Justicia por mano propia y orfandad del Estado

Hay actitudes que por esas cuestiones que tan bien define la Sociología generan poder imitativo y no siempre se trata de actitudes que beneficien a las comunidades porque tanto lo bueno como lo malo provoca la repetición social.

En infinidad de ocasiones hemos planteado el crecimiento de la inseguridad, del narcotráfico, frente a la ineptitud del Gobierno para hacerles frente a estos problemas provenientes del delito en lo inmediato y de la inequidad social en lo profundo.

Finalmente la orfandad del Estado que viene sintiendo la gente en cuanto a su seguridad, una potestad que le delega por el contrato social que lleva implícito el sistema republicano representativo, ha generado un efecto temerario y con la fuerza de la reiteración de casos crece la amenaza de una ola de intolerancia y violencia encarnada en la justicia por mano propia ante el delito: la gente está queriendo suplir la ausencia del Estado, con todo lo que ello conlleva. 

Inseguridad, justicia por mano propia, críticas y desconcierto oficial. Los nueve casos en los que la gente golpeó a supuestos ladrones -en uno murió el joven atacado-, encendieron un alarma en todo el país. El linchamiento popular, acuerdan el Gobierno, opositores, juristas, sociólogos, artistas, conlleva un grave quiebre del contrato social que sustenta la existencia de leyes que rigen la convivencia de los argentinos.

El Estado nos debe una respuesta frente a este problema de múltiples causas; en todas sus potestades ha cedido espacio: en la educación, como lo demuestra la demanda en establecimientos privados; en la salud y ahora en la seguridad. En dos de estos ámbitos, el bolsillo es el factor determinante pero no excluyente, pero en la seguridad poder o no poder puede ser la diferencia entre vivir y morir. Quien puede opta por una escuela privada que garantice el dictado de clases; quien puede se afilia a una prepaga para acceder a otro estándar de prestaciones médicas. Si no se puede, de todos modos salud y educación están garantizadas por el Estado. Ahora, a quien no puede instalar una alarma en su casa, a quien no puede protegerse con rejas, a quien no puede pagar vigilancia privada, ¿quién le brinda seguridad y le garantiza protección? Allí es donde el Estado está más ausente que nunca y donde al ceder espacio da lugar a estas reacciones nefasta que se han sucedido en estos días. Y nuevamente, el postergado vuelve a ser más postergado aun.

El martes, por segunda vez en menos de 24 horas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a referirse a los episodios de violencia social al sostener que la “inclusión” es la mejor herramienta para “evitar el enfrentamiento entre los argentinos”.

“Cuanto mayor es el grado de exclusión, mayor violencia genera y enfrentamiento entre los argentinos, que es lo que queremos evitar”, manifestó la jefa de Estado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Tal como hizo por cadena nacional el lunes, la presidenta insistió en la necesidad de trabajar por una “sociedad inclusiva”, y que “el que se siente en la periferia, siente que la sociedad le ha soltado la mano”. Esa es una gran verdad, y es allí donde primero se ausentó el Estado, no precisamente este Gobierno. El tema es que ahora, aquel que no se siente en la periferia también percibe que le han soltado la mando cuando de su protección se trata. Y es entonces cuando esto se trasforma en una temible lucha de todos contra todos.

Además del caso de David Moreira, el joven asesinado a golpes la semana pasada en Rosario tras el robo de una cartera, se conoció un nuevo hecho de linchamiento en esa ciudad. A ese episodio se suman otros similares ocurridos durante el fin de semana en la Capital, la ciudad de La Rioja y General Roca, en Río Negro.

La sucesión de hechos, como es natural, causa alarma y preocupación, y motivó declaraciones en el más alto nivel político. Primero fue el diputado nacional Sergio Massa, que condenó los casos de justicia por mano propia y atribuyó esas reacciones a la “ausencia del Estado”.

Más tarde, la presidenta Cristina Kirchner también abogó contra la violencia. Pero, en una velada referencia a las declaraciones de Massa, sostuvo que en estas horas se necesitaban “miradas y voces que traigan tranquilidad, no voces que traigan deseos de venganza, de enfrentamiento, de odio”. 

Pero más allá de las declaraciones donde oficialistas y opositores pierden el tiempo en chicanas sin que se les caiga una idea para resolver el problema de la inseguridad que nos acosa cada vez más.

Ahora apareció una filmación hecha con un teléfono celular que aportó datos precisos sobre quiénes lincharon el jueves pasado a David Moreira, de 18 años, luego de que fuera atrapado por vecinos del barrio Azcuénaga tras haber intentado robarle la cartera a una mujer que llevaba un bebé en brazos.

La muerte de Moreira, que no tenía antecedentes penales, según informó la Policía, generó marchas de protesta de sus familiares y amigos del barrio Empalme Graneros. Lorena Torres, madre del joven, dijo que quienes lincharon a su hijo “lo deberían haber llevado a una comisaría”.

La violencia escala porque como bien sabemos sólo engendra más violencia.

El asesinato de este joven encendió un debate en la sociedad, es un tema que se habla en los despachos, pero también en los bares, en las esquinas, porque conlleva gravedad sin dudas.

Pero en el caso de quienes tienen el poder, oficialistas y opositores en vez de cruzarse en parloteos y chicanas políticas, deberían sentarse seriamente a resolver el problema cuya punta de iceberg es hoy la inseguridad pero desde hace tiempo es la marginación.