La corrupción disfrazada de política

La líder de la agrupación jujeña Túpac Amaru, Milagro Sala, fue condenada a 13 años de prisión este lunes como jefa de una asociación ilícita y coautora de “fraude a la administración pública”.  Esta no es la única ni la más sustanciosa de las causas contra la dirigente, que ya lleva tres años de arresto preventivo, el que actualmente cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Los 15 expedientes en su contra se acumularon en años y se cajonearon por una década; van desde acusaciones por amenazas telefónicas hasta la llamada “megacausa” de defraudación por  1.200 millones de pesos, un perjuicio económico para el Estado que pasa a ser menor cuando se considera la estafa moral a los 1.800 jujeños que fueron ilusionados con una vivienda. La de este lunes es la primera condena en un caso relevante en contra de Sala, vinculado precisamente a los desvíos de fondos destinados a la construcción de casas.

Repasemos las causas que enfrenta la líder de Túpac Amaru:

La llamada “megacausa” averigua un desfalco por 1.200 millones relacionado a la construcción de viviendas sociales. Según la denuncia, hay 1.800 casas que figuran terminadas pero no se hicieron y 500 por la mitad. También se encuentra imputado el exgobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, y el exsecretario de Obras Públicas nacional, José López.

Asociación ilícita: el 18 de enero de 2016, a escasos días de su detención el Gobierno jujeño la acusó de liderar una organización ilícita constituida por cooperativas que se habría apropiado de dinero que debería haberse utilizado en obras que no fueron ejecutadas. Los fiscales del Estado acusaron a Sala de un “proceder plenamente intencional tendiente a apoderarse de dichos fondos y desviarlos”. Fue acusada de “asociación ilícita agravada” y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública.

“Pibes villeros” es otra de las causas que mantienen a Sala detenida y por la cual fue condenada el lunes. Se trata de cargos por “asociación ilícita, fraude y extorsión” por el ahora comprobado desvío de fondos nacionales para obras de vivienda. Se constató que distintos municipios jujeños libraron cheques por 50.000 pesos cada uno lo que totalizó 10 millones de pesos (cuyo objetivo era la construcción de viviendas, que fueron cobrados por ventanilla por cooperativas asociadas a la organización de Túpac Amaru. Entre esas cooperativas se encuentra una denominada “Pibes Villeros”. El lector seguramente recordará aquellas imágenes que llegaron a la televisión en que se podía ver a un sujeto cambiando cheques por ventanilla en varias ocasiones y llevándose el dinero en bolsas de consorcio. Bueno, de aquella maniobra hablamos.

Otra acusación es por “tentativa de homicidio” en la causa denominada  “La Balacera”. Se investiga un hecho con arma de fuego entre dos bandas, por el que se ordenó inicialmente la detención de Jorge Páes y Fabián Avila, acusados de “homicidio en grado de tentativa”, a raíz de una denuncia realizada por “Beto” Cardozo, otro de los involucrados.  Páes, declaró en contra de Sala y la acusó de mandarlo a cometer el delito, por lo cual fue sobreseído en agosto de 2016. Avila y Cardozo fueron procesados.  Sala estuvo en un primer momento procesada por “encubrimiento agravado”, pero por la denuncia de Páes, el juez resolvió imputarla también por “tentativa de homicidio”.

En marzo de 2017, la Cámara de Apelaciones de Jujuy procesó a Milagro Sala en una causa por lesiones graves. El hecho sucedió cuando en 2006, un grupo de 20 personas vinculadas con la Túpac Amaru le propinaron una feroz golpiza a Cristian Lucas Arias, dirigente de la organización social “Corriente del Pueblo”, en un edificio público. Arias murió después de unos meses.

El Tribunal Oral Criminal N°2 absolvió el pasado 7 de diciembre por mayoría a Sala en la causa bautizada por los medios como “la causa de las bombachas”. En ella, la dirigente social estaba acusada de amenazar telefónicamente a policías de la provincia en el año 2014.

Mientras la fiscalía y la querella pidieron cuatro años de prisión efectiva, los jueces Antonio Llermanos, Mario Puig y Luis Ernesto Kamada que integran el Tribunal Oral Criminal N°2 resolvieron por mayoría absolver a Milagro Sala fundamentando su decisión en el “in dubio pro reo”, es decir, en la duda de la existencia de los hechos que beneficia siempre al imputado.

