La Afip presentó una denuncia penal contra el Grupo Báez

El escrito menciona la retención de los aportes de los sueldos abonados a los empleados en diversos períodos comprendidos desde enero de 2010 a la fecha, que deberían haber sido depositados a la entidad en tiempo y forma.

BUENOS AIRES (NA) - La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presentó ante la Justicia en lo Penal Económico una denuncia penal por apropiación indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores de 16 empresas que forman parte del grupo económico encabezado por Lázaro Báez.

La denuncia, radicada en el Juzgado en lo Penal Económico Número 1 a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, es por más de 223 millones de pesos y fue formulada a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, informó el organismo a través de un comunicado.

La presentación denuncia la retención de los aportes de los sueldos abonados a los empleados en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, que deberían haber sido depositados a la Afip en tiempo y forma.

“La maniobra se detectó en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, donde las firmas en cuestión retuvieron los aportes sobre los sueldos abonados a los empleados sin depositarlos a la Afip a los vencimientos respectivos, ni dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a los mismos”, se indicó.

Entre otras medidas, el organismo recaudador pidió el embargo preventivo o inhibición sobre los bienes de las empresas y sus responsables, “teniendo en cuenta que la empresas referidas actualmente registran cheques rechazados por más de 57 millones de pesos, lo que hace presumir la dificultad en la cobranza de los montos apropiados indebidamente por el grupo en cuestión”.

La denuncia fue radicada en el Juzgado de Berón de Astrada, ya que las empresas más representativas del grupo registran o han registrado domicilio fiscal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, si bien las actuaciones administrativas dan cuenta que el alcance del holding se extiende a empresas con domicilios en ciudades como Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Resistencia. Las empresas denunciadas son Epsur, Austral Construcciones, Austral Agro, Badial, Kank y Costilla, Valle Mitre, Alternativa, Alucum Austral, Constructora Patagónica Argentina, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Servicio Integral Alem, M&P, Don Francisco y Sucesión Biancalani Adelmo.

Ley Penal Tributaria y Previsional contempla la aplicación de penas de prisión de entre 2 a 6 años por este tipo de situaciones.

Echegaray

El exdirector de la Afip Ricardo Echegaray declaró ante la Justicia que mientras estuvo al frente del organismo “nunca dio una orden para no investigar” a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas al empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero, sino que instó a los dirigentes regionales a avanzar en ese tipo de casos.

Echegaray estuvo casi seis horas en el Juzgado de Casanello, ante quien presentó un escrito, un video y contestó preguntas en el marco de la causa que investiga maniobras con facturas apócrifas y que involucraría a la Afip, por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico.

Según explicó el exfuncionario, quien tenía competencia directa en la investigación de las empresas era la Dirección General Impositiva (DGI), ya que su rol -dijo- era el del “recaudador” de impuestos.

El actual presidente de la Auditoría General de la Nación aseguró que cada dirección tiene su propia estructura y dirige sus investigaciones, y para ello están la DGI, la Aduana y la Dirección de Seguridad Social.

“Dejó claro que sus facultades son organizativas y estratégicas, que no tuvo incumbencia en el área operativa. Que nunca dio una orden verbal, escrita, email o memo para no investigar”, señaló León Arslanián, abogado del exfuncionario.

En la declaración, indicó además que su cargo “fue el de Administrador Federal de la Afip, que es una organización autárquica y de estructura matricial y funcionamiento desconcentrado”, con “450 jueces administrativos que resuelven dentro de su competencia los casos particulares de cada contribuyente, distribuidos en 287 de la Impositiva, 101 de la Seguridad Social y 62 de la Aduana”.

Echegaray fue indagado porque existen sospechas de que protegió a las empresas de Báez, Austral Construcciones, grupo Penta S.A, Calvento S.A, y Constructora Patagónica Argentina S.A (las últimas tres radicadas en Bahía Blanca), entre otras, que lo habrían proveído de facturas apócrifas para maniobras irregulares con fondos públicos. Según la acusación que pesa sobre el detenido, el lavado de dinero por el cuál fue procesado tiene como delito precedente en el uso de este tipo de documentación falsa.

El juez Casanello le preguntó a Echegaray por qué se dispuso el cierre de la regional Afip de Bahía Blanca, a lo que el exdirector de la entidad contestó que fue por un conflicto gremial que arrastraba desde el 2010 esa sede, ya que los empleados que resistían una “unificación de horarios” de trabajo.

El ahora jefe de la Auditoría General de la Nación fue acompañado por sus abogados Arslanián y Martín Arias Duval, exdirector nacional de Migraciones y exsubsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Junto con el escrito, Echegaray acompañó su descargo con un pen drive que contenía un video de una teleconferencia en la cual él instaba a distintos directores regionales a continuar con las investigaciones, y en especial a aquellas que proveían facturas apócrifas.

El magistrado también le preguntó sobre el viaje que realizó el entonces jefe de la DGI, Rubén Toninelli, en 2012, junto con Lázaro y Martín Báez en un avión propiedad del empresario, desde San Fernando a Río Gallegos, ida y vuelta.

 Echegaray aseguró que desconocía en su momento ese viaje de Toninelli, quien está citado para este miércoles para dar su testimonio ante Casanello.

Por último, el exdirector de Afip recordó que por los mismos hechos por los cuales fue indagado, el exjuez federal Norberto Oyarbide le archivó una denuncia similar y que el fiscal Guillermo Marijuan, también interviene en el caso de Báez, no apeló para que se siguiera investigando.