La Argentina tan rica y tan saqueada

El domingo, un informe periodístico de Jorge Lanata, nos atraganta con una prueba más que certifica el gran, enorme, desvío de fondos del Estado a manos del kirchnerismo. Según constató el colega, habría habido transferencias bancarias en el exterior realizadas por personas y empresas allegadas a las familias Báez y de otros tantos nombres allegados a los Kirchner superiores a los 492 millones de dólares. Una cifra que nos cuesta imaginar, porque nadie de a pie vio nunca semejante cantidad de dólares.

La investigación se basa en informes que enviaron siete bancos internacionales a la Justicia estadounidense, a raíz del interés que tenían los holdouts de embargar cuentas de la familia presidencial para cobrar sus acreencias. Durante la gestión del kirchnerismo, cuando desde el estudio jurídico que defendía los intereses argentinos en la negociación con los fondos buitre se supo que esta información ya había sido recabada y podría llegar a circular (de hecho el propio Lanata la solicitó mediante un expediente judicial), se instruyó a la exprocuradora del Tesoro, la mendocina de origen pero residente santacruceña hasta su salto a Nación, Angelina Abbona, para mantenerla en secreto. Más tarde, directamente se le solicitó eliminar cualquier rastro de estas transferencias. Por esta acción, a la funcionaria –hoy fiscal de Estado en Santa Cruz- le cabe la figura de omisión de denuncia, entre otras, ya que para el tiempo que recibió esta información (entre 2012 y 2014) ya se instruía la causa de Báez y debió anexar al expediente lo que llegó a sus manos. 

Alguien que no fue identificado por el envío PPT desoyó la orden de destrucción y conservó los informes que ahora cayeron en las manos del periodismo; resta que la Justicia, en este caso Sebastián Casanello, haga la correspondiente corroboración. En tanto,  ayer mismo la expresidenta negó que durante los últimos años haya habido transferencias bancarias en el exterior realizadas por personas y empresas allegadas a su familia. En Twitter, dijo que las notas periodísticas no incluyen documentos que demuestren que su familia tiene fondos y cuentas en el exterior. “La nota de Clarín tiene un solo problemita: no encontraron una cuenta en el exterior, ni fondos ocultos o no declarados, porque no existen”, aseveró. Y acusó al Gobierno de Mauricio Macri de generar “títulos” para tapar “Panamá Papers” y tarifazos.

Claro que lo que plantea Lanata, así como el hilo que sigue la causa, es el origen de los fondos que habría transferido Báez. Cuando se habla de una maniobra de los Kirchner no se habla de Néstor, Cristina o sus hijos haciendo las transacciones (lo cual hubiese sido una torpeza) sino de la creación de una estructura, de la cual Báez aparece como facilitador, para desviar fondos públicos que estaban bajo su administración como jefes de Estado. Dicho de otro modo: no hay forma de que Báez haya generado con sus empresas, aun cuando sean muchas y hayan trabajado a ganancia desde su creación, los casi 500 millones de dólares de que se hablan. Mucho menos en su con vida empresarial. Cualquier industrial, empresario o comerciante lo puede notar. Y quienes no lo son, también.

Por eso, las desmentidas de Cristina suenan más a “nunca me van a poder agarrar” que a un argumento fundamentado de su inocencia. Los argentinos ya no somos permeables a estas desmentidas, que obviamente van a venir tras las denuncias. Pero visto cómo se montó la ingeniería del desvío (que es irrefutable porque los pagos estuvieron y las obras no están o se pagó por ellas más de su valor de mercado), al tiempo que queremos ver que la Justicia actúe, vamos haciéndonos a la idea de que, efectivamente, será prácticamente inculpar a los presidentes Kirchner, al menos no de defraudación o asociación ilícita.

Por eso, a lo que debemos apuntar y exigir es que la Justicia procure que todos los fondos que se han llevado de este país vuelvan, que se reintegre al Estado lo robado que, de comprobarse todas las denuncias, serían cientos de millones de dólares (o sea billones de pesos). No es caja chica.