En diciembre de 2016, Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el escrache conocido como “Huevazos” al, por entonces senador, Gerardo Morales, en 2009.

Tras las apelaciones la causa llegó a la Cámara de Casación, que no hizo lugar a ninguno de los planteos de la defensa de Sala. En junio de 2017 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por considerar que los hechos fueron “planeados y organizados” por la dirigente.

El hecho por el que Milagro Sala quedó detenida el 16 de enero de 2015 (hoy tres años) fue el acampe que ella y su organización mantuvieron durante 52 días en la Plaza Belgrano. Fue imputada en dos causas: una penal y otra contravencional. La contravencional avanzó hasta la condena que realizó el Juzgado Contravencional Nº 1 de Jujuy, en diciembre de 2016, por el delito de “ocupación del espacio público, alteración del orden y obstrucción del tránsito vehicular y peatonal”. Pero la sentencia no se mantuvo al ser sometida a una revisión integral a pedido de la defensa.

En diciembre de este año, el Ministerio Público de la Acusación informó que solicitó a través del Fiscal Alejandro Bossatti, elevar a juicio la causa penal por el acampe caratulada como “instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real; y persona a establecer P.S.A impedimento y entorpecimiento del normal funcionamiento de transporte por tierra e impedimento del normal desenvolvimiento de la actividad pública Ciudad” delitos que se le atribuyen a Sala como única imputada.

A todo este rosario de causas se suman otras tres por amenazas; en dos de ellas fue sobreseída mientras que una tercera continúa en curso.

La estrategia de intentar politizar escandalosas causas de corrupción para disfrazarlas de persecución es la que se ha pretendido aplicar Sala a las numerosas y graves investigaciones que lleva a cabo la Justicia en Jujuy. Sin embargo, la flagrancia de los hechos -videos y testimonios incluidos-, evidenciada también en el estándar de vida de la dirigente no asimilable a los ingresos reales de los que pueden dar cuenta ella y su familia, hablan a las claras de una utilización indebida de fondos del Estado. Incluso cuando Sala, íntimamente, se pueda considerar una perseguida política.

A los escándalos en el manejo de fondos estatales que se le imputan hay que sumarles la violencia y el patoterismo que caracterizaron su acción y la de su grupo y que los llevaron a conformar un ilegal gobierno paralelo en la provincia, con llegada directa al kirchnerismo, que entonces gobernaba el país. Porque esos fondos públicos destinados a construir viviendas sociales fueron empleados en parte para el usufructo personal pero mayormente para presionar a los beneficiarios y exigirles contraprestaciones en sus actividades políticas.

Testimonios como los brindados por Carmen Fernández, Soledad Mendoza y el exsecretario gremial de los docentes de Jujuy Víctor Mendoza refieren la perversa mecánica de extorsión y hostigamiento. Un ciudadano jujeño, impotente ante el beneficio que se le otorgó, la caracterizaba en los siguientes términos cuando fue entrevistado al momento de ser trasladada desde Alto Comedero a su prisión domiciliaria: “Es una mujer violenta que entraba a las patadas en los despachos de legisladores. Se salteaba al gobernador Fellner, que le tenía miedo, pero que se alió con ella y por eso los peronistas le votaron en contra. Si la gente no va a las movilizaciones, le quitan los planes, le quitan la casa”.

Ese plano de violencia de cuño feudal facilitó los hechos por los cuales se la está juzgando, pero es un daño que muy pocas veces se llega a comprender cabalmente en otros distritos y mucho menos parecen dispuestos a comprenderlo los organismos internacionales, muchos de ellos ideologizados y partidizados, que tanto se han interesado por su situación y cuestionado que cumpliera prisión en el penal de Alto Comedero.  Porque a pesar de lo evidente, Sala durante este tiempo ha recogido innumerables muestras de aprobación y desaprobación. Curiosamente, las aprobaciones provienen exclusivamente de los militantes de su agrupación de organismos de derechos humanos. Nadie más.

Pero mal que les pese a algunos, no es la política sino la Justicia la que debe seguir sacando a la luz la verdad sobre Sala, y debe hacerlo con independencia, objetividad y celeridad. Se trata de un compromiso con la verdad que también impedirá que los jujeños vuelvan a padecer el patoterismo que ejercen quienes se supieron, en algún momento, impunes.