La agenda de género como un tema prioritario

Cada vez con mayor frecuencia los delitos encuadrados en la violencia de género ganan más espacio en la agenda mediática y en las páginas policiales de los principales espacios de comunicación. En el escenario político, en tanto, también las cuestiones de género han comenzado a transitar un camino necesario gracias a algunas iniciativas legislativas y acciones gubernamentales que buscan controlar un flagelo que daña el entramado más profundo de las relaciones sociales: el de los vínculos humanos.

No hace falta ir muy lejos para dimensionar la gravedad del problema que las estadísticas se empeñan en reflejar. Días pasados un hecho ocurrido en un complejo habitacional de la ciudad, donde una mujer con su bebé de apenas cinco meses tuvo que ser rescatada de una vivienda que había sido electrificada por su pareja luego de una discusión, muestra con claridad mayúscula como la violencia se ha instalado también en la geografía cercana, allí donde muchas veces se invisibiliza. Este hecho no fue el primero, no es aislado, ni resultará el último. Es apenas uno más de tantos que se naturalizan como si formaran parte de esa cara de la sociedad que no se quiere ver o que pareciera ajena, como si fuera algo que les pasa solo a los otros. Lo que hay que saber es que lo que traduce una crónica policial que hace referencia a un hecho de violencia de género no refleja solo lo que sucede en el universo íntimo, sino que representa una problemática social acuciante que urge resolver.

Si bien producto de políticas públicas se han establecido líneas a través de las cuales requerir ayuda; se han abierto espacios pensados para la asistencia a las víctimas y se incentiva a la denuncia de los hechos, no es fácil dar ese paso y quebrar un espiral de violencia que termina por naturalizarse.  

Cuando se trata de violencia de género, el tema no se reduce a la agresión física ni siquiera al daño psicológico. El problema es mucho más profundo y compromete distintas dimensiones de la estructuración de la vida misma de las sociedades. Una sociedad que legitima la violencia, que la denuncia pero que se muestra reticente a actuar para erradicarla de fondo y en algunas ocasiones la minimiza estigmatizando a quienes sufren este tipo de situaciones, esconde muchas y profundas desigualdades. Lo que ocurre en la esfera íntima, también se traduce en el acceso al trabajo, en la dependencia económica y emocional, en el establecimiento de formas de relación. Y en la legitimación de roles.

En este aspecto, y cómo ha ocurrido en tantas otras dimensiones de la vida social, la pandemia de Covid-19 puso en foco el problema y mostró con la crudeza de la realidad el empeoramiento del problema. El aislamiento, el distanciamiento social, las restricciones que se impusieron colocaron a muchas mujeres y niños en una situación más vulnerable y de mayor riesgo. Se generaron barreras infranqueables. Vale preguntarse si esto fue consecuencia de la pandemia o si la emergencia sanitaria no hizo más que hacer zoom en una situación que sigue sin atenderse de raíz. La realidad muestra que a pesar de los esfuerzos realizados desde los dispositivos que brindan ayuda, poco pudo transformarse una realidad que no comenzó con la pandemia, y que no terminará cuando la emergencia sanitaria cese si no se toman las medidas adecuadas que pasan por muchos lugares, entre ellos la educación.

Si, la educación no entendida como instrucción escolar, sino como fenómeno de aprendizaje social desde el cual forjar nuevas formas de relación en términos individuales y colectivos.

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son elocuentes cuando sugieren que el tiempo de pandemia transcurrido representa y equivale a una década de retroceso para las mujeres de esta región en materia de derechos. Solo observar algunas de las estadísticas que se han difundido sirven para advertir que mujeres han sido las más perjudicadas por el impacto económico de la Covid-19 y las más expuestas.

Los indicadores que recogen los principales organismos locales e internacionales que analizan esta problemática se suman a lo que ocurrió y seguirá ocurriendo en el ámbito privado de cada hogar, donde el cuidado, la educación de los niños, la socialización y el trabajo productivo sigue recayendo mayormente sobre las mujeres.

Sin caer en lugares comunes el espíritu de este comentario es invitar a una reflexión profunda sobre la desigualdad. Volver a poner en la agenda pública este tema como una cuestión prioritaria en cuya resolución deben intervenir por igual hombres y mujeres. 

En tiempos donde se están eligiendo representantes, donde se habilitan diálogos sobre las cuestiones estructurales y urgentes, la agenda de género está convocada a decir presente en el debate, porque no hay que olvidar que aquello que reflejan las estadísticas o describen las crónicas que leemos a diario, es apenas la punta del isberg de un problema que lesiona la base misma del entramado social porque una sociedad violenta es una sociedad profundamente desigual y sobre la desigualdad no hay lazo que pueda tejerse de manera sana. Frente a ello hay un llamado urgente al hacer, al seguir fortaleciendo políticas que empoderen a las mujeres, que lo hagan a través de su educación y de la educación de los varones y de la totalidad del conjunto social.

Con frecuencia el repudio que generan ciertos hechos, la trascendencia pública que toman y el espacio que ganan en los medios, consiguen conmover a la sociedad. Pero hace falta algo más que actuar por espasmo. Hay que acompañar ese sentir con la búsqueda de los verdaderos espacios de representación para ubicar esta problemática entre las prioridades de la agenda común. Se requiere de la movilización social que generan algunos hechos. Pero también se necesita actuar antes, en la prevención para evitar que sigan ocurriendo. Se necesita de manera urgente un Estado proactivo y regulador: ya no alcanza con leyes, con ministerios, ni siquiera con fondos económicos para escuchar a la mujer. Falta avanzar en la justicia y la prevención de la violencia y en el sostenimiento y fortalecimiento de políticas articuladas que aborden estas situaciones en toda su complejidad. Agotar el compromiso individual solo en la compasión es invalidar la posibilidad de una construcción colectiva de las soluciones que hacen falta.