Justicia argentina: a confesión de parte relevo de pruebas

A 14 años del crimen de María Marta García Belsunce, su muerte por ahora ha quedado impune, toda vez que la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense  absolvió al viudo Carlos Carrascosa de su condena a prisión perpetua por “homicidio agravado” (de 2009) y de una anterior, a cinco años y medio, por “encubrimiento agravado” (2007). Esta es la única certeza que tenemos: a solo 10 meses de que se cumplan los plazos para que el caso quede oficialmente prescripto, nadie mató a esta mujer. Lo que sabemos es que fue asesinada en su casa del country Carmel (de Pilar) cerca de las 18:30 del 27 de octubre de 2002; que para matarla se usó un revólver calibre 32 largo; que falleció de manera casi inmediata; que el “pituto” que hallaron sus familiares en el baño donde murió era una bala deformada por el impacto y que su certificado de defunción fue adulterado en cuanto al lugar y las causas de su muerte.

En estos 14 años, su marido pasó de ser encubridor, a asesino y finalmente inocente. 

Para los camaristas, todo lo que se dijo y escribió durante estos 14 años en la causa contra el viudo (repasemos: la supuesta pelea entre Carrascosa y María Marta por el manejo del dinero de la fundación Missing Children a manos del cartel de Juárez, el presunto maquillaje del cuerpo, la compra de testigos por parte de la familia de la víctima para encubrir un crimen de características familiares) fueron meras conjeturas, teorías sostenidas más por el empecinamiento de los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso que por las pruebas recolectadas en el expediente. Las pruebas que puedan parecer concordantes son circunstanciales.

Es decir, hay una serie de indicios que para un triunvirato de jueces eran conducentes a la culpabilidad de Carrascosa, mientras que para otros jueces, los de Casación, esos mismos indicios no son determinantes de nada. 

Sin pruebas concluyentes, primó la presunción de inocencia y así recuperó su libertad Carlos Carrascosa.

Hay inconsistencias aludidas en el fallo como que para ubicar a Carrascosa en la escena del crimen a la hora indicada se tomó como válido el testimonio de una empleada doméstica que no sólo se contradijo tiempo después de declarar en el juicio contra Carrascosa sino que además reconoció que antes de 2002 había sufrido un accidente que le hacía perder la memoria inmediata. Pero lo más importante es que se realizaron análisis de ADN sobre un pedazo de alfombra de la casa donde ocurrió el crimen pero ésta no aparece entre los elementos secuestrados a analizar. Por esta y otras irregularidades, los jueces de Casación Víctor Violini, Martín Ordoqui y Daniel Carral ponen en la mira al fiscal de la causa, Diego Molina Pico. Fueron particularmente duros con su desempeño, empezando porque ordenó la autopsia recién 14 días después del fallecimiento de María Marta. La familia García Belsunce cree que el fiscal, para tapar los errores en la investigación, se abocó a lograr condenar al viudo y sus parientes. Al fin, acusar es la tarea del fiscal, por lo que Molina Pico no habría hecho más de lo que debía. Pero los camaristas creen que omitió seguir las pistas que había cuando éstas podían beneficiar a Carrascosa. También fueron criticados los camaristas de Casación que en 2009 condenaron a Carrascosa por homicidio, revocando el fallo de 2007 que lo había sentenciado a cinco años y medio por “encubrimiento”. Y también se apuntó a la Suprema Corte Bonaerense, acusándola de haberse lavado las manos dos veces en esta causa. La primera vez fue cuando la Corte bonaerense rechazó por un tecnicismo legal la apelación de Carrascosa al fallo que lo condenó a perpetua por homicidio; la segunda, en 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación la criticó por haber hecho esto y le ordenó revisar aquella sentencia. Fue entonces cuando, en vez de abocarse al tema, la máxima autoridad judicial bonaerense lo esquivó nuevamente girándoselo a Casación. Esta Cámara debió formar una sala especial para garantizar que el viudo de María Marta tuviera una segunda instancia de revisión judicial. Luego de pasar 5 años en prisión por el asesinato, y casi dos más en detención domiciliaria, Carlos Carrasosa se sacó la tobillera electrónica. Y el caso quedó impune.

