. Aunque el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria, las medidas que se instrumentaron no alcanzan para amortiguar la dimensión de la crisis. La falta de lluvias perjudica severamente los negocios agrícolas y ganaderos y, en lo coyuntural, expone con crudeza la realidad que afecta no solo a los productores sino al conjunto de la sociedad, ya que lo que sucede en el campo impacta en distintas dimensiones de la vida cotidiana.

Con preocupación productores observan el comportamiento de esta campaña y aventuran que, si las condiciones climáticas no cambian en lo inmediato, directamente no habrá cosecha o se dará con los peores rindes y las más adversas circunstancias de los últimos sesenta años.

Hasta aquí, en un país flaco de recursos y en un contexto inflacionario de escalada preocupante, las respuestas que las autoridades propusieron frente a la sequía que afecta a más de la mitad del país, se centró en el acompañamiento financiero e impositivo a los productores, pero no abordaron la cuestión medular que muestra este fenómeno que lejos está de ser solo circunstancial. La crisis ambiental y las consecuencias del cambio climático que proponen a las sociedades condiciones climáticas cada vez más extremas no son cuestiones que tomen la relevancia necesaria para que la totalidad del arco político y social instalen el asunto en la agenda prioritaria.

 Intentar morigerar el impacto económico de la sequía en el bolsillo de los productores y en el propio mercado interno argentino es casi el manotón de ahogado porque la realidad que plantea la escasez de lluvias en la zona núcleo y en otras estratégicas regiones del país es la punta del isberg de un problema mucho más complejo que tiene que ver con el cambio climático y sus efectos sobre la vida y los modelos productivos. 

Los principales analistas y expertos en cuestiones agropecuarias señalan con claridad que lo que sucede hoy en el campo es una cara de la moneda. La otra es la que más temprano que tarde mostrarán las inundaciones cuando se revierta el ciclo y se avance hacia períodos más húmedos y también extremos. 

Lo que subyace a estas variables es la consecuencia del cambio climático y su consecuente crisis ambiental. En este sentido, es necesario instalar en la sociedad la conciencia de que la sequía y otros fenómenos que tienen influencia sobre los cultivos, no son naturales, sino consecuencias de formas de producción que no han encontrado mecanismos para volverse realmente sustentables.

Lamentablemente la cuestión del campo, como tantas otras en el país, caen en la grieta y hay quienes hasta se alegran porque "el yuyo verde" se va agotando. Sin embargo, se ignoran los múltiples eslabones que se enlazan en esa cadena productiva.

Con el imperativo de salir de la grieta, se torna necesario habilitar una seria reflexión sobre el cuidado del ambiente, pero también sobre las políticas públicas que hay que instrumentar para promover incentivos que generen las condiciones propicias para que la sustentabilidad deje de ser un slogan. Lo que ocurre en el campo y en las ciudades en materia climática y ambiental, no es responsabilidad de los productores que son los que aún en las condiciones más adversas mantienen en marcha la rueda del desarrollo e invierten. El problema es estructural y requiere de una intervención cierta del Estado para proporcionar herramientas que posibiliten concebir la producción en otro escenario.

La agenda no puede discutir solo cuestiones vinculadas a la presión impositiva para recaudar cada vez más a expensas de quienes producen. Tampoco pueden habilitarse prácticas comprobadamente dañinas para el ambiente y legitimarlas solo porque aportan rentabilidad. Pero el problema ambiental no es solo del campo. La alta tasa de deforestación, la emanación de gases de efecto invernadero, la minería a cielo abierto, la ausencia de leyes o el incumplimiento de normas de preservación de la biodiversidad son temas de la agenda urgente. Y el diálogo público sobre estas cuestiones debe darse y para ello es necesario correr la mirada de la coyuntura.

El dato económico que aporta la realidad del campo es alarmante: un informe privado reveló que la sequía generará un alto impacto en la economía nacional por cuanto este año el sector representará menos del 4,5 por ciento del PBI, cuando en años anteriores su participación en términos de aporte nominal fue del 7 por ciento. La advertencia es clara: el margen negativo conjunto de la sequía, algunas heladas tardías y una helada temprana en el mes de febrero muestran la magnitud de un problema considerable para la producción agrícola ganadera del país y para la economía nacional.

El dato ambiental no es menos preocupante. El sistema productivo no resiste más estas condiciones si no se imponen cambios que aporten sustentabilidad y preserven la vida de las principales fuentes de riqueza en términos productivos.

La dimensión del problema es tan inmensa que obligará tanto al Estado como al sector privado a rediseñar por completo el esquema productivo nacional. No hacerlo implicará un deterioro aún mayor en las actividades económicas y sociales. La realidad plantea no pocos desafíos. Asumirlos requerirá de mucha madurez por parte del conjunto de los actores que intervienen en la cadena de producción y fundamentalmente del Estado que tiene responsabilidades en la regulación de sus políticas públicas. También de la sociedad que está llamada a dejar de pensar que lo que le sucede al campo es solo un problema de quienes siembran, cosechan o crían animales y entender que lo que hacemos con el ambiente es en pequeña o gran escala un tema de todos.