Jugando con fuego

No es un dato menor el tema de votar una resolución en las Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, cuando se trata de posiciones sensibles que deben adoptar los gobiernos en esas circunstancias.

Argentina tuvo la oportunidad de condenar la violación de los derechos humanos en los países que tienen como líderes a Nicolás Maduro y Daniel Ortega, reconocidos por la inmensa mayoría de las naciones que forman parte de ambos organismos como responsables de llevar adelante regímenes que, por diferentes circunstancias, se encuadran dentro de los dictatoriales.

Abstenerse, al momento de ejercer el legítimo derecho de pronunciarse en las asambleas, es prácticamente lo mismo que avalar todas las irregularidades que se vienen llevando adelante en esos países y que están documentadas con datos contundentes en todos los informes elaborados por los veedores internacionales.

En cada ocasión que un país se inclina por adoptar una posición en apariencia sencilla y no comprometida, está negando la existencia de las denuncias que reflejan claramente las violaciones que realizan los gobiernos de Maduro y Ortega.

Esas posiciones se constituyen en golpes bajos a la democracia, aun cuando los pronunciamientos se quieran hacer entender como una falta de compromiso e interpretar como hechos irrelevantes.

Está claro que no lo son, porque la propia comunidad internacional los critica y obviamente no termina de entenderlo, cuando esas posturas son adoptadas por países democráticos. Mucho menos por aquellos que, como Argentina, han vivido el drama y el genocidio no pensar como los de arriba y pretender expresarlo.

En los últimos días, sin embargo, se produjo una reacción que podría derivar en una reconsideración de las actitudes de nuestro gobierno frente a una serie de realidades tan contundentes que muy pocos se atreven a desconocer. 

Son mensajes que preocupan y encienden todas las alarmas porque, de alguna manera, se transforman en una clara reafirmación de las convicciones propias del país que, por más que no quiera reconocerlo, avala esas conductas en dos países latinoamericanos que están desde hace mucho tiempo en el ojo de la tormenta.

Abundan las muestras sobre la falta de respeto a las instituciones que deberían garantizar un Estado de Derecho pleno que respete la libertad y las garantías individuales de las personas, algo que no ocurre en Venezuela y Nicaragua.

En el caso del país centroamericano, que es el más reciente, se constituyó en una buena noticia que 26 miembros de la OEA votaron en el mismo sentido y se manifestaron en contra del régimen de Ortega.

Hubo, en cambio, solo tres países que desconocieron todos los informes de los comisionados: Bolivia, San Vicente y las Granadinas y la propia Nicaragua, obviamente.

Los que se abstuvieron fueron apenas dos: México y Argentina. En el caso de los últimos cinco países, no quedaron expuestos, porque cada uno es libre de expresar su pensamiento en el organismo que los agrupa, pero sí generaron reacciones que no admiten una doble lectura, no exentas de reproches.

Incluso, en diferentes sectores alineados con el oficialismo, concretamente en nuestro país, las posición asumida por el gobierno de Alberto Fernández provocó una indignación que no se hizo pública, aunque hay quienes se encargaron de ventilarla.

Nuestra política exterior, en los últimos tiempos, varió sustancialmente. Por una cuestión geopolítica, de principios o de convicciones, pero que por momentos parece aislarse no solamente de la mayoría de los países de la región, sino también de algunas naciones del mundo. Y sobre todo, del sentido común y la coherencia

Latinoamérica dejó atrás, parcialmente, la década de los '80, cuando una a una las dictaduras militares iban cayendo para dar paso a gobiernos democráticos en casi todos los países del continente.

Fueron años de entusiasmo y optimismo en que se consolidaba cierta fe en que finalmente nuestras naciones saldrían de ese dramático círculo vicioso de los recurrentes golpes militares y entrarían a vivir en libertad y dignidad, pero lamentablemente, varios gobernantes elegidos por la voluntad popular, fracasaron estrepitosamente.

Tanto entusiasmo duró muy poco y las dictaduras empezaron a volver, no ya por causa de golpes militares, sino por una nueva modalidad en la que los futuros dictadores llegaban al gobierno por la vía electoral y una vez instalado en el poder, empezaban a horadar las instituciones democráticas, a neutralizar la independencia de los otros poderes y por último a cercenar las libertades ciudadanas.

El modelo perfecto de esa forma de actuar fue sin duda el régimen impuesto por Hugo Chávez en Venezuela y luego continuado, con una creciente dureza, por Nicolás Maduro.

El plan kirchnerista de política exterior quedó en evidencia hace unos meses cuando el canciller Felipe Solá, dijo que era mejor no hablar de Venezuela, ya que generaba problemas a la hora de vincularse con otros países. Luego llegó el voto contra Israel en las Naciones Unidas, cuestionando su legítimo derecho a defenderse del terrorismo de Hamas y hace unas semanas tuvo lugar una lamentable abstención, que no repudia las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

El voto, a contramano de los socios del Mercosur Uruguay, Paraguay y Brasil, fue duramente cuestionado por el canciller del Gobierno de Mauricio Macri, Jorge Faurie. El diplomático, algo más preparado para el puesto que su sucesor, quien ni siquiera habla inglés, lo calificó como "un error y una tragedia" para la política exterior de la Argentina, que se aleja de la trayectoria iniciada en este país a partir del juicio a los jefes militares de la dictadura realizado durante la gestión de Ricardo Alfonsín.

Esa es quizás la principal contradicción de nuestro país: todo lo que se condena puertas adentro, es tolerado puertas afuera. Primero, al retirarnos de la denuncia contra Venezuela por las violaciones a los derechos humanos y ahora votando en contra del consenso de 26 países de la región. Esto nos deja del lado de las dictaduras, de las autocracias y de aquellos que no respetan los derechos humanos.