La campaña por el aborto legal pidió a senadores que motorizará el debate

Referentes de organizaciones feministas y diputadas nacionales que hicieron posible la media sanción acompañaron a los senadores que conformarán el “task force” cuya misión será la de construir consensos para arrimar los votos que faltan para la aprobación.

Buenos Aires, (NA) - La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito solicitó ayer a los senadores que motorizarán el debate en la Cámara alta, quienes pidieron “votar la ley tal como viene de Diputados”.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón Illia del Senado, referentes de organizaciones feministas y diputadas nacionales que hicieron posible la media sanción acompañaron a los senadores que conformarán el “task force” cuya misión será la de construir consensos para arrimar los votos que faltan para la aprobación.

Preocupación

Los legisladores presentes manifestaron “preocupación” por los giros que dispuso la vicepresidenta Gabriela Michetti a cuatro comisiones y reclamaron un debate “respetuoso pero rápido”.

“Creemos que debe mandarse solamente a dos comisiones. No es cierto que estemos negando el debate. Los que estamos involucrados en este debate escuchamos a las 738 personas que pasaron por Diputados. Por lo tanto, creemos que en Senadores, sin coartarle la palabra a nadie, debemos hacer un debate respetuoso, transversal pero rápido porque creemos que rápidamente hay que tomar medidas para evitar más muertes”, dijo la pampeana Norma Durango (Argentina Federal).

La senadora justicialista pidió “votar la ley tal como viene de Diputados” y aclaró que en cualquier caso “si hay alguna modificación que hacer, se puede hacer en la reglamentación”, sin necesidad de “retrasar” el proceso.

Durango explicó que la iniciativa “no va a obligar a nadie a practicarse a un aborto, sino que va a permitir que las mujeres que quieran interrumpir un embarazo lo puedan hacer legalmente y acompañadas por un Estado”.

Giros “innecesarios”

Por su parte, la kirchnerista Nancy González enfatizó que existe “preocupación” por los giros resueltos por Michetti, en particular a las comisiones de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales, los que calificó de “innecesarios”.

Pese a eso, la senadora chubutense encargó a sus asesores un informe que comparó los gastos que le demandaría al Estado hacerse cargo de los abortos contra los que actualmente afronta el sistema público por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos.

El documento determinó que si el aborto fuera legal y asistido por el Estado habría un ahorro en el sistema público del 50 por ciento, cifra que treparía al 68 por ciento si se impulsara la producción pública de la pastilla de misoprostol.

Sin ser “cómplices”

A su turno, la radical Pamela Verasay defendió la legalización del aborto y sostuvo que “como funcionarios públicos” no es posible “seguir siendo cómplices de algo que esta pasando.

“Nos tenemos que hacer cargo. Es nuestra responsabilidad darle una respuesta a las mujeres en materia sanitaria”, consideró la legisladora oficialista, que exhortó a “aprender de la experiencia de la Cámara de Diputados” para poder arribar a “un buen resultado”.

En tanto, la correntina del Frente para la Victoria Ana Almirón aseguró que “a partir de que esta media sanción, que se va a convertir en ley, estas mujeres van a ser un poquito más libres, un poquito más iguales”.

“Eso es lo que estamos haciendo ahora, rompiendo ese sistema que nos fue impuesto y que esta es la primera lucha que damos todas juntas desde diferentes espacios”, manifestó.

Los obispos se expidieron

Los obispos de la región de Cuyo advirtieron ayer que “con el pretexto de promover algunos supuestos derechos individuales se sacrifica el derecho a la vida”, al publicar una carta abierta en la que expresaron su “preocupación y dolor” ante la posibilidad de que se legalice el aborto en el país.

Firmaron la misiva el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano; el administrador apostólico de Mendoza, Dante Braida; el obispo de San Rafael, Eduardo Taussig; el obispo de San Luis, Daniel Martínez Perea y el obispo auxiliar de Mendoza, Marcelo Mazzitelli.

“Mantenemos la esperanza de que es posible un camino diferente e inclusivo que proteja toda vida, especialmente la vida inocente en gestación, la de los más pobres y vulnerables, y de quienes tienen capacidades diferentes”, resaltaron los obispos en un texto que difundió la agencia Aica.

Aseguraron: “Sin eufemismos, afirmamos que se plantea la legalización de eliminar la vida más indefensa, la que crece en el vientre materno”.

“Con el pretexto de promover algunos supuestos derechos individuales se sacrifica el derecho a la vida de los niños por nacer, que es el primero de los derechos humanos sin el cual no hay lugar para otros”, manifestaron los prelados.

En tanto, consideraron que el proyecto que ya tiene media sanción en Diputados “reviste rasgos de autoritarismo por la imposición de la obligación de ir en contra de los principios legítimos personales e institucionales respecto del cuidado de la vida”.

“¿Por qué deben anotarse los que presenten objeción de conciencia, y no más bien hacerlo los que están dispuestos a realizar prácticas reprobables? Nadie puede ser obligado a obedecer una orden que vaya en contra de sus principios, y de los mandatos objetivos del respeto a la dignidad de toda vida humana”, agregaron.