La baja de la edad de imputabilidad

El Gobierno anunció que girará al Parlamento el proyecto del nuevo régimen penal juvenil, que ya había sido anunciado durante el año 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano. No obstante, en las últimas horas, el oficialismo hizo públicas nuevamente sus intenciones de enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que incluye además la creación de estructuras para atender la contención y reinserción de los menores.

Es un tema recurrente en la política el de la baja de la edad de imputabilidad, más que nada porque es un tema que está muy presente en la sociedad, que en su mayoría reclama acción sobre la delincuencia juvenil, que es la que está presente en un alto porcentaje de los hechos contra las personas y contra la propiedad. Justamente porque dadas las prerrogativas que los asisten cuando deben enfrentar a la Justicia, llevan décadas siendo “reclutados” por delincuentes mayores, que los terminan introduciendo de manera definitiva en el mundo delictivo.

Los proyectos en etapas anteriores han naufragado, más por falta de consenso entre los políticos que entre los ciudadanos. Así sucedió en el gobierno de Carlos Menem, cuando se pretendió bajar la edad a 14 años la posibilidad de juzgar a quien cometiera un delito en condiciones similares a un adulto. Naufragó en el Parlamento, donde muchos legisladores se golpeaban el pecho afirmando que se pretendía enjuiciar a niños. Y la realidad era ya bien distinta en aquellos años, ahora es mucho más complicado el tema de la delincuencia juvenil. No obstante, no faltarán esta vez quienes hagan lo mismo.

Ahora, cuando la inseguridad muerde cada vez más fuerte y los menores son usados por los mayores para los trabajos más sucios del delito debido a que son inimputables, se vuelve sobre la idea de que la edad de imputabilidad debe fijarse desde el momento en que la persona tiene capacidad para comprender la criminalidad del hecho que comete. Porque de lo contrario nos olvidamos de las víctimas y su necesidad de tener Justicia.

Según confirmó Martín Casares, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo aceptaría este nuevo texto, más moderado que el que se propuso en un principio, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse a los 14 años en vez de a los 16 -tal como lo establece la legislación vigente- y plantea que sea a los 15 años.

Aquellos delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 años y menores de 18, serían reprimidos con una pena máxima de 15 años. Aclara que serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. Los adolescentes que reciban una condena de prisión no compartirán celdas con adultos.

Entre los 16 y los 18 años serán imputables siempre y cuando no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años. Los adolescentes podrán ir a la cárcel cuando cometan un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a 10 años.

Los menores de 15 años seguirán siendo inimputables en caso de que comentan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal de adultos. Para ellos, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de equipos interdisciplinarios integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales, para acompañar a los chicos y evitar que continúen desarrollándose en torno al delito.

No es el ideal de las soluciones pero algo debe hacerse, tanto por estos menores introducidos en la delincuencia como por las víctimas. Las estadísticas dan cuenta de que los menores participan en la mayoría de los hechos y, según la ley vigente, también en la mayoría de los casos son restituidos a sus familias. Es que en términos generales e ideales, el núcleo familiar siempre fue visto como el mejor ámbito para el desarrollo de las personas, pero eso sucede solo en utopía. Y las estadísticas también lo demuestran. A su vez, los centros, tristemente llamados reformatorios, tampoco han hecho históricamente un buen trabajo. Pero no porque estos ámbitos hayan funcionado mal ni porque el chico tenga una familia se puede pensar que la solución está en la restitución. A la luz de los hechos no es así, por lo que una vuelta de rosca hay que darle al sistema y hacer algo. Como están las cosas, no funciona.

Es un tema complejo, difícil de encarar y donde hay mucho que trabajar porque frente al menor delincuente en general no hay familia de soporte detrás y los institutos de menores son, como las cárceles, escuelas de delito. Sin embargo hay otras opciones como hemos visto en otros países, espacios de contención de los menores con controles, con transparencia. Y alguna vez debemos encarar aquello que se plantea como dificultoso y no como hacemos siempre los argentinos que si es muy complejo no hacemos nada.

Con mayor fuerza que nunca, el delito es hoy uno de los principales problemas sociales para los ciudadanos y la clase política ha tomado nota. Ante una economía que parece situada en una caída sin fondo, la seguridad pretende ser el eje de debate de este año. Y por la razón que sea, nos hace falta darnos la oportunidad de encontrar una salida a la problemática de los adolescentes delincuentes. Sabido es que la cuestión de fondo, la solución que nos merecemos todos, es otra, la educación. Pero si alguna vez se encara eso seriamente (y no está visto que sea ahora ese momento), de todos modos demandaría años ver los resultados en las calles. En el mientras tanto, insistimos, algo hay que hacer.