Intentar manejar la Justicia Federal es lesionar el sistema republicano

Daría la impresión de que el Poder Ejecutivo, teniendo ya mayoría en el Parlamento, no cesa en su intento de tratar de controlar al Poder Judicial, restándole calidad a una república donde cada uno de los tres poderes es independiente y se controla con el otro. Este necesario equilibrio hace a una democracia seria y estable.

Por eso, fracasado su intento de lograr la ley de “democratización de la Justicia”, tras ser declarada inconstitucional por la Corte, el Gobierno de Cristina Kirchner decidió tomar otro atajo para blindar a sus funcionarios ante eventuales problemas en el Poder Judicial. 

Lo hará mediante la minuciosa selección de abogados de indudable afinidad y alineamiento con la Casa Rosada para integrar las nóminas de conjueces con las que se cubren las vacantes existentes o eventuales en tribunales federales de todo el país.

No escapa al análisis que el Gobierno enfrenta serias denuncias de corrupción que apuntan a lo más alto del poder político. Así, a la polémica lista de subrogantes para la Cámara de Casación Penal que aprobó hace dos semanas el Senado, el Poder Ejecutivo le sumó el envío de 21 nuevas nóminas de conjueces para diferentes tribunales, destacándose la de eventuales suplentes para la Corte Suprema de Justicia y para la Cámara Nacional Electoral.

La falta de tiempo para llevarlas al recinto obligó al kirchnerismo a demorar estas designaciones, cuyos tratamientos en el Senado Nacional quedaron postergados hasta febrero, si es que el Gobierno no convoca a extraordinarias, antes.

La estrategia de la Casa Rosada fue criticada por la oposición, al tiempo que el Gobierno avanzó con la designación de conjueces aprovechando que el Consejo de la Magistratura padece una grave crisis y demora en nombrar magistrados. Esta crisis que no es nueva se ha ido ahondando en el tiempo y se han llegado a tener que paralizar designaciones por la imposibilidad de sus miembros (que responden a distintos intereses políticos) de ponerse de acuerdo.

La vinculación de los nominados con el kirchnerismo es evidente. Además de repetirse los nombres de varios abogados designados como eventuales suplentes en la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal en materia de causas por corrupción, en las nuevas nóminas vuelven integrantes de la agrupación Justicia Legítima, principal ariete judicial de la Casa Rosada en su intento de avanzar con su “democratización de la Justicia”; exfuncionarios de las administraciones kirchneristas, y hasta abogados que patrocinaron a ministros del Poder Ejecutivo.

Así, detrás de León Arslanian, de reconocida militancia peronista, pero respetado por todas las fuerzas políticas, en la lista de conjueces para la Corte Suprema de Justicia aparece el nombre de Carlos Cárcova, quien el año pasado fue elegido por el Gobierno para subrogar juzgados en el fuero Civil y Comercial de la Capital, donde se tramitaba la disputa legal entre el Grupo Clarín y el Gobierno por la ley de medios.

También figuran Ricardo Nissen, un abogado allegado a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y exdirector de la Inspección General de Justicia, y Arístides Corti, a quien la presidenta encomendó la tarea de redactar el Digesto Jurídico.

Otro nombre que aparece en la lista de postulados como suplentes para la Corte es el de Gustavo Ferreira. De estrecha relación con el juez de la Corte Raúl Zaffaroni y defensor a ultranza de la reforma constitucional para habilitar la re-reelección, este abogado forma parte del selecto grupo de elegidos por la Casa Rosada que, además de conjuez para el máximo tribunal, ya fue designado eventual suplente en la Cámara de Casación Penal.

La lista no es tan exclusiva como podría parecer. Hay abogados que podrían tener hasta cuatro chances de subrogar algún juzgado. Son los casos de Marcelo Buigo, Norberto Frontini y Claudio Vázquez, quienes ya integran la nómina de Casación Penal, pero también están propuestos para conjueces de las cámaras Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, del Crimen y de Apelaciones en lo Penal Económico.

La confianza que estos profesionales inspiran a la Casa Rosada se explica si se toma en cuenta que Buigo fue abogado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; Vázquez defendió la frustrada reforma judicial del Gobierno en columnas en medios oficialistas, y Frontini es funcionario de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Esta cuestión de intentar el manejo de la Justicia Federal cuando hay funcionarios denunciados y causas pendientes, no sólo es un subterfugio de baja política, buscando sólo impunidad. Sino que además lesiona el corazón mismo del sistema republicano, donde la división de poderes es un pilar fundamental para su funcionamiento democrático.