Jubilados: de la estafa al pago de la deuda

Como hemos analizado en nuestro artículo editorial del pasado martes, los anuncios del Gobierno sobre el reajuste de los haberes previsionales y el pago de los juicios a los jubilados que ha ingresado en una ley ómnibus al Parlamento, tiene varias aristas para el análisis. Pero el fondo de la cuestión debe ser entendido como el intento de remediar la estafa que ha hecho el Estado, a través de sucesivos gobiernos, a los pasivos.

Tanto los aportes jubilatorios como su distribución ha sido hasta ahora siempre motivo de rapiña por parte de las administraciones que vieron en estos abultados fondos la posibilidad de distribuir beneficios que eran de los jubilados y pensionados a toda la sociedad activa, con fines sociales loables como políticos espurios. El pasivo es, al fin, el que termina convirtiéndose en vulnerable (cuando tomó durante su vida los recaudos para no serlo), toda vez que sus aportes se utilizan para cualquier modo de asistencia social. Esta tarea debe ser encarada por el Estado, esto no se cuestiona, pero con fondos específicos, porque de lo contrario se desfinancia al aportante de la jubilación para ayudar a una madre con siete hijos o se financia con tasas irrisorias la construcción de una vivienda. El desfalco se extiende de este modo a los pasivos de hoy y a los que lo serán en 20 años.

El desarrollo social debe trabajarse con fondos genuinos, sustentables y existentes. Ya que después terminamos viendo a jubilados que por cobrar haberes tan bajos terminan vendiendo tarjetas de estacionamiento con frío, con lluvia o si tienen suerte, recibir apoyo de los hijos. 

Esta deuda judicial que Mauricio Macri pretende reparar no se generó espontáneamente (“no fue magia” como gustaba decir Cristina Kirchner), sino el resultado de que durante años la Anses liquidó las jubilaciones por valores menores a los que correspondían, esto trajo una catarata de juicios que derivaron en la intervención de la Corte Suprema que falló a favor de los pasivo. Ante ello el gobierno, en este caso el kirchnerista, se puso a la tarea de eludir el pago mediante sucesivas apelaciones. Finalmente llegaría la sentencia firme del Máximo Tribunal de la Nación, ordenando que el Estado abonara las diferencias planteadas, y nuevamente el Gobierno se negó a pagar, arguyendo las más diversas razones pero fundamentalmente que el sistema previsional quebraría si se utilizan los recursos para cumplir con esos pagos.

Estas dilaciones no fueron por error, ingenuidad o falta de idoneidad del personal de Anses sino una maniobra deliberada del gobierno anterior para reservarse el uso de esos fondos para otros fines. Un dato no menor es la edad de los acreedores: muchos murieron esperando ese pago (aunque ahora lo cobren sus herederos, nunca pudieron usufructuar sus aportes). La administración nacional liquidaba montos menores para quedarse, lisa y llanamente, con dinero de los jubilados.

De allí otorgaron jubilaciones sin aportes, la Asignación Universal por Hijo o la financiación para la vivienda (Procrear), el plan Progresar, el Procreauto, todas iniciativas destacables, pero solventadas erróneamente con el dinero del sistema previsional que asiste a los abuelos de hoy y es resguardo de los del futuro. 

Con este criterio de administración, es lógico que el gobierno de Cristina Kirchner desacatara la sentencia de la Corte diciendo que no había fondos suficientes. 

Para poder afrontar una deuda tan abultada que viene desde 2009  hasta la actualidad, lo que implica a millones de jubilados, entre los que hicieron juicio y los que no lo hicieron pero padecen el mismo recorte de sus haberes, Macri ató el pago a los pasivos a los fondos provenientes del régimen excepcional de regularización impositiva, también denominado blanqueo de capitales.

En este sentido hay amplio consenso en el Parlamento para aprobar tanto el pago a jubilados como el blanqueo.

Lo que generará un debate que, en algún punto, es necesario es el destino que tendrá de aquí en más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El modo más concreto es ampliando el número de aportantes, a través de medidas que apunten a la formalización del trabajo en negro. Ya que en el caso del trabajo informal se genera un problema porque el empleador no hace los aportes y luego, cuando llega la edad jubilatoria, el Estado debe salir en ayuda de ese trabajador al que debe darle el beneficio lo mismo.

Pero asimismo hay que lograr, por fin, un manejo profesional y prudente de las inversiones que no es otro fondo que el aporte de todos los activos.

Porque debemos ser claros en este punto: el objetivo principal del FGS de la Anses es afrontar el pago de las jubilaciones futuras y no solucionar necesidades de financiamiento de corto plazo de gobiernos o empresas, como ha sido hasta ahora.

Por eso decimos que las leyes sobre la cuestión jubilatoria en el Congreso es una oportunidad que no se debe aludir para un profundo debate, respecto a cómo lograr que los fondos de los aportantes rindan y puedan retirarse sin pasar penurias cuando llegue la edad.

Este Fondo, que es al que hay que prestar atención, fue establecido en 2008, por el gobierno de Cristina Kirchner una vez que se eliminó el sistema de Afjp, retornando al sistema de reparto tradicional en la Argentina como única opción. Fue así cómo este Fondo logró quedarse con las tenencias accionarias que había logrado el sistema privado. 

Como modo de preservar esas acciones, el kirchnerismo llevó a un sistema no flexible, evitando por ley que se vendieran esas acciones. La norma prohíbe la venta de las participaciones accionarias de la Anses y de otros órganos estatales sin la autorización previa del Congreso mediante una mayoría especial de dos tercios de cada cámara. 

La convivencia de directores estatales enviado por la Anses a las empresas privadas donde el Estado tiene acciones es dificultosa porque persiguen intereses bien distintos. Y en este aspecto hay poco que explicar, el rol público es absolutamente diverso del privado.

Para poder realizar cualquier negociación, siempre en favor de los jubilados, es necesaria la derogación de esa ley, pero hay que ser muy cuidadoso con la venta de las acciones de la Anses , porque si bien pueden ser una fuente inmediata de fondos hay que buscar el modo de no desfinanciar las cajas, pensando en las futuras generaciones. 

Y sobre todo, debe quedar claro que no se intenta liquidar un activo que está destinado a los futuros jubilados, para entregar lo obtenido al fisco a fin de solventar su déficit corriente porque volveríamos a hacer un enorme daño a la caja de los pasivos. Los fondos obtenidos, si se vendieran las acciones, sólo deberán ser utilizados en beneficio de los jubilados. Y, como dijimos, reemplazando esas ganancias por otras que potencien los aportes de los activos.