El informe periodístico indicó que la Justicia norteamericana pidió a los bancos información sobre 21 personas físicas, entre las que figuraron el empresario Lázaro Báez y su abogado Jorge Chueco; el financista Federico Elaskar; el presunto armador de las sociedades offshore en Panamá, Fabián Rossi; el operador de Néstor Kirchner Ernesto Clarens; Edgardo Levita, y Jorge Antonio Galitis.

Además, los bancos brindaron datos de 123 firmas radicadas en Nevada, Estados Unidos, y que estaban administradas por la empresa Aldyne, radicada en Seychelles y ligada a Helvetic Service Group, la compradora de la financiera SGI, mejor conocida como La Rosadita.

Obvio que no aparece el nombre de Néstor ni de Cristina Kirchner (aunque todos recordamos su escala no registrada de unas horas en Seychelles), ni falta que hace porque todos los nominados se corresponden con los denunciados por la ruta del dinero K, de modo que son fondos sacados de la Argentina y obtenidos mediante corrupción. Varios de los mencionados ya están presos, como Báez y Chueco, de modo que la Justicia tiene sobrados elementos para actuar y se espera que estén a la altura de las circunstancias, porque de eso dependen la credibilidad del ciudadano argentino que, en las encuestas que dieron a conocer ayer mismo en el canal América, casi un 80 por ciento de la ciudadanía no le cree a la clase política en términos de corrupción.

Mientras vemos millones ir y venir en cuentas, como decimos, el vínculo con el kirchnerismo es claro. En los informes que brindó el Hsbc, por ejemplo, estaba Martín Báez. Martín figura junto con sus hermanos como beneficiario de cuentas bancarias radicadas en Suiza a través de empresas que nunca fueron declaradas. Y uno de los arquitectos de esa red financiera fue Chueco. Clarens, hizo transacciones junto a su hija Natalia en cuatro de los bancos a los que se les solicitó información. Entre el 12 y el 15 de diciembre de 2011, apenas días después de que Cristina Kirchner asumió su segundo mandato, Clarens transfirió más de un millón de dólares.

La sensación de estafa política, asco y enojo atraviesa a la sociedad, porque un Gobierno con máscara progresista en el que llegó a confiar más del 50 por ciento de la población y que usó como coartada los subsidios, los derechos humanos y el movimiento del mercado interno, para fines oscuros, genera primero desconcierto y luego un malestar enorme.

Más allá de que actúe la Justicia contra los corruptos, recuperar tantos fondos circulando por el mundo que son claramente de la Argentina, sentaría un precedente espléndido dentro de tanta desilusión con la administración anterior. Porque es nuestro dinero, porque lo necesitamos y porque haríamos muchas obras postergadas en salud, en educación y en tantas otras cuestiones que quedaron en el tintero de la corrupción. En este tema sí tenemos que “ir por todo”.

Hay otra cuestión que no es menor cuando vemos tantos millones circulando, robados a manos llenas: si el gobierno anterior se llevó tantos dólares como hasta ahora parece, además gastaba enormes millonadas en subsidio a la energía, al transporte y obras públicas y viviendas se han realizado asimismo, con sobreprecios, pero están hechas, se ha pagado deuda externa en forma sistemática, la reflexión no es ociosa: ¿Con cuanto realmente se puede financiar el Estado argentino? A la luz de los hechos, sin con todo ese faltante sobrevivimos, quiere decir que sin robar nuestro país sería más que solvente y nadie tendría que administrar recursos para obras que faltan desde el criterio de la escasez, estableciendo odiosas prioridades que generan eternas postergaciones. Alguien dijo alguna vez que la solución pasaba por dejar de robar dos años… y no faltó a la verdad. Tenemos un país realmente muy rico, porque hemos sobrevivido a todo y aquí estamos, con una crisis que no obstante no refleja la enormidad de lo pasado.

No es consuelo, o sí.