Intromisiones que matan la credibilidad

Al escándalo que supone la vinculación de una empresa propiedad de la familia presidencial en una ruta de lavado de dinero, se suma ahora el sospechoso apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa, en cuestión, conocida como Hotesur, tres días después de haber irrumpido en las oficinas de los Kirchner en Santa Cruz.

El expediente investiga los negocios hoteleros de la presidenta Cristina Kirchner y su entorno. La decisión de apartar a Bonadio del caso la tomó la Sala I de la Cámara Federal con voto dividido. Decidieron separarlo de la causa los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, con el voto en disidencia de Eduardo Farah. 

Como era de esperar, generó duras críticas de todo el arco opositor y todo tipo de percepciones en la sociedad, siempre atravesadas por la simpatía o no con la actual gestión.

En realidad, lo que hizo la Cámara Federal fue dar lugar a un pedido de nulidad que habían presentado hace dos meses las defensas de dos de los imputados: la presidenta de Hotesur, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner y sobrina de la presidenta de la Nación) y el empresario Lázaro Báez, cuyas empresas habrían pagado a los Kirchner por habitaciones que nunca usaron, a razón de unas 900 por mes.

Es ineludible sospechar que se pretende correr de lugar a Bonadio para tener un juez más cercano, en este caso fue sorteado Daniel Rafecas, que fue el que rechazó la denuncia de Nisman a la presidenta en la causa Amia. En fin, la política y el Poder Judicial parecen más contaminados que nunca, tanto para quienes están a favor del Gobierno como de quienes están en contra. Aquí también se ha producido una grieta que va a ser difícil de subsanar en años posteriores. Sobre todo porque se juega a fondo en todos los casos.

La “pregunta del millón”, que retóricamente se plantea el ciudadano es: si no hay comisión de delito, ¿cuál es el temor de que un juez ejecute allanamientos investigue utilizando todos los recursos procesales a su disposición?

Para justificar este apartamiento, el Gobierno salió a acusar a Bonadio de beodo. La presidenta directamente utilizó expresiones que no son propias de su investidura, menos para referirse a un magistrado de la Nación: dijo que le gusta la “torta” refiriéndose a las coimas y que ahora, cuando se termina la era K, “se hace el independiente” y busca perjudicarlos. Trajo a colación que fue uno de los jueces de la “servilleta de Corach”, entre otros comentarios, a cuál más ofensivo.

Quienes defienden a Bonadio han dicho lisa y llanamente que al haber apartado al juez de la causa han firmado la sentencia de culpables, es decir que la familia Kirchner ha lavado dinero mediante Hotesur junto con Lázaro Báez, con una mecánica que vamos a simplificar al máximo para que quede claro. 

Báez alquilaba en un mes, a través de sus ocho empresas (que no suman más que 800 y tantos empleados, 900 habitaciones en los hoteles de la familia presidencial. Nadie las utilizaba por lo que surge del expediente, pero así ingresaba a la firma Hotesur dinero de supuestos retornos por obras públicas. 

Como siempre sucede con cada Gobierno, hay una pretensión implícita de ser “protegidos” judicialmente, como tener un impermeable puesto que los haga inmune de estos “tropiezos” en medio de la gestión. En función de ello, se califica la calidad del trabajo de un juez. Por ejemplo, hasta hace unos años el mismo Bonadio era valorado de otra manera: “Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo, él nunca tuvo que presentarse a declarar”, dijo la diputada ultra K Diana Conti en 2010.

Pero después las relaciones con el poder se complicaron. Hace dos años, Bonadio citó a indagatoria al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno por “abuso de poder” y desde entonces no lo alabaron más. Luego procesó al vicepresidente Amado Boudou por los papeles truchos de un auto y citó a Alfredo Scoccimarro (vocero presidencial) y Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete, hoy senador) por un spot publicitario contra Mauricio Macri. Además, ordenó la captura del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, procesó a Moreno y allanó la Unidad de Información Financiera (UIF). En todos los casos, sus actuaciones fueron procedentes porque todas las instancias posteriores fueron ratificando sus motivos. ¿Pretendía acaso el Gobierno que hiciera “la vista gorda”? Y otra pregunta: si lo pretendía, ¿es porque alguna vez Bonadio la hizo?

Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que a nosotros, como ciudadanos, nos interesa que las denuncias prosperen y que se llegue a un saldo, positivo o negativo según quien lo mire. Pero que se investigue y juzgue como a todo el mundo. Y al menos sobre lo que se denunció y tomó estado público, Bonadio trabajó y actuó. Si algo quedó bajo la alfombra, lo sabrán solo el magistrado y los funcionarios.  

La verdad es que si los kirchneristas confundieron a Bonadio con un juez federal dócil se equivocaron de cabo a rabo. Y si bien enfrentan varias causas penales, la de Hotesur es para la Casa Rosada la más importante porque allí puede ser llamado a indagatoria Máximo Kirchner que se ha hecho cargo de los negocios familiares desde la muerte de Néstor.

Como la pelea viene por lo menos de dos años atrás por otras causas incluso, el año pasado, el oficialismo puso sobre la mesa del Consejo de la Magistratura dos viejas denuncias contra Bonadio e intentó destituirlo por demoras en el trámite de dos casos de supuestos fraudes al Estado, uno vinculado con la licitación de Tandanor y otro por presuntas irregularidades en créditos a la Curtiembre Yoma. El kirchnerismo lo citó a declarar, pero no consiguió los votos necesarios en el Consejo para abrirle un juicio político. Sí logró aplicarle una multa.

A pesar de todo lo que ocurrió en estos años, Bonadio conservó contactos en el kirchnerismo y no esconde que uno de ellos es Daniel Scioli. Esta semana, Sergio Massa se lo echó en cara. Bonadio dice a sus allegados que conoce al gobernador desde hace años y que fue más de una vez a su casa, pero jura que hace más de dos meses que no lo ve y que jamás hablaron del caso Hotesur.

Si faltaba algo la interna kirchnerista-sciolista en medio de una causa compleja.

A todo esto ¿qué dicen los camaristas que lo apartaron? De acuerdo con el fallo de, la decisión de los camaristas estuvo fundada en la necesidad de garantizarles a los acusados su “derecho de defensa”, algo que, según Freiler y Ballestero, Bonadio no hizo.

Según argumentaron las defensas, si Bonadio convocaba a los peritos, eso era un “peritaje”, y en este tipo de medidas de prueba las partes tienen derecho a controlar lo que se hace y designar expertos propios. Lo que le reprocharon es que no se les hubiera dado esa oportunidad. También, que ni siquiera hubiera dejado plasmado en el expediente el resultado de esos diálogos con los peritos.

Freiler coincidió. Dijo que el juez inventó una “intervención sui generis” de los peritos y que eso generó “un grave menoscabo” al derecho de defensa. Pero además sostuvo que no era la primera “irregularidad” de Bonadio en esta causa: relató que las defensas ya se habían quejado de que no les dejaba ver el expediente, sacar fotocopias ni participar de las pruebas. Este camarista recordó que incluso cuando la Cámara, por un planteo anterior, le pidió a Bonadio un informe sobre su presunto “retardo de justicia”, el juez dejó vencer el plazo sin contestarle.

El asunto es difícil, y es probable que llegado a este punto no se sepa nunca del todo la verdad, en esta maraña de derechos, deberes, peritos y cambios de jueces, que es probablemente lo que busca el Gobierno. 

El fondo de la cuestión es que hoy la política y la Justicia Federal están claramente contaminadas y así es muy difícil que tengamos resultados de ninguna investigación que roce al poder.