Según la resolución, el viudo fue absuelto por los delitos de “encubrimiento agravado y homicidio calificado por el ví-nculo”, por los que habí-a sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro, en 2007, y la sala I del Tribunal de Casación, en 2009. Cumplió cinco años de prisión efectiva y dos más de arresto domiciliario; en total, siete años privado de su libertad y 14 imputado penalmente.

Admitiendo la falibilidad humana, para lo que se instauraron –entre otros motivos- los tribunales de alzada, como es Casación Penal, de modo de revisar lo actuado, ¿cómo es posible que Carrascosa haya tenido que pasar siete años privado de su libertad, con todo lo que ello implica a nivel económico y afectivo también? ¿De qué sirve las instituciones si los hombres degeneramos en su espíritu? De poco y nada.

Si en la Cámara de Casación Penal bonaerense dijeron sentir “dolor y vergüenza” por la actuación judicial en el caso y calificó de “paupérrimo” y “desastroso” el trabajo hecho por el fiscal Diego Molina Pico, ¿qué podemos pensar los ciudadanos de a pie de nuestra Justicia que dio vueltas embrollando un caso durante 14 años, sin llegar al fin a descubrir nada y teniendo de rehén a una familia a la que se la arruinó económica y moralmente? Como otras veces se ha dicho, no se trata de hacer leyes nuevas sino de cumplir las vigentes; y en este caso, todo se trataba de cumplir cada instancia con su rol en tiempo y forma, de modo que los errores o intencionalidades que pudieron existir en una primera etapa, fuera revisados y corregidos dentro de un plazo razonable como para no arruinarle la vida a nadie en el camino y, sobre todo, para redireccionar el proceso penal hacia otras hipótesis del homicidio. Porque ahora, ¿cómo se retoma el camino y la prueba para encontrar al asesino?

Nuestra Justicia, especialmente la bonaerense, está peleada con el reloj, con el calendario, con el tiempo. Los plazos con que se maneja son demasiado amplios y termina causando perjuicios inconmensurables, para los encausados y para las víctimas.

En el fallo primigenio contra Carrascosa hay elementos que nos encienden luces rojas, porque se condenó a perpetua a un hombre por el crimen de su mujer sin pruebas concluyentes más que la convicción íntima de los jueces sobre la base de los indicios presentados por la fiscalía. Ahora Casación dice que “no hay un solo elemento que pruebe que Carrascosa fue el asesino”.  Y dicen sentir vergüenza al ver cómo se desarrolló la causa. Utilizando términos jurídicos: a confesión de parte relevo de pruebas. Porque es la propia Justicia la que reconoce el desastre que se ha hecho en una causa de alto perfil la que, aun cuando es posible que el fiscal de Casación Penal bonaerense, Carlos Altuve, apele los desaguisados que se han venido desarrollando a lo largo de 14 años.

Y más allá de cómo finalmente termine esta causa, decimos con todas las letras: no se puede tener a un ciudadano ni a una familia de rehén durante 14 años, con prisión, pulsera, escraches públicos, ingentes gastos para la defensa, para saber si son o no culpables. O peor aun, como el caso del viudo, que fue declarado culpable y se aprestó a pagar su condena para que el tribunal de alzada recién reviera su situación siete años después.

Es una vergüenza que la Justicia que tenemos no sea rápida como corresponde (justicia lenta no es justicia nunca mejor usado), investigue mal, juzgue las pruebas peor y revise a destiempo. Tampoco sabemos quién asesinó a Nora Dalmasso en Venado Tuerto, ni quién fue responsable de la niña que falleció en el Paseo de la Infanta en el distrito porteño cuando se le cayó parte de un puente. Todos casos que se han convertido en novelas mediáticas con justicia ausente, del mismo modo que vemos en el plano federal juzgados atados al carro de la política donde las causas también llegan a cumplir los 15 y sólo falta que se haga una fiesta. Nada parece funcionar bien en la Argentina en este plano.