Kicillof impulsa un revalúo inmobiliario, subas en Ingresos Brutos y aumento de presión tributaria

Las valuaciones fiscales habían sido actualizadas en 2012 por el gobierno de Daniel Scioli para el caso del Rural y en 2017 por el de María Eugenia Vidal para la variante urbana. 

El gobierno de Axel Kicillof propuso a la Legislatura una suba de impuestos bonaerenses para 2020 que, en términos reales, no supera el 54% y contiene subas en algunas alícuotas de Ingresos Brutos y un revalúo de propiedades urbanas y rurales para todas las variantes del Inmobiliario, que en el caso de este último se completa con un sistema de "segmentación" y en el primero, con un descuento del 20% para quienes paguen el Urbano en forma anualizada.

El esquema impositivo para el año próximo, del que restan conocer detalles, fue anticipado por el Gobierno en un comunicado oficial luego de remitir al Senado el proyecto, que terminaron de definir Kicillof, el ministro de Economía, Pablo López, y el titular de la Agencia de Recaudación (Arba), Cristian Girard, el martes 24, según explicaron fuentes del Ejecutivo.

El proyecto ingresó el martes por la tarde al Senado, donde el Gobierno espera que sea tratado hoy, al igual que en la Cámara Baja, en una sesión maratónica similar a la que se realizó la semana pasada, cuando se aprobó la ley de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética. En el marco de la negociación para la aprobación de aquella ley se definió que el proyecto de Impuestos se tratara en extraordinarias y no en marzo, con el Presupuesto.

Según se explica en el mensaje contenido en el articulado, el Gobierno establece un revalúo para las propiedades urbanas que impactará en el Impuesto Inmobiliario, tanto edificado baldío como rural, al mismo tiempo anuncia un "sistema de topes" para "asegurar la progresividad" del incremento, de modo tal que paguen proporcionalmente más las propiedades de mayor valor.

Las valuaciones fiscales habían sido actualizadas en 2012 por el gobierno de Daniel Scioli para el caso del Rural y en 2017 por el de María Eugenia Vidal para la variante urbana. Ahora, el Ejecutivo argumenta que desde la primera de esas fechas aumentó 996% el tipo de cambio y 691% el índice de Precios al Consumidor de la Provincia, mientras que desde 2017 subieron 193% y 105%, respectivamente, ambos indicadores.

"Los límites a las variaciones interanuales de lo pagado por los contribuyentes por este concepto amortiguan el impacto de la actualización de las valuaciones fiscales, con especial énfasis en las escalas más bajas del impuesto", afirma el Ejecutivo en un comunicado. Allí señala, en ese sentido, que para las propiedades de menor valor el incremento del tributo será de "solo el 15%".

Por otra parte, el Ejecutivo también afirma que en el caso del Inmobiliario Rural se busca establecer un sistema de "segmentación", similar al menos en su objetivo al que se anunció a nivel nacional para el caso de las retenciones: la intención es que tributen proporcionalmente más las propiedades más grandes, de mayor valor. Se asegura que los productores de menor capacidad contributiva pagarán "menos" que este año.

Respecto de Ingresos Brutos, el tributo de mayor peso en la estructura impositiva, que explica casi el 70% de la recaudación, como se preveía tras la decisión de suspender el pacto fiscal entre Nación y la Provincia, se desandará el camino de bajas -muy leves- que había implementado la administración de María Eugenia Vidal. Así el proyecto deja idénticas la mayoría de las alícuotas pero aumenta algunas "dentro de los límites del Consenso Fiscal".

Por otra parte, respecto de patentes "se mantiene el nivel de imposición vigente" mientras que en "en el caso del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, se actualiza manteniendo relación con las modificaciones introducidas en el resto de los tributos", se indica en el proyecto. Sellos tiene las mismas alícuotas de este año y en el caso del impuesto a la Herencia (Transmisión Gratuita de Bienes) se incrementa sin superar el tipo del 54%.

Razones

En el proyecto, el Ejecutivo plantea dos objetivos básicos de la estructura impositiva propuesta: recomponer el nivel de ingresos propios de la provincia, deteriorados según se indica duramente en la gestión Vidal producto básicamente del consenso fiscal que ahora se suspendió, y mejorar el nivel de progresividad para que paguen más los contribuyentes con mejor capacidad.

Como hizo en el caso de la Ley de Emergencias, el Gobierno describe en este proyecto una situación de alto impacto en la provincia de la crisis económica nacional.

"En nuestro territorio, alrededor de 5,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza y, en paralelo, se ha incrementado la cantidad de niños y niñas que asisten a comedores escolares. Conforme las estadísticas de la Universidad Católica Argentina, el 63,3 por ciento de los niños y las niñas en el Conurbano bonaerense se encuentran debajo de la línea de necesidades básicas vinculadas a la pobreza", se indica.

Y también que "en contraposición, existen algunos pocos sectores (concentrados y minoritarios) que se han enriquecido como consecuencia del plan económico aplicado durante los últimos cuatro